"Hay que evitar que se venda el censo electoral"

"Se puede presumir que hay partidos que no tienen inter¨¦s en concurrir a las elecciones y que simplemente se presentan con el fin de acceder al censo electoral y obtener determinados rendimientos con su comercializaci¨®n", afirma Juan Mart¨ªn-Casallo, fiscal de carrera y primer director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos.Aunque la ley de datos excluye expresamente el censo electoral, Mart¨ªn-Casallo piensa proponer al Instituto Nacional de Estad¨ªstica un acuerdo para "establecer determinadas claves de seguridad que nos permitan ma?ana saber qui¨¦n ha sido el responsable de esa fuga informativa que afecta a millones de ciudadanos".

La legislaci¨®n espa?ola sobre protecci¨®n de datos est¨¢ dando sus primeros pagos, pero el director de la agencia ya augura "modificaciones en profundidad de la ley en un plazo no demasiado largo". En su opini¨®n, la reforma legal "ser¨¢ buena, porque nos permitir¨¢ resolver las lagunas que vayamos aprecianda al aplicarla".

Adem¨¢s, habr¨¢ que tener en cuenta la decisi¨®n del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por el Defensor del Pueblo, el Grupo Popular y la Generalitat de Catalu?a, as¨ª como la directiva sobre protecci¨®n de datos que prepara la Uni¨®n Europea y que, a diferencia de la ley espa?ola, no distingue los ficheros p¨²blicos de los privados. Todo ello, seg¨²n Mart¨ªn-Casallo, "va a conformar una legislaci¨®n mucho m¨¢s precisa".

Durante sus primeros 11 meses de vida, la agencia se ha dedicado, como tarea fundamental, a la elaboraci¨®n de un registro con todos los ficheros de datos personales que hay en Espa?a. Concluido el plazo de inscripci¨®n el pasado 31 de julio, su responsable hace un balance "bastante positivo" de la campa?a y cifra en unos 200.000 el n¨²mero de ficheros inscritos a final de a?o, "lo que significa un 65% o 70% de lo que tiene Francia, con 15 a?os de vigencia de la ley".

Aunque asegura desconocer la identidad de las empresas que han inscrito sus fichero y, en consecuencia, cu¨¢les no lo han hecho, el director de la agencia estima que alrededor del 10% de los bancos de datos corresponden a administraciones p¨²blicas, y el resto, a empresas privadas. "Aproximadamente la mitad son ficheros de n¨®minas, clientes o proveedores".

Tambi¨¦n se est¨¢n tramitando ya las primeras quejas de los ciudadanos, que han originado la apertura de unos 25 expedientes informativos. Al menos la mitad, como ocurre en otros pa¨ªses, se refieren a la inclusi¨®n en listados de morosos o insolventes. "Si el dato es ver¨ªdico, no se puede hacer nada. Lo que la agencia pretende es que, si alguien ha sido incluido en un fichero de morosos de forma indebida, salga inmediatamente", afirma Mart¨ªn-Casallo.

Algunos ciudadanos, sin embargo, se dirigen a la agencia preguntando en cu¨¢ntos y cu¨¢les ficheros hay datos suyos. "?sa es una informaci¨®n que, aunque quisi¨¦ramos, no les podemos dar", explica su director. "Nosotros s¨®lo conocemos la estructura de los ficheros, no su contenido". La misi¨®n de la agencia es ayudar al ciudadano cuando alguna entidad p¨²blica o privada le niegue el derecho a conocer sus datos personales registrados y a modificarlos o cancelarlos, si es su deseo.