El fiscal del Estado reabre el 'caso Renfe', paralizado por el juez Moreiras

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha ordenado a la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional una investigaci¨®n sobre presuntos delitos contables en Renfe detallados en un informe elaborado y despu¨¦s enterrado por el Tribunal de Cuentas. Esta reciente decisi¨®n resucita judicialmente el caso Renfe, paralizado de hecho por el juez Miguel Moreiras en 1992. El esc¨¢ndalo forz¨® el cese del entonces ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, ex presidente de Renfe.

En junio de 1992, el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, interrog¨® al ex director de Renfe Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde y no formul¨® cargo alguno contra ¨¦l. D¨ªas despu¨¦s, el propio Moreiras anunci¨® el sobreseimiento de la causa. A la vista de la documentaci¨®n del Tribunal de Cuentas remitida a la Audiencia Nacional y de la iniciativa de la Fiscal¨ªa General del Estado, esta investigaci¨®n se reactiva.La iniciativa de la fiscal¨ªa supone tambi¨¦n un varapalo a la inicial decisi¨®n de altos cargos del Tribunal de Cuentas de aparcar el citado informe sobre la gesti¨®n en Renfe, elaborado por Eduardo Navarro, y sustituirlo por otro de conclusiones m¨¢s suaves. En este extra?o proceso, intervino Rafael Iglesias Lachica, jefe de Navarro en el Tribunal de Cuentas y hermano de Leopoldo Iglesias Lachica, que era directivo de Renfe en la ¨¦poca de las presuntas irregularidades. Navarro, adem¨¢s, ces¨® en su puesto y fue desplazado a otro destino como funcionario.

La modificaci¨®n del informe fue difundida por este peri¨®dico la pasada primavera y, a ra¨ªz de ello, el Tribunal de Cuentas abri¨® una informaci¨®n al respecto. Paralelamente, Eduardo Navarro formul¨® una denuncia sobre tales irregularidades ante la fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas. Este organismo elabor¨® un informe que remiti¨® el pasado septiembre al fiscal general del Estado.

La fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas advierte que no ha entrado en la "individualizaci¨®n de los presuntos responsables, que dilatar¨ªan esta informaci¨®n, pues es presumible que pudiera llegarse a altas esferas de Renfe y otros gestores de la misma y sus filiales, as¨ª como a sus particulares", cuyo interrogatorio, a?ade, corresponde al juzgado.

La denuncia se refiere a tres grupos de hechos: operaciones inmobiliarias de Equidesa, filial de Renfe; contratos y facturaci¨®n supuestamente ficticios a Catertren; y, por ¨²ltimo, supuesta falsedad en actas de conciliaci¨®n del IMAC (Instituto de Mediaci¨®n, Arbitraje y Conciliaci¨®n). El fiscal del Tribunal de Cuentas pidi¨® la investigaci¨®n por v¨ªa penal de lo relativo a Equidesa, pero no as¨ª de los otros dos aspectos, por hallarse planteado su esclarecimiento en otras instancias, a pesar de estimar que no est¨¢n justificados los pagos a Catertren por valor de 525 millones de pesetas y que se simularon despidos con presunto quebranto para el erario p¨²blico.

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