La hora de la verdad

DURANTE A?OS, la actitud del partido del Gobierno frente a la corrupci¨®n ha consistido en intentar ganar tiempo: aplazar el desenlace. Ha recurrido para ello a doctrinas dudosas y a pr¨¢cticas obstruccionistas. Ahora se encuentra con que, por una parte, esa combinaci¨®n ha alentado conductas que han acabado afectando al coraz¨®n mismo del Estado; por otra, que la gravedad de los casos que est¨¢n sobre la mesa hace impensables nuevos aplazamientos. Es, pues, la hora de la verdad: de decirla y de cumplirla. El debate so bre el estado de la naci¨®n es la ¨²ltima oportunidad del Gobierno de responder a esa doble expectativa. Ganar tiempo: no otra cosa persegu¨ªa la l¨ªnea que va de la negaci¨®n de la evidencia a la doctrina seg¨²n, la cual s¨®lo es sancionable aquello que los jueces consideran delito probado. Cuando esa v¨ªa result¨® insuficiente, ante la presi¨®n de una opini¨®n p¨²blica cada vez m¨¢s irritada, se recurri¨® al obstruccionismo. Un momento clave para todo lo que vendr¨ªa despu¨¦s fue aquel en que el PSOE se opuso a la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el caso Naseiro -red de extorsi¨®n para la financiaci¨®n del PP- a fin de no crear un precedente aplicable al caso Juan Guerra. El siguiente paso fue una pol¨ªtica de nombramientos e influencia en las instituciones destinada a ocultar los esc¨¢ndalos o a dificultar su esclarecimiento: un fiscal general controlable, incluso corriendo el riesgo de la impugnaci¨®n por no reunir las condiciones exigidas para el cargo; un Tribunal de Cuentas que garantice que no podr¨¢ investigar lo que no conviene que sea investigado.

En junio, el electorado otorg¨® una tregua a los socialistas. Esa tregua era temporal. Episodios como el asalto al Gobierno regional de Arag¨®n demostraron que algunos de los buenos prop¨®sitos en materia de transfuguismo se quedaban en meras palabras. Y Aunque la simultaneidad de los casos de Rold¨¢n y Rubio parece haber abierto los ojos de algunos socialistas, su actitud respecto al candidato a defensor del pueblo revela que ni siquiera eso es seguro. En todo caso, en las palabras escuchadas estos d¨ªas parece haber una rectificaci¨®n respecto a la corrupci¨®n. Ya no se niega la evidencia ampar¨¢ndose en un supuesto derecho a mentir, ni se sostiene que todo queda en suspenso hasta que exista una sentencia firme. Pero a estas alturas esas palabras no bastan para restituir la credibilidad. La gente est¨¢ tan, escamada, tan desmoralizada, que ya no cree nada bajo palabra. Espera que alguien d¨¦ la cara, que reconozca su negligencia, que se haga responsable.

Ello remite a la cuesti¨®n de las dimisiones. El socialista Rodr¨ªguez Ibarra reclama la del portavoz del Grupo Socialista, Carlos Solchaga, por haber avalado, cuando era ministro de Econom¨ªa, la honestidad de Mariano Rubio. El popular Ruiz Gallard¨®n, por su parte, ha solicitado la dimisi¨®n de Felipe Gonz¨¢lez, por considerarle responsable "del clima moral que ha permitido la corrupci¨®n".

El principio que hace al de arriba responsable de cualquier actuaci¨®n de quienes est¨¢n a sus ¨®rdenes conduce al absurdo si se aplica de manera indiscriminada: nadie podr¨ªa dirigir nada (ni la Renfe ni el Gobierno) bajo una tal presi¨®n. Ello conducir¨ªa adem¨¢s a diluir las responsabilidades concretas de los individuos respecto a sus actos. Para aplicar el principio ser¨ªa necesario demostrar que existe un v¨ªnculo entre el comportamiento irregular y la actitud, por acci¨®n u omisi¨®n, del superior jer¨¢rquico en relaci¨®n a ese comportamiento, sin que pueda ser motivo de exculpaci¨®n el desconocimiento cuando ¨¦ste es fruto de la negligencia: de la deliberada voluntad de mirar para otro lado. La duda surge precisamente a la hora de considerar hasta qu¨¦ punto ¨¦se es el caso de la no detecci¨®n de la utilizaci¨®n fraudulenta de contratos del Estado o, incluso de fondos reservados para el enriquecimiento personal de Luis Rold¨¢n. Y, en el caso Rubio, de la oposici¨®n del Gobierno a la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el asunto Ibercorp, pese a los indicios de irregularidades.

Todo depende, as¨ª pues, de la actitud que el martes adopte el Gobierno, y en su nombre el presidente: de que sea capaz de reconocer que era ¨¦l, y no sus cr¨ªticos, quien erraba respecto a la intensidad y gravedad de la corrupci¨®n, y de ofrecer un programa que recorra a la inversa el camino que ha llevado a donde hoy estamos: renuncia al obstruccionismo y compromiso firme de supeditaci¨®n de los intereses del partido a los del sistema. Si no es capaz de responder a esta expectativa, ser¨¢ el momento de plantear dimisiones. Pues el objetivo m¨¢ximo del momento es evitar que la desafecci¨®n de la ciudadan¨ªa al Gobierno se transforme en deslegitimaci¨®n del sistema pol¨ªtico en su conjunto.