El Supremo ratifica las penas por soborno para dos militantes del PP en el 'caso Calvi¨¤"

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de cuatro meses de arresto y el pago de 100 millones de pesetas de multa impuestas por la Audiencia de Mallorca a dos militantes del PP que intentaron sobornar a un concejal del PSOE del Ayuntamiento de Calvi¨¤ (Mallorca) para que se pasase a su grupo y les ayudase con su voto a imponer un alcalde popular con el objeto de realizar importantes operaciones urban¨ªsticas. La sentencia del Supremo confirma una l¨ªnea de jurisprudencia, iniciada en dos sentencias anteriores, que endurece la represi¨®n de los delitos de cohecho.

El entonces militante del PP Miguel Dey¨¤; el vicepresidente del partido, Andr¨¦s Bordoy, y el promotor inmobiliario Guillermo Guinard, ex presidente del Real Mallorca, ofrecieron al concejal socialista que les denunci¨®, Jos¨¦ Miguel Campos, 100 millones de pesetas para que cambiara de grupo municipal y apoyara una moci¨®n de censura contra la alcaldesa Margarita N¨¢jera, del PSOE. El concejal registr¨® con una micrograbadora tres de las cuatro conversaciones con los condenados, y las cintas fueron una de las pruebas determinantes y v¨¢lidas de la causa.

Negocios inmobiliarios

Calvi¨¤, municipio de 26.000 habitantes situado a Poniente de la bah¨ªa de Palma, ha sido considerado el m¨¢s rico de Espa?a y alberga la mayor concentraci¨®n tur¨ªstica del Mediterr¨¢neo. Con 50 kil¨®metros de litoral, un centenar largo de hoteles y otro tanto de bloques de apartamentos, con 200.000 plazas tur¨ªsticas, Calvi¨¢ es el paradigma de la desaforada especulaci¨®n desatada en el franquismo.Pese a ello, a¨²n existen grandes expectativas para negocios urban¨ªsticos. Por ejemplo, la operaci¨®n de la Marina de Magaluf, que puede suponer un negocio de 500.000 millones de pesetas. El condenado Dey¨¤, que es abogado de la patronal de propietarios y urbanizadores, citaba precisamente este proyecto en las grabaciones realizadas por el concejal al que se quiso sobornar.

La sentencia confirma una moderna l¨ªnea de jurisprudencia sobre el delito de cohecho en un acuerdo adoptado en la Sala General por los 15 magistrados de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo. Los magistrados se han pronunciado a favor de aplicar el art¨ªculo 391 del C¨®digo Penal, seg¨²n el cual los que con d¨¢divas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a los funcionarios p¨²blicos ser¨¢n castigados con las mismas penas que ¨¦stos, menos la inhabilitaci¨®n.

Por amplia mayor¨ªa y "de forma muy categ¨®rica", los magistrados se han pronunciado a favor de apreciar la existencia del delito de cohecho del art¨ªculo 391, aunque se produjeron algunas intervenciones en contra y un par de abstenciones en la votaci¨®n, en la que sin embargo no hubo votos negativos. Fuentes del Tribunal Supremo dijeron que las cuestiones de orden pol¨ªtico "ni siquiera se tuvieron en cuenta".

Las mismas fuentes informaron de que ya se hab¨ªan producido dos sentencias en la misma l¨ªnea -la primera de 30 de septiembre de 1993-, en las que se afirmaba que, tras la reforma del C¨®digo Penal de 1991, la vieja jurisprudencia sobr¨¦ cohecho ya no ser¨ªa aplicable. La sentencia del caso Calvi¨¤, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Bacigalupo, se har¨¢ p¨²blica hoy.

El abogado Miguel Dey¨¤, que era responsable de Ordenaci¨®n del Territorio en el PP, fue suspendido de militancia tras su detenci¨®n inicial, mientras que Andr¨¦s Bordoy, farmac¨¦utico y vicepresidente del partido en Calvi¨¤, dimiti¨® de su cargo "como medida cautelar" tras conocer el fallo de la Audiencia de Mallorca para no da?ar la imagen del PP".