El fin Y los medios

Diez a?os despu¨¦s de que mercenarios extranjeros contratados por servicios espa?oles y amparados por las inconvincentes siglas GAL (Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n) desataran en el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s una sangrienta campa?a de atentados contra refugiados de ETA, el fiscal general del Estado ha sentado doctrina sobre aquella criminal aventura que dej¨® tras de s¨ª m¨¢s de veinte asesinatos. La ocasi¨®n para ese pronunciamiento ha sido el preceptivo informe -rotundamente negativo- dictado por el ministerio p¨²blico sobre la petici¨®n de indulto del ex subcomisario Amedo y el ex inspector Dom¨ªnguez, condenados a 108 a?os de c¨¢rcel. Vistas la celeridad, la brevedad y la contundencia de la respuesta dada por Carlos Granados, reci¨¦n llegado al cargo, se entiende cada vez menos que su predecesor Eligio Hern¨¢ndez no llegase a presentar nunca su informe y marease la perdiz durante casi dos a?os.La solicitud de clemencia invocaba el altruismo de Amedo y Dom¨ªnguez al organizar su empresa criminal, orientada a combatir a ETA con las mismas armas que utilizan los terroristas. El fiscal Granados rechaza esa torticera justificaci¨®n recordando que el empleo de medios desaprobados por el ordenamiento jur¨ªdico es il¨ªcito y condenable, cualquiera que sea el fin buscado. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que rechaz¨® hace un a?o el recurso de casaci¨®n de los dos ex polic¨ªas previamente condenados por la Audiencia Nacional, hace suyas las razones del fiscal general del Estado y se pronuncia tambi¨¦n contra la concesi¨®n del indulto. Por muy graves, odiosos y crueles que hayan sido (y sigan siendo) los atentados etarras, un Estado de derecho no puede volver contra esos sanguinarios asesinos sus aborrecibles m¨¦todos ni permitir tampoco que otros lo hagan por su cuenta; y menos a¨²n si esos adictos a la ley del tali¨®n son funcionarios p¨²blicos que desv¨ªan hacia prop¨®sitos delictivos los recursos presupuestarios y los s¨ªmbolos de autoridad puestos a su disposici¨®n por el ordenamiento constitucional.La guerra sucia contra ETA no se libr¨® solamente bajo el mandato socialista; los atentados del llamado Batall¨®n Vasco-Espa?ol y el asesinato de Argala en diciembre de 1978 ocurrieron durante la ¨¦poca de UCD. La oscura historia de lucha antiterrorista subterr¨¢nea remite a una vieja discusi¨®n: ?puede un Gobierno democr¨¢tico utilizar contra los enemigos de la libertad procedimientos justificados por la raz¨®n de Estado pero rechazados por la moral y por el derecho? Con su t¨ªpica combinaci¨®n de lucidez, iron¨ªa y escepticismo, Max Weber ya advirti¨® que "quien se mete en pol¨ªtica, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, sella un pacto con el diablo". Si las conexiones entre las tramas de los GAL, el caso Rold¨¢n y el saqueo de los fondos reservados llegasen a ser probadas, las advertencias weberianas sobre la suerte de los pol¨ªticos ("esas potencias diab¨®licas inexorables originar¨¢n consecuencias que afecten a tanto a su actividad como a su propia alma") podr¨ªan ser aplicadas a Felipe Gonz¨¢lez y a varios de sus ministros. Pero un Estado de derecho, cualesquiera que sean las pr¨¢cticas delictivas realizadas por algunos de sus servidores, no tolera espacios de extraterritorialidad penal para quienes infringen las leyes y son considerados culpables por los tribunales.

El caso Amedo sigue viaje; no siendo vinculantes los informes preceptivos del fiscal general del Estado y del Supremo, el Consejo de Ministros deber¨¢ pronunciarse en fecha pr¨®xima sobre la procedencia de conceder o no el indulto. Si el Gobierno rechazase -como parece probable- la medida de gracia, los dos ex polic¨ªas podr¨ªan seguir aspirando a obtener el tercer grado penitenciario, r¨¦gimen de excarcelaci¨®n parcial que les obligar¨ªa ¨²nicamente a pernoctar en prisi¨®n: un beneficio de concesi¨®n discrecional y susceptible de ser juzgado seg¨²n criterios comparativos de equidad, pero cualitativamente distinto del indulto.