Financieros en el laberinto

El caso Filesa, el ovillo de corrupci¨®n pol¨ªtica en el que est¨¢ enredado el PSOE desde hace m¨¢s de tres anos, engord¨® esta semana un poco m¨¢s al caer el sello de "inculpado" sobre uno de los pagadores: el ex presidente del Banco Central Hispano (BCH) y actual presidente de CEPSA, Alfonso Esc¨¢mez.

Hasta ahora, los altos directivos de bancos, constructoras, el¨¦ctricas o empresas de distribuci¨®n que compraron por valor total de m¨¢s de mil millones de pesetas distintos informes de Filesa eran citados s¨®lo como testigos. Tras este cambio de l¨ªnea est¨¢n las instrucciones del nuevo fiscal general del Estado, Carlos Granados, que ha ordenado al fiscal del caso, Antonio Salinas, acelerar las actuaciones que considere pertinentes porque, a su entender, un procedimiento abreviado como es el caso Filesa no puede estar abierto durante tanto tiempo.

La citaci¨®n como inculpados de otros conocidos empresarios abre nuevos horizontes a un caso que arranc¨® en mayo de 1991 con la informaci¨®n facilitada por Carlos Van Schouwen, un empleado chileno despedido de Filesa y que reclamaba 25 millones de pesetas como autor de uno de los informes.

?Cu¨¢ndo se juzgar¨¢ el caso Filesa? La pregunta hoy sigue sin respuesta, dada la prolija y compleja instrucci¨®n en la que se ha embarcado el magistrado Marino Barbero, que, pese a realizarla por el procedimiento abreviado, lleva m¨¢s de 37 meses con pesquisas sin cerrar el sumario.

El caso Filesa -en el que se investiga el cobro a una serie de empresas por unos supuestos informes y el pago de facturas a empresas que trabajan para el PSOE en campa?as electorales ha convertido en una herida gangrenada en la credibilidad socialista.

Ayer mismo, Joaqu¨ªn Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, reconoc¨ªa que la p¨¦rdida de tres millones de votos que ha sufrido el PSOE "comienza en Juan Guerra, sigue con Filesa, y termina en Rold¨¢n y Rubio".

El nuevo fiscal del Estado, en su primera conferencia de prensa, concedida el pasado 6 de junio, dijo que no consideraba normal que el caso Filesa durase tanto tiempo. "Es necesario que esta etapa termine como deba de terminar, pero que termine ya. Porque una justicia tard¨ªa no es justicia y las dilaciones que puedan ser excesivas no son acordes con lo que es un Estado de derecho".

El hecho de que la mayor¨ªa de los banqueros y empresarios citados ahora como inculpados en delitos de falsedad en documento mercantil, apropiaci¨®n indebida y delito fiscal ya hayan declarado como testigos en la causa ha planteado la posibilidad de que se solicite la nulidad de las actuaciones en el caso de que terminen siendo juzgados,.

En la primera comparecencia ten¨ªan la obligaci¨®n de contestar a todas las preguntas que les fueran formuladas en su condici¨®n de testigos. Barbero les tom¨® juramento y les advirti¨® de las penas que conlleva el falso testimonio en causa criminal.

Ahora, como inculpados, tienen derecho a guardar silencio, a no declarar contra s¨ª mismos, lo que equivale a poder ocultar la verdad, pero en la pr¨¢ctica dif¨ªcilmente van a hacerlo porque ya tuvieron que contestar forzosamente a extremos que quiz¨¢ en la nueva situaci¨®n no hubieran deseado hacer. El recurso por nulidad est¨¢ servido.

La instrucci¨®n del caso [ver cronolog¨ªa] no s¨®lo ha ahondado en la brecha abierta en la direcci¨®n del PSOE entre guerristas y renovadores (los primeros como responsables del llamado aparato del partido y los segundos como responsables del Gobier-no), sino que ha sacado a la superficie una intrincada red de empresas que supuestamente sirvi¨® al PSOE para financiarse irregularmente por el sistema de cobrar comisiones a cambio de contratos del Estado.

Adem¨¢s del senador Josep Maria Sala y del ex diputado Carlos Navarro, ambos del PSC-SOE, en la trama aparece Aida Alvarez, militante socialista que abandon¨® sus responsabilidades en el aparato de finanzas del partido para dedicarse a la gesti¨®n de empresas relacionadas con la financiaci¨®n irregular del PSOE.

Los otros dos implicados directos son Luis Oliver¨®, t¨ªo carnal del diputado Navarro y administrador ¨²nico de Filesa, una empresa con sede en Barcelona, y Alberto Flores, responsable de Filesa en Madrid y hermano de Elena Flores, durante a?os secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE.

Primera purga

Filesa y Time Export se integraban en un grupo de sociedades cuya cabecera era Malesa y en el que, por el juego de participaciones accionariales, Filesa dominaba en m¨¢s de 15 sociedades cuya contabilidad no pudo ser analizada por los peritos fiscales que trabajan para Barbero.

El primer y hasta ahora m¨¢s importante cad¨¢ver pol¨ªtico originado por el caso ha sido el de Guillermo Galeote, secretario de Finanzas del PSOE, y diputado por Sevilla cuando estall¨® caso. Hoy vive apartado de la pol¨ªtica e intenta reincorporarse a su profesi¨®n m¨¦dica.

Todos ellos, pero sobre todo los m¨¢s directamente relacionados con el partido -Sala, Navarro, ?lvarez, Galeote-, han sido defendidos por el partido, que se niega a reconocer oficialmente cualquier relaci¨®n entre Filesa y sus finanzas.

La acusaci¨®n, en la que est¨¢n personados el PP y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, descansa sobre los documentos aportados por el empleado que descubri¨® las pr¨¢cticas irregulares de Filesa y de sus sociedades participadas y los incautados en numerosos registros practicados en estos a?os por el juez Barbero, que ha acumulado una documentaci¨®n que excede de 100.000 folios sobre el caso. Para establecer el circuito financiero de la trama Filesa, el juez pidi¨®, el a?o pasado, un dictamen a tres peritos de Hacienda que estudiaron la documentaci¨®n y certificaron que Filesa recibi¨® m¨¢s de 1.000 millones por informes inexistentes, pag¨® facturas del PSOE y puede haber incurrido en fraude fiscal.

Poco despu¨¦s de la difusi¨®n de las conclusiones de ese peritaje se produjo la crisis de los renovadores de la nada, en la que Benegas present¨® su carta de dimisi¨®n a Gonz¨¢lez y que est¨¢ en el origen de la disoluci¨®n anticipada de las Cortes y de las elecciones generales de 1993.

El caso Filesa sigue desde entonces con la misma lentitud. El juez instructor ha citado este a?o a 43 directivos de bancos y empresas para que presten declaraci¨®n sobre los informes que presuntamente encargaron a empresas del grupo Filesa, entre ellos directivos de los bancos Central Hispano (BCH) y Bilbao Vizcaya (BBV), ABB Energ¨ªa, la petrolera Cepsa, Focsa, Enasa y Catalana de Gas, entre otras. A pesar del tiempo transcurrido nada hace suponer que el sumario vaya a concluirse este a?o.