Redondo declara al juez que desconoc¨ªa las cuentas de PSV hasta que estall¨® la crisis

Nicol¨¢s Redondo tendr¨¢ que volver a comparecer hoy ante el juez Miguel Moreiras. En las dos jornadas que lleva declarando, el ex secretario general de UGT ha afirmado con reiteraci¨®n que desconoc¨ªa lascuentas de PSV hasta que estall¨® la crisis, a finales de 1992. A causa de esa ignorancia alegada, un alto porcentaje de las preguntas formuladas por el juez y los abogados de la acusaci¨®n qued¨® sin respuesta. El letrado querellante Pedro Poveda cree queser¨¢ "muy, muy dif¨ªcil" demostrar la responsabilidad penal de Redondo. El resto de los abogados rehus¨® pronunciarse sobre ello. Una vez acabe la declaraci¨®n del sindicalista, las diligencias se suspender¨¢n hasta el 5 de septiembre.

Nicol¨¢s Redondo se escud¨® en que, aunque las responsabilidades en UGT eran colegiadas, ¨¦l no controlaba ni sab¨ªa nada de las finanzas y ¨²nicamente se dedicaba a la pol¨ªtica sindical. Las cuentas eran asunto de Paulino Barrab¨¦s y, a partir de 1990, de Sebasti¨¢n Reyna. A las declaraciones del segundo se remiti¨® una y otra vez, por ejemplo para asegurar que las relaciones entre UGT e IGS estaban bajo f¨®rmulas contractuales: las 80.000 pesetas que ha pagado cada cooperativista al sindicato y el intercambio de activos entre ¨¦ste y la gestora.De Barrab¨¦s dijo que s¨®lo comunicaba a la Ejecutiva de UGT una informaci¨®n muy gen¨¦rica sobre PSV-IGS, declaraci¨®n que ha molestado a la defensa del ugetista ahora encarcelado en Carabanchel. Redondo ha asegurado, adem¨¢s, ante el juez que no conoci¨® a Carlos Sotos hasta que Paulino Barrab¨¦s le habl¨® de ¨¦l encomi¨¢sticamente en mayo de 1988. En consecuencia, ya se pensaba en Sotos como gestor meses antes de que se creara la cooperativa de viviendas, a ra¨ªz de una decisi¨®n tomada por la ejecutiva de UGT. En cuanto a las relaciones entre la central, la cooperativa de viviendas y la gestora IGS, dijo que las hab¨ªa establecido Barrab¨¦s, entonces secretario de finanzas, y que ¨¦ste no dio cuenta de ello a la ejecutiva.

Redondo asever¨® que no fue consciente del problema generado en PSV hasta finales de 1992, cuando la crisis era ya irreversible y la prensa hab¨ªa empezado a hacerse eco de ella. S¨ª admiti¨®, sin embargo, haber tenido conocimiento directo de la auditor¨ªa de Arthur Andersen, de octubre de 1993, donde aparecen las p¨¦rdidas de Unial, la aseguradora del sindicato, y el cobro anticipado por parte de IGS del 10% de las aportaciones por gesti¨®n de futuro.

Tras esas declaraciones de Redondo, que suman ya un total de ocho horas, el letrado querellante Pedro Poveda manifest¨® no encontrar indicios de culpabilidad. "Va a ser muy, muy dif¨ªcil demostrar la responsabilidad penal de Redondo", dijo. Los otros abogados que representan a los cooperativistas no quisieron manifestarse sobre ese punto. Juan Ram¨®n Montero se limit¨® a afirmar que, para ¨¦l, la vinculaci¨®n entre IGS-PSV y el sindicato est¨¢ clara, aunque "otra cosa son las responsabilidades penales".

Una vez acabe la declaraci¨®n del ex dirigente de UGT, previsiblemente hoy, las diligencias se aplazan hasta el 5 de septiembre. En este periodo, el juez Miguel Moreiras debe resolver si se inhibe del caso PSV, a causa de la inclusi¨®n en una querella del diputado Javier Ledesma. Al ser parlamentario auton¨®mico, queda fuera de las competencias del magistrado de la Audiencia Nacional.

Los abogados querellantes aprovecharon la tarde de ayer para preparar las alegaciones al recurso de nulidad presentado por Jos¨¦ Federico de Carvajal y Marino Turiel, defensores de Paulino Barrab¨¦s. Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez asegur¨® que los querellantes quieren que Moreiras siga siendo competente en esta causa. La defensa, en cambio, considera que la retirada de la querella constituir¨ªa "un fraude de ley y un truco para que contin¨²e el caso".