Un ¨¢rbitro 'tarjetero'

Creado por la Constituci¨®n de 1978 como su m¨¢ximo int¨¦rprete y ¨¢rbitro, el Tribunal Constitucional es un ¨®rgano que no puede actuar por iniciativa propia, y que ha corregido a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sus tarjetazos han molestado en especial a algunos miembros de este ¨²ltimo, que en febrero de 1994 plantearon protestar al Rey.La maquinaria que funciona en el moderno edificio de la madrile?a calle de Dom¨¦nico Scarlatti, n¨²mero 6, con un presupuesto para 1994 de 1.400 millones de pesetas, est¨¢ integrada -adem¨¢s de por los 12 magistrados- por 117 funcionarios, 57 de ellos procedentes de la Administraci¨®n civil, m¨¢s tres documentalistas y un jefe de inform¨¢tica. El resto procede de la Administraci¨®n de Justicia: el secretario general, 24 letrados, 3 secretarios de justicia, 6 oficiales, 17 auxiliares y 5 agentes. Es notable el peso jur¨ªdico de los letrados, a los que corresponden funciones de estudio y asesoramiento de los magistrados.

El procedimiento es fundamentalmente escrito. S¨®lo ha celebrado cinco vistas p¨²blicas de otros tantos recursos de amparo: en 1985, una impugnaci¨®n de una comisi¨®n municipal y un recurso sobre el derecho de educaci¨®n; en 1986, sobre un h¨¢beas corpus; en 1990, una demanda electoral, y en 1994, por la expulsi¨®n de un argelino.

Los 12 magistrados act¨²an en pleno, para decidir sobre la impugnaci¨®n de normas legales por los pol¨ªticos -50 diputados, 50 senadores, Gobierno, Defensor del Pueblo o comunidades aut¨®nomas- o los jueces -cuando ¨¦stos dudan de la constitucionalidad de una ley- o para resolver conflictos entre el Estado y las autonom¨ªas. Tambi¨¦n se dividen en dos salas -cada una de seis miembros, presididas, respectivamente, por el presidente y vicepresidente del tribunal-, para resolver los numerosos recursos de amparo de los ciudadanos que creen vulnerados los derechos y libertades que la Constituci¨®n les reconoce.Los recurrentes reclaman sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva, que se ha convertido en un recurso escoba frente a las resoluciones judiciales poco acordes con las exigencias de la Constituci¨®n. Invocan tambi¨¦n los derechos a la igualdad y no discriminaci¨®n; integridad f¨ªsica y moral; libertad ideol¨®gica, religiosa y de culto; honor, intimidad y propia imagen; inviolabilidad de domicilio; libertad de expresi¨®n e informaci¨®n; asociaci¨®n, reuni¨®n y manifestaci¨®n; educaci¨®n; sindicaci¨®n y huelga, y objeci¨®n de conciencia.

El trabajo de la casa gira en torno a los 12 magistrados, todos ellos juristas de reconocida competencia con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional, "independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato" de nueve a?os. De los 28 integrantes del alto tribunal desde su constituci¨®n en 1980, 19 proceden de la Universidad, ocho de la carrera judicial y uno de la abogac¨ªa. No ha habido ning¨²n fiscal, jurista tambi¨¦n previsto en la Constituci¨®n para formar parte del alto tribunal.

De los 12 jueces constitucionales, cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado -en ambos casos por mayor¨ªa de tres quintos-, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En sus 14 a?os de funcionamiento han integra do el alto tribunal 28 juristas s¨®lo uno de ellos mujer, Gloria Begu¨¦, que fue vicepresidenta. Los presidentes sucesivos fueron tres catedr¨¢ticos: Manuel Garc¨ªa-Pelayo, de Derecho Constitucional; Francisco Tom¨¢s y Valiente, de Historia del Derecho, y el actual, Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero, de Derecho del Trabajo.

Cada tres a?os corresponde renovar cuatro magistrados. La ¨²ltima renovaci¨®n se produjo en 1992 y afect¨® a los propuestos por el Congreso. La pr¨®xima se producir¨¢ en 1995 y afectar¨¢ a los dos propuestos por el Gobierno -el actual presidente y el vicepresidente, Luis L¨®pez Guerra- y a los dos propuestos por el CGPJ -Carlos de la Vega y Eugenio D¨ªaz Eimil-, todos ellos en 1986. As¨ª pues, en 1995, adem¨¢s del relevo de cuatro magistrados, se renovar¨¢ la c¨²pula del alto tribunal. Si se confirma la dimisi¨®n de Fernando Garc¨ªa-Mon, los grupos del Senado tendr¨¢n que ponerse de acuerdo sobre su sustituto.

Desde el 15 de julio de 1980 -fecha de inicio del tribunal- hasta el 31 de julio de 1994, el total de asuntos ingresados en el Constitucional fue de 28.361, de los que 26.684 (un 94 %) fueron recursos de amparo. En esos 14 a?os, el total de asuntos resueltos fue de 25.157, en su gran mayor¨ªa -24.276- por las salas, a las que habitualm¨¦nte compete resolver los recursos de amparo. El n¨²mero de resoluciones es inferior al de asuntos resueltos, ya que algunas sentencias ponen fin a varios de ellos acumulados.