Estado ha pagado ya 62.686 millones de pesetas por el s¨ªndrome t¨®xico
La Oficina de Gesti¨®n del S¨ªndrome T¨®xico, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha pagado 62.686 millones de pesetas desde que se produjo el envenenamiento por aceite de colza, en 1981. Parte de este dinero se deducir¨¢ de la indemnizaci¨®n que, por casi medio bill¨®n, deber¨¢ abonar el Estado si es condenado como responsable civil subsidiario en el juicio a ex cargos de la Administraci¨®n de UCD.
Seg¨²n datos oficiales, hasta el 31 de diciembre de 1993, la mayor partida ha sido la de ayudas familiares complementarias que, con 34.112 millones de pesetas se ha llevado m¨¢s de la mitad del total pagado. Esta factura no incluye los gastos de hospitalizaci¨®n, con cargo al presupuesto ordinario de la Seguridad Social.S¨ª figuran, en cambio, las indemnizaciones por fallecimiento -algo m¨¢s 1. 500 millones de pesetas entre viudedad, orfandad y otras ayudas-, a raz¨®n de tres a cuatro millones de pesetas por v¨ªctima, frente a los 15 millones que fija el auto dictado el lunes por el juez Carlos Bueren.
El coste del s¨ªndrome t¨®xico ha sido de 5.000 millones anuales de promedio durante estos 13 a?os, con un m¨ªnimo de 248 millones en 1981, cuando se produjo el envenamiento, y un m¨¢ximo de 5.688 millones al a?o siguiente. En 1993, ascendi¨® a 5.261.
El n¨²mero de afectados, seg¨²n el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asciende actualmente a 19.749, frente a los m¨¢s de 23.000 que contabiliza la Coordinadora Nacional de Afectados por el Envenenamiento con Aceite de Colza.
No es ¨¦sta la ¨²nica discrepancia entre la Administraci¨®n y el colectivo de afectados. Juan Antonio S¨¢nchez Gonz¨¢lez, portavoz de la coordinadora, cifra en 1.200 los fallecidos, el doble de los reconocidos oficialmente, y en 4.000 quienes sufren invalidez permanente.
A este respecto, asegura que no se est¨¢ cumpliendo la orden que dict¨® la Audiencia Nacional para que se practique la autopsia a todos los afectados que fallezcan y que s¨®lo se realiza un seguimiento cl¨ªnico al 30% de los enfermos, en contra de lo dispuesto en 1993.
S¨¢nchez desconf¨ªa, adem¨¢s, del destino de los m¨¢s de 62.000 millones gastados oficialmente y reclama una auditor¨ªa para saber cu¨¢nto se ha empleado en el pago de alquileres, funcionarios, viajes de altos cargos e investigaciones infructuosas. La primera responsable de la Oficina de Gesti¨®n del S¨ªndrome con el PSOE, recuerda, fue Carmen Salanueva, procesada por un fraude de m¨¢s de 500 de millones en su gesti¨®n al frente del BOE.
La coordinadora de afec tados sigue reclamando al Estado el anticipo de las indeminizaciones, aunque ello no supone, advierte, renunciar a las cantidades que les correspondan ni dejar sin castigo a los responsables: "Alguien de la Administraci¨®n debe ir a la c¨¢rcel por una negligencia que causo 200 muertos y decenas de miles de enfermos". S¨¢nchez recuerda que la mayor¨ªa de los 14 aceiteros condenados a 280 a?os de c¨¢rcel por el Tribunal Supremo en abril de 1992 est¨¢n en la calle; incluidos Enric Salom¨® y Ram¨®n Alabart, a quienes la Generalitat de Catalu?a concedi¨® el tercer grado en julio. Adem¨¢s, asegura, "la mayor¨ªa de los condenados sigue trabajando en el sector alimentario, no se les han requisado los bienes, ni han pagado un duro de indemnizaci¨®n".
Tras el auto de apertura de juicio contra siete cargos y funcionarios durante la Administraci¨®n de la Uni¨®n de Centro. Democr¨¢tico, los afectados piden "que el juicio se celebre cuanto antes, este mismo a?o a ser posible".
Tambi¨¦n reclama que el fiscal, que pidi¨® el sobreseimiento de la causa contra los siete "act¨²e como defensor de la legalidad y no del Gobierno, como ha hecho ahora" y que tanto el acusador p¨²blico como el abogado del Estado "renuncien a estratagemas legales para dilatar el juicio". Ya cuentan con la advertencia de la Administraci¨®n de que no habr¨¢ indemnizaciones hasta que no recaiga sentencia firme, lo que significa que habr¨¢ recurso al Supremo y nueva demora, "mientras los afectados siguen muriendo".
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