La eficacia y eficiencia del gasto p¨²blico

Desde la perspectiva actual resulta curioso observar el cambio progresivo que se ha venido registrando, a lo largo de los ¨²ltimos 25 a?os, en la percepci¨®n de la sociedad espa?ola respecto al papel del sector p¨²blico en la econom¨ªa. Basta con repasar los sucesivos informes anuales del Banco de Espa?a para darse perfecta cuenta de dicha transformaci¨®n intelectual. Se observa, de este modo, que tanto a finales de los a?os sesenta como durante la mayor parte de la d¨¦cada siguiente, nuestro instituto emisor manten¨ªa, en t¨¦rminos generales, una actitud bastante favorable o, en el peor de los casos, no beligerante en relaci¨®n con el crecimiento de la actividad del sector p¨²blico, como factor de expansi¨®n econ¨®mica. Por citar un ejemplo bien ilustrativo, en el informe del banco correspondiente a 1971 se dec¨ªa textualmente que "... tanto desde el punto de vista de la mayor estabilidad de la econom¨ªa como, y sobre todo, desde el ¨¢ngulo de una mayor y mejor satisfacci¨®n de las necesidades colectivas, resulta conveniente y necesario incrementar paulatina y continuadamente la participaci¨®n del sector p¨²blico en el PNB a¨²n cuando esta afirmaci¨®n ven¨ªa se guida de una recomendaci¨®n en favor del incremento de los ingresos fiscales, no es hasta el comienzo de la d¨¦cada de los ochenta cuando el instituto emisor manifiesta de manera clara y contundente su preocupaci¨®n por la "magnitud y persistencia del d¨¦ficit p¨²blico" por utilizar sus pro pios t¨¦rminos.La oposici¨®n a la participaci¨®n del sector p¨²blico en la actividad econ¨®mica ha ido ganando adeptos de forma paulatina, al tiempo que los argumentos utilizados en su contra han ido haci¨¦ndose m¨¢s completos, profundos y sofisticados (en el sentido noble y menos noble de este ¨²ltimo adjetivo). Esta evoluci¨®n doctrinal no difiere mucho de la que se ha verificado en todos los pa¨ªses de la ¨®rbita del Fondo Monetario Internacional y organizaciones multilaterales similares.

En Espa?a, sin embargo, las cr¨ªticas a la actividad econ¨®mica del sector p¨²blico destacan, en mi opini¨®n, tanto por su pr¨¢ctica unanimidad y unidireccionalidad como por su especial virulencia. Estas circunstancias pueden haberse visto determinadas por la concurrencia de dos factores. El primero, el fuerte incremento que en unos pocos a?os registr¨® el desequilibrio en las cuentas de las administraciones p¨²blicas, que, desde una situaci¨®n excedentaria o de equilibrio a finales de los a?os sesenta, pasaron a registrar un d¨¦ficit del 6,9% del PIB en 1985. El segundo, la propia resistencia a la baja del d¨¦ficit p¨²blico, que condujo a que los esfuerzos realizados para su reducci¨®n y los indudables logros conseguidos en los cuatro a?o! siguientes se viesen contrarrestados en la d¨¦cada de los noventa hasta el punto de situarse, seg¨²n las ¨²ltimas estimaciones, en el 7,2% del PIB en 1993.

El grado de nocividad que cada cual atribuya al gasto y d¨¦ficit p¨²blicos depende de muchos elementos que comprenden desde consideraciones de teor¨ªa econ¨®mica hasta planteamientos puramente pol¨ªticos o filos¨®ficos. Algo parecido sucede con las opiniones de cada uno sobre la forma en que se manifiestan y producen los efectos negativos atribuidos a la intervenci¨®n p¨²blica en la econom¨ªa. Pero en lo que me parece que no caben muchas discrepancias es en que existe una gran diferencia en la forma de canalizarse los, flujos monetarios al sistema product¨ªvo seg¨²n exista o no d¨¦ficit p¨²blico y en funci¨®n del tama?o del mismo.

En efecto, no cabe negar que el destino final de los recursos monetarios -y de ah¨ª la asignaci¨®n de recursos reales- difiere en cada una de dichas hip¨® tesis. Lo cual ritos lleva al terreno de la eficacia y deficiencia del gasto p¨²blico, que en mi opini¨®n, es un asunto tan importante como el tama?o del desequilibrio entre los ingresos y gastos de las administraciones p¨²blicas, m¨¢xime en el presente contexto de rigidez a la baja de dicho desfase.

Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que Espa?a es un pa¨ªs donde la presi¨®n fiscal ha alcanzado niveles muy al tog para quienes cumplen con la Hacienda p¨²blica (probablemente, una mayor¨ªa de la poblaci¨®n). Ello determina, a mi entender, que tan importante y urgente como rebajar dicha presi¨®n sea conseguir que los ciudadanos obtengan buenos servicios por los impuestos que pagan al Estado. Ahora bien, en Espa?a, por desgracia, esto no sucede en determinadas ¨¢reas que afectan de forma directa al bienestar ciudadano. Resulta, por ejemplo, frecuente que, a pesar del elevado coste que supone para el Estado la atenci¨®n m¨¦dica de la Seguridad Social, buena parte de la poblaci¨®n espa?ola filiada a dicho sistema recurre adem¨¢s a los servicios m¨¦dicos privados, bien de forma espor¨¢dica o bien a trav¨¦s de la contrataci¨®n de seguros m¨¦dicos de esa naturaleza. Algo similar sucede con otros servicios p¨²blicos, como la en se?anza, Correos o la seguridad de las personas y sus propiedades.

Se asiste as¨ª a una privatiza ci¨®n sui g¨¦neris de los servicios p¨²blicos, con su consiguiente coste, que no se ve acompa?ada de una reducci¨®n del gasto p¨²blico. Lo que, en definitiva, significa que este comporta miento de los contribuyentes, en alg¨²n modo obligado por el mal funcionamiento de los ser acaba de describirse, las reclamaciones salariales incorporan, de alg¨²n modo, la necesidad de cubrir a trav¨¦s del sector privado necesidades que no son cubiertas de forma satisfactoria por el sector p¨²blico debido a deficiencias en su organizaci¨®n.

Uno de los medios m¨¢s adecuados para detectar y corregir dichas deficiencias es la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Resulta, por ello, conveniente que dicho organismo vaya concediendo cada d¨ªa mayor importancia, dentro de sus planes de fiscalizaci¨®n, a las tareas dirigidas a analizar la gesti¨®n del sector p¨²blico. Ello no deber¨ªa significar, en modo alguno, un abandono del control de la regularidad formal contable ni del sometimiento de la actividad p¨²blica a la legalidad, dos ¨¢reas de singular trascendencia. Por el contrario, lo que se propone es que, sin abandonar esas tareas, el supremo ¨®rgano fiscalizador potencie de manera progresiva la labor que ha venido desarrollando hasta ahora en el terreno de la auditor¨ªa de gesti¨®n.

Es muy importante, en efecto, que el Tribunal de Cuentas analice la regularidad contable y la legalidad de la actuaci¨®n administrativa. Pero me parece de igual, valor, y sobre todo de un mayor impacto en el bienestar social, que dicho organismo se ocupe de verificar que la gesti¨®n p¨²blica responda a los principios de eficacia, eficiencia y econom¨ªa. Estas tareas no son en modo alguno ajenas al tribunal, ya que, tanto su ley org¨¢nica en el art¨ªculo 9, como la de funcionamiento en el 27.1, se refieren a este tipo de actuaciones. En efecto, ambas disposiciones establecen que 1a funci¨®n fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referir¨¢ al sometimiento de la actividad econ¨®mico-financiera del sector p¨²blico a los principios de legalidad, eficiencia y econom¨ªa". Sin olvidar tampoco el que dichas auditor¨ªas de gesti¨®n constituyen, al mismo tiempo, un mecanismo de reducci¨®n del gasto p¨²blico, a trav¨¦s de la optimizaci¨®n de recursos que promueven.

Cabe concluir, por consiguiente, que la actual situaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola aconseja que el Tribunal de Cuentas incremente de forma paulatina su actividad de control de la gesti¨®n administrativa. El progresivo aumento de las tareas en este campo, que no debe redundar en una menor atenci¨®n al control de la regularidad formal y de legalidad, tiene perfecta cabida dentro de su normativa. En estos momentos en los que tanto se habla del Estado de bienestar, el Tribunal de Cuentas tiene, por tanto, bastante que decir y mucho que hacer.