Revisi¨®n auton¨®mica

EL PRIMER debate general sobre el Estado de las autonom¨ªas llega quince a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n, en el oto?o de 1979, de los primeros estatutos. Pero su celebraci¨®n en el Senado coincide tambi¨¦n con un momento en el que las circunstancias pol¨ªticas han puesto a prueba algunas de las virtualidades atribuidas al modelo de descentralizaci¨®n dise?ado por la Constituci¨®n. De ah¨ª el inter¨¦s, pero tambi¨¦n la inquietud, con que se aguarda. El debate constituye a la vez el primer ensayo de las reformas introducidas en el reglamento del Senado para acercar su funci¨®n real a la te¨®rica de C¨¢mara de representaci¨®n territorial.Cualesquiera que fueran los motivos que determinaron la opci¨®n de generalizar las autonom¨ªas a todo el territorio -y no s¨®lo a Euskadi, Catalu?a y tal vez Galicia, que era la propuesta alternativa-, hoy sabemos que hubiera sido imposible evitarlo; que, de todas formas, la din¨¢mica de emulaci¨®n y agravios comparativos habr¨ªa hecho surgir reivindicaciones territoriales por todas partes, pero sin un marco institucional capaz de canalizarlas. De hecho, ya hab¨ªa ocurrido en la Segunda Rep¨²blica: en los primeros meses de 1936, hasta ocho regiones -Valencia, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n, Andaluc¨ªa, Canarias, Baleares, Asturias y Extremadura- iniciaron o aceleraron los tr¨¢mites para la elaboraci¨®n de sus propios estatutos, siguiendo la senda iniciada a?os antes por vascos, catalanes y gallegos.

La efervescencia actual tiene que ver con la equiparaci¨®n competencial de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n, actualmente en marcha en aplicaci¨®n de los pactos auton¨®micos suscritos en 1992 por el PSOE y el PP. Los nacionalistas catalanes vieron con reservas esa equiparaci¨®n por considerar que la frontera entre nacionalidades y regiones establecida por la Constituci¨®n quedaba desdibujada; que, en la pr¨¢ctica, s¨®lo el Pa¨ªs Vasco y Navarra, merced a su sistema de financiaci¨®n privativo, se diferenciaban en materia competencial de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n. De entonces data la reivindicaci¨®n de Pujol de un "giro auton¨®mico" que recoja el "hecho diferencial".

Pero el singular papel que la aritm¨¦tica parlamentaria ha hecho jugar a los nacionalistas catalanes en esta legislatura ha dado una dimensi¨®n tambi¨¦n singular a esa demanda, agravando tendencias de rivalidad interterritorial ya existentes. Una encuesta de fines de 1992 indicaba que en todas las comunidades, excepto en Catalu?a, se consideraba que la presidida por Pujol era la que m¨¢s se hab¨ªa beneficiado del Estado auton¨®mico. En Catalu?a, por el contrario, se estimaba que era Andaluc¨ªa la m¨¢s favorecida. A la vez, la comunidad andaluza aparec¨ªa como la segunda m¨¢s beneficiada para todos los ciudadanos espa?oles, salvo los propios andaluces. Es evidente que la percepci¨®n del sistema auton¨®mico es muy subjetiva, y ello dificulta una discusi¨®n racional. Pero no exime de intentarlo.

El objetivo declarado de los nacionalismos es obtener el autogobierno necesario para garantizar la pervivencia y desarrollo de la identidad colectiva. Si el marco institucional garantiza eso, resulta indiferente cu¨¢l sea el nivel competencial de las dem¨¢s comunidades; el aut¨¦ntico hecho diferencial de Catalu?a (y el Pa¨ªs Vasco) es que en esas comunidades los partidos nacionalistas suelen ganar las elecciones, lo que les permite gobernar y asignar recursos de acuerdo con prioridades nacionalistas: fomento de la lengua, etc¨¦tera. Carece de l¨®gica, por tanto, que las comunidades llamadas hist¨®ricas planteen el debate de la singularidad en t¨¦rminos de diferenciaci¨®n en el nivel competencial. Pero resulta igualmente incoherente que las comunidades que carecen de esas singularidades (ling¨¹¨ªsticas, sobre todo) fijen sus propias reivindicaciones no tanto en funci¨®n de sus necesidades como en virtud del principio de no tener menos que nadie. La clarificaci¨®n de ese equ¨ªvoco lamentable deber¨ªa ser el primer objetivo del debate.

Ello requiere la recomposici¨®n del consenso entre los dos grandes partidos nacionales. Ninguna consideraci¨®n relativa al momento pol¨ªtico justifica el af¨¢n por acentuar las diferencias sobre el Estado auton¨®mico en que se han empe?ado desde hace meses. A?adir tensiones en ese terreno ha tenido ya efectos nefastos para la cohesi¨®n nacional, polarizando artificialmente a la opini¨®n p¨²blica. Las autonom¨ªas son ya una realidad consolidada y sin alternativa realista, y es ese acuerdo entre los dos ¨²nicos partidos con posibilidades de gobernar a corto plazo -probablemente, en ambos casos con apoyo nacionalista- lo que garantiza la continuidad del proceso auton¨®mico frente a tentaciones aventuristas o a retrocesos igualmente peligrosos. El debate sobre la adaptaci¨®n del Senado a su vocaci¨®n territorial puede dar ocasi¨®n para recomponer ese consenso.