Seguros Albia recurre para no pagar los 8,8 millones del 'caso Atocha'
El 'caso Atocha' tiene un agujero por el que se escapan 88 millones de pesetas. El Gobierno regional adelant¨® esa cantidad a Construcciones Atocha para comprar materiales que nunca aparecieron. La empresa que aval¨® estos materiales, Seguros Albia, no quiere abonar los 88 millones perdidos y ha presentado tres recursos ante la Consejer¨ªa de Hacienda. Izquierda Unida y el Partido Popular pretenden resucitar el caso en la Asamblea regional.
Los 88 millones de pesetas que el Gobierno regional adelant¨® a Construcciones Atocha -todos en diciembre de 1990 aunque distribuidos en tres obras distintas- para una adquisici¨®n de materiales que se demostr¨® falsa siguen sin retornar a las arcas regionales. Los dirigentes auton¨®micos est¨¢n convencidos de recuperarlos: "Hay un aval que hemos ejecutado", indica un alto cargo de la Consejer¨ªa de Hacienda. Pero Seguros Albia, empresa que aval¨® esos materiales inexistentes, se niega a pagar y lleva m¨¢s de un a?o pleiteando con la Comunidad. En los pr¨®ximos d¨ªas, la Junta Superior de Hacienda contestar¨¢ a los recursos presentados por Albia.El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Madrid iniciar¨¢ el pr¨®ximo viernes las diligencias de un caso que destap¨® hace 16 meses el PP. Las, investigaciones de la Fiscal¨ªa han revelado una serie de irregularidades que los grupos de la oposici¨®n en la Asamblea -IU y PP- pretenden debatir nuevamente. Los populares exigieron ayer al ejecutivo regional que se persone en el caso para defender los intereses de los madrile?os. El portavoz del PP, Antonio Beteta, volvi¨® a acusar a Telemadrid -la televisi¨®n auton¨®mica- de manipulaci¨®n por no ofrecer informaci¨®n sobre este caso.
El diputado de IU, Adolfo Gilaberte, indic¨® que su grupo pedir¨¢ la comparecencia del Gobierno para que explique la situaci¨®n de algunos funcionarios de la Consejer¨ªa de Cooperaci¨®n, cuyo titular es Virgilio Cano, que siguen en su puesto pese a estar implicados en actuaciones presuntamente irregulares relacionadas con el caso.
Por su parte, el portavoz del ejecutivo, Jaime Lissavetzky, se consider¨® "satisfecho" por las conclusiones del fiscal que niegan que hubiera trato de favor hacia Construcciones Atocha. Lissavetzky tambi¨¦n indic¨® que no habr¨ªa lesi¨®n patrimonial para las arcas auton¨®micas.
El portavoz regional admiti¨® que, en todo caso, la fiscal¨ªa confirma, como se hizo tambi¨¦n en las conclusiones de aquella investigaci¨®n, que pudieron haberse producido algunas irregularidades en la gesti¨®n de algunas obras. Para finalizar destac¨® que de las 13 obras analizadas por el fiscal -nueve archivadas- 12 est¨¢n terminadas e inauguradas y s¨®lo el centro de Salud de Villarejo de Salvan¨¦s est¨¢ en construcci¨®n.
Los tres t¨¦cnicos imputados siguen como funcionarios
Los tres funcionarios imputados por el fiscal por delitos de falsedad o estafa siguen en ejercicio.Ram¨®n Valls Nasvacu¨¦s, arquitecto, funcionario, desde hace 25 a?os, era director general de la Oficina de Proyectos y Obras de la Comunidad en la ¨¦poca (a?o 1990-91) en que se contrataron muchas obras con la empresa Construcciones Atocha. Entre sus funciones figuraba dar el visto bueno final a las certificaciones de los proyectos. En la actualidad permanece en el puesto con el m¨¢ximo nivel (30) pero ya no es director general.Vicente Mart¨ªnez Castell¨®, de 49 a?os, ingeniero de caminos, contin¨²a en la Consejer¨ªa de Cooperaci¨®n dos a?os despu¨¦s de haber sido sustituido como jefe de proyectos y obras. Ya no tiene despacho pero elabora, como asesor, informes mientras se dilucida su caso. El expediente informativo que se le abri¨® est¨¢ suspendido. Su consejero, Virgilio Cano, lo define como "un funcionario sin funci¨®n". Ante la comisi¨®n de investigaci¨®n de la Asamblea admiti¨® que permiti¨® que Construcciones Atocha le rehabilitase su casa tras recomendar a esta empresa en un expediente que ¨¦l tramit¨®.Jos¨¦ Alberto Bello, aparejador, permanece en Cooperaci¨®n en funciones sin relevancia.
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