Fondos con control
LA RENUNCIA del Parlamento al control estricto del uso de los fondos reservados estaba basada en la presunci¨®n de que tales partidas presupuestarias ser¨ªan destinadas a los fines para las que son libradas. Pero las fundadas sospechas de que sirvieron para que altos cargos de Interior se sufragaran una especie de seguro de retiro han puesto en evidencia el car¨¢cter infundado d¨¦ esa presunci¨®n.
Tras el conocimiento de esos indicios, al Parlamento no le quedaba otra salida que retomar su control. De no hacerlo, corr¨ªa el riesgo de que su pasividad fuera interpretada como un aval de pr¨¢cticas fraudulentas y ventajistas en la utilizaci¨®n de esas partidas presupuestarias.
Ese riesgo, unido al l¨®gico malestar del Parlamento por el manifiesto enga?o de que ha sido objeto, explica que el Partido Popular haya urgido al Gobierno a que establezca una nueva regulaci¨®n de los fondos reservados y que los dem¨¢s grupos pol¨ªticos hayan apoyado de forma un¨¢nime la iniciativa. Antes del mes de octubre, el Gobierno deber¨¢ remitir al Congreso un proyecto de ley reguladora de los fondos reservados, cuya novedad m¨¢s importante radica en la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria espec¨ªficamente encargada de su control.
La nueva regulaci¨®n habr¨¢ de incluir varios puntos espec¨ªficos: los ministros que disponen de esos fondos (los de Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores), y en general las personas encargadas de su administraci¨®n, se ver¨¢n obligados a hacer una declaraci¨®n patrimonial especial; la Intervenci¨®n General del Estado participar¨¢ en el control de su gesti¨®n; el Gobierno y el Tribunal de Cuentas tendr¨¢n una informaci¨®n continuada sobre su uso, y la Ley de Presupuestos del Estado reforzar¨¢ su car¨¢cter vinculante, de modo que la cuant¨ªa de los fondos reservados no pueda alterarse sin la autorizaci¨®n expresa del Parlamento.
Este ¨²ltimo punto es especialmente relevante cuando se sabe, seg¨²n ha puesto de manifiesto la comisi¨®n Rold¨¢n, que los fondos reservados del Ministerio del Interior excedieron durante los ¨²ltimos ejercicios en m¨¢s de 4.000 millones de pesetas lo inicialmente presupuestado. Es decir, que al uso irregular de esas partidas se a?ade la evidencia de que las mismas han sido interesadamente aumentadas mediante la transferencia de fondos provenientes de otros cap¨ªtulos presupuestarios. Esto equivale a garantizar la opacidad de esas cantidades adicionales no autorizadas por las C¨¢maras. Si se comprueba, ello a?adir¨ªa gravedad al esc¨¢ndalo.
El trasvase de fondos de partidas ordinarias a otras de car¨¢cter reservado es un hecho grav¨ªsimo que hace al responsable pol¨ªtico o administrativo que lo autoriza objeto de todas las sospechas. Est¨¢ bien, por tanto, que el Parlamento establezca las cautelas legales que impidan en el futuro este tipo de actuaciones por parte de los encargados de la administraci¨®n de los fondos reservados. Pero si existen indicios de que en el pasado reciente se han desviado a esos fondos las cantidades que la comisi¨®n Rold¨¢n se?ala en su dictamen, no es posible, ni legal ni pol¨ªticamente, quedarse con los brazos cruzados.
El Parlamento, el ministerio fiscal o el Tribunal de Cuentas tendr¨¢n que investigar c¨®mo y por qu¨¦ se ha producido ese aumento desorbitado y encubierto de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Estar¨ªamos ante dos desviaciones presupuestarias a cual m¨¢s grave: la de los propios fondos reservados destinados a fines distintos que los relacionados con la seguridad, y la de las partidas que habr¨ªan sido manipuladas para engrosar a su costa los fondos reservados.
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