Dos funcionarios de Obras P¨²blicas se lucraban con la concesi¨®n de gasolineras en las carreteras estatales

La Fiscal¨ªa de Madrid investiga el alcance de una trama urdida por dos funcionarios del Ministerio de Obras P¨²blicas para lucrarse de la concesi¨®n de estaciones de servicio en la red de carreteras dependientes del Estado. En la trama participaban, presuntamente, Alejandro Rodr¨ªguez Elvira, jefe de secci¨®n de la subdirecci¨®n de conservaci¨®n y explotaci¨®n de la Direcci¨®n General de Carreteras, y el contratado laboral Agust¨ªn del Castillo.

La investigaci¨®n formal de los hechos se inici¨® a principios de abril de 1993, a ra¨ªz de una denuncia an¨®nima en la que se involucraba a dos funcionarios del Ministerio de Obras P¨²blicas que interven¨ªan en la concesi¨®n de autorizaciones para los accesos desde las carreteras de titularidad estatal a las estaciones de servicio. Los an¨®nimos mencionaban como art¨ªfices de la trama a Alejandro Rodr¨ªguez Elvira, jefe de secci¨®n en la gesti¨®n t¨¦cnica dependiente de la subdirecci¨®n de conservaci¨®n y explotaci¨®n de carreteras, y Agust¨ªn del Castillo, contratado laboral.El subsecretario del ministerio, Antonio Llard¨¦n Carratal¨¢, orden¨® la apertura de sendos expedientes el 2 de abril de 1993. A finales de ese mismo mes, el d¨ªa 26, se remiti¨® su contenido al ministerio fiscal, quien, en paralelo a la investigaci¨®n de los servicios de inspecci¨®n internos del MOPTMA, inici¨® la apertura de las diligencias correspondientes.

En el caso del contratado laboral Agust¨ªn del Castillo, el expediente administrativo determin¨® la ausencia de responsabilidad alguna, debido a que las irregularidades supuestamente cometidas hab¨ªan prescrito al haber transcurrido m¨¢s de seis meses, plazo por encima del cual los funcionarios de su condici¨®n laboral se liberan de responsabilidades. No obstante, ha sido trasladado de puesto de trabajo.

Tr¨¢fico de licencias

El expediente de Rodr¨ªguez Elvira prosigui¨® sin que se pudiera llegar a formular una acusaci¨®n sustanciada. Se sobresey¨®. Pero llegado el d¨ªa 1 de agosto, Rodr¨ªguez Elvira solicit¨® la excedencia voluntaria de su puesto de trabajo. Ya no trabaja en el MOPTMA. En el curso de la investigaci¨®n ha llegado a declarar que desconoce que exista ninguna relaci¨®n filial con una socia de Huroca cuyo nombre y apellidos coinciden con los de su hija.La Fiscal¨ªa de Madrid, entre tanto, ha continuado sus indagaciones y ha citado a declarar al director general de Carreteras, al subdirector de Explotaci¨®n y Conservaci¨®n y al inspector de Servicios.

El modus operandi de esta red viene de atr¨¢s, seg¨²n han declarado fuentes cercanas al MOTMA, y surge con motivo de levantarse el monopolio de los carburantes y la construcci¨®n de las autov¨ªas, que dejaron en precario la obsoleta red de estaciones de servicio. Un reglamento caduco y la fuerte demanda de nuevas gasolineras facilitaron lo dem¨¢s.

Seg¨²n el viejo reglamento, que a¨²n no ha sido modificado, el expediente de concesi¨®n de una gasolinera se inicia con la presentaci¨®n de un proyecto visado, cuyo coste ronda los dos millones de pesetas. Para evitar el riesgo de perder este dinero en caso de no obtener la concesi¨®n, los promotores presentaban una especie de anteproyecto que no iba mucho m¨¢s all¨¢ de se?alar el tramo concreto donde ubicar¨ªan la gasolinera.

Con estos datos en sus manos, los funcionarios aludidos trasladaban esta informaci¨®n a la empresa intermediaria que se encargaba de elaborar un proyecto como si fuera iniciativa suya y lo presentaban al ministerio, de manera que se situaban en una posici¨®n preferente entre la lista de aspirantes a implantar una gasolinera en el tramo se?alado.

Su objetivo no era la gasolinera, sino traficar con la concesi¨®n. Esto es, se presentaban ante el promotor original y le ofrec¨ªan la cesi¨®n de la licencia a cambio de dinero. El lucro por cada operaci¨®n oscila en torno a los 15 millones de pesetas, cantidad considera excesiva por fuentes del MOPTMA.

Estas pr¨¢cticas fraudulentas se conoc¨ªan en el ministerio desde hace a?os. Llegaban a trav¨¦s de quejas de promotores de concesiones y multinacionales de distribuci¨®n, pero siempre verbalmente y sin aportar pruebas que pudieran sustanciar una acusaci¨®n formal como la de ahora.