El Tribunal Europeo obliga a Espa?a a recuperar 18.705 millones dados a tres empresas p¨²blicas
El Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, dict¨® ayer dos sentencias por las que obliga a las empresas Intelhorce, Imepiel y Merco, a restituir al Estado espa?ol un montante de 18.705 millones de pesetas (intereses aparte). Esta cantidad fue otorgada a las compa?¨ªas como ayudas p¨²blicas, que ahora deber¨ªan reingresar al Estado. El Tribunal da la raz¨®n a la Comisi¨®n Europea, al considerar que esas ayudas infringieron el Tratado de Roma. Por el contrario, da la raz¨®n a Espa?a. en su litigio con la Comisi¨®n en el caso de Hytasa (hoy llamada Mediterr¨¢neo T¨¦cnica Textil), al dar por v¨¢lidas las ayudas que se le concedieron, por valor de 4.300 millones de pesetas.
Las ayudas fueron otorgadas entre 1986 y 1990 por el Gobierno para ampliar capital en los casos de Irnepiel (8.500 millones), Intelhorce (7.820 millones), e Hytasa (4.300 millones) para mejorar sus situaciones financieras como paso previo a su privatizaci¨®n. A la p¨²blica Merco -comercializadora de productos agrarios-, se le dieron 5.900 millones para procurar su entrada en rentabilidad. La Comisi¨®n, como "guardiana de los Tratados" declar¨® ilegales todas esas ayudas. Consider¨® que infring¨ªan el art¨ªculo 92 del Tratado de Roma, seg¨²n el cual "son incompatibles con el mercado com¨²n, en la medida. en que afectan a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas decididas por los Estados" que falseen la competencia.El art¨ªculo 92, sin embargo, establece algunas excepciones, por las que se declaran "compatibles" o "pueden ser compatibilizadas" esas ayudas p¨²blicas con las normas del mercado com¨²n: las compatibles son las ayudas de car¨¢cter social a los consumidores individuales y las destinadas a remediar calamidades naturales. Las compatilizables son aquellas destinadas a favorecer el desarrollo de regiones pobres o a otras y las destinadas a promover alg¨²n proyecto importante de "inter¨¦s europeo com¨²n". La Comisi¨®n estableci¨® que Espa?a hab¨ªa incumplido esa normativa y exigi¨® que las beneficiarias devolviesen el dinero. El Gobierno recurri¨® ante el Tribunal de las Comunidades. Ha ganado s¨®lo en el caso de Hylasa.
La jurisprudencia del tribunal reconoce una amplia discreci¨®n a la Comisi¨®n para apreciar si ha habido o no incumplimiento. Y ¨¦sta lanz¨® una catarata de cr¨ªticas. Pero no justific¨® una cr¨ªtica esencial. A saber, si los proyectos de inversi¨®n de Hytasa se ajustaban o no al inter¨¦s comunitario. Y el tribunal establece ahora que la Comisi¨®n no detalla satisfactoriamente el incumplimiento de los criterios que ella misma marc¨®. La Comisi¨®n estim¨® que las ayudas a empresas en dificultades conllevan el riesgo de transferir los problemas de paro e industriales de un Estado a otro, distorsionando as¨ª el mercado.
Adem¨¢s, el Ejecutivo comunitario es muy estricto al evaluar esta ayudas y valora con lupa si las empresas aplican un "programa s¨®lido" de reconversi¨®n capaz de restablecer su rentabilidad, o si s¨®lo servir¨¢ para perjudicar a las competidoras. Pues bien, en el caso de Imepiel, la impugnaci¨®n de la ayuda consider¨® que lo ¨²nico que permitir¨ªa la inyecci¨®n milmillonaria ser¨ªa que el beneficiario "continuara las mismas actividades que antes pero a una escala mucho mayor". En Intelhorce, ninguno de los programas previstos preve¨ªa una reducci¨®n de la producci¨®n. Y en Merco, la Comisi¨®n recordaba que el Gobierno hab¨ªa reconocido que la inyecci¨®n de 5.900 millones ni siquiera bastaba para restablecer la viabilidad de la empresa.
La recuperaci¨®n de estas subvenciones es pr¨¢cticamente imposible. Imepiel est¨¢ en quiebra. Merco se liquid¨® hace dos a?os e Intelhorce, la ¨²nica que est¨¢ en actividad aunque con p¨¦rdidas, est¨¢ pendiente de un plan de viabilidad.
Los jueces de Luxemburgo, adem¨¢s, rechazan el argumento espa?ol de que la quiebra de Imepiel hace imposible cumplir el pago. De forma que en este caso s¨®lo parecen caber dos salidas: incorporar el cr¨¦dito a la masa de la quiebra, o exigir el pago a sus ¨²ltimos propietarios. Una y otra, muy dif¨ªciles.
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