Atutxa denunciar¨¢ a HB por delatar a dos 'ertzainas'

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, y el Gobierno Civil de Guip¨²zcoa estudian presentar sendas denuncias por la quema de una bandera espa?ola y el lanzamiento de unas octavillas en las que se facilita la identidad y el domicilio de dos ertzainas a los que se acusa de "represores" durante un acto de Herri Batasuna. El Gobierno Civil ha abierto, adem¨¢s, un expediente sancionador a la coalici¨®n en el que se considera falta "grave" la quema de la bandera, por lo que la sanci¨®n puede elevarse a cinco millones.Los dos hechos, a cargo de dos encapuchados, se produjeron en un acto de "homenaje a la ikurri?a" organizado por HB en San Sebasti¨¢n. La fiscal¨ªa de San Sebasti¨¢n iniciar¨¢ diligencias informativas sobre ambos sucesos, una vez que la Ertzaintza presente las correspondientes denuncias. Las octavillas lanzadas entre el p¨²blico asistente al acto de HB forman parte, seg¨²n fuentes policiales, de la campa?a que desde sectores pol¨ªticos extremistas se ha dise?ado para atacar a la polic¨ªa auton¨®mica vasca a lo largo de este verano.

En las octavillas se mencionan expresamente los incidentes de la Salve de 1993, a consecuencia de los cuales medio centenar de personas est¨¢n siendo juzgadas en San Sebasti¨¢n acusadas de des¨®rdenes p¨²blicos y atentado contra los agentes de la autoridad. La fiscal¨ªa solicita por estos delitos 18 meses de prisi¨®n.

Por otra parte, el presunto dirigente etarra Kepa Pikabea Ugalde, detenido el pasado jueves en Bayona, ha sido procesado en Par¨ªs por asociaci¨®n para delinquir y posesi¨®n ilegal de armas, encubrimiento del robo de un autom¨®vil y otros delitos, seg¨²n la fiscal Irene Stoller. Ha ingresado en prisi¨®n provisional por orden judicial.

Un juez que no participe en su instrucci¨®n del sumario decidir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas sobre el encarcelamiento definitivo de Pikabea, que es acusado por la polic¨ªa espa?ola del secuestro del industrial Julio Iglesias en 1993. Estas circunstancias impedir¨¢n su entrega a las autoridades espa?olas, seg¨²n fuentes del ministerio de Justicia e Interior.