Un mill¨®n de sue?os con la tierra prometida

Casi todos los norteamericanos est¨¢n de acuerdo en que es necesario hacer algo para regular el flujo de inmigraci¨®n ilegal. Estados Unidos recibe cada a?o un mill¨®n de personas, legales e ilegales, que buscan instalarse en lo que muchos de ellos contemplan como una tierra de promisi¨®n, y el pa¨ªs tiene, al fin y al cabo, derecho a planificar su ritmo de crecimiento para las pr¨®ximas d¨¦cadas.El acuerdo comercial firmado con M¨¦xico puede servir para desarrollar la econom¨ªa del vecino del sur y reducir el n¨²mero de inmigrantes, pero s¨®lo a medio y largo plazo. De momento, el gobernador Pete Wilson -esta vez apoyado por algunos pol¨ªticos dem¨®cratas- ha sugerido el despliegue de la Guardia Nacional y del Ej¨¦rcito norteamericano en la frontera con M¨¦xico, pero el Pent¨¢gono desech¨® la idea por inviable en t¨¦rminos pr¨¢cticos.

El gobernador californiano fue tambi¨¦n el primero en presentar una demanda contra el Gobierno federal para que se reembolsen a las arcas de su Estado los 2.400 millones de d¨®lares (300.000 millones de pesetas) que dice gastar anualmente: para atajar la inmigraci¨®n ilegal. Otros Estados con problemas migratorios, como Florida o Tejas, han seguido despu¨¦s la pol¨ªtica de California.

Una de las ideas que frecuentemente se mencionan para controlar la inmigraci¨®n ilegal es la de implantar un documento nacional de identidad. En Estados Unidos no existe ning¨²n carn¨¦ que espec¨ªficamente cumpla esa funci¨®n. El permiso de conducir, la tarjeta de la seguridad o el carn¨¦ de estudiante son habitualmente utilizados cuando es necesario demostrar la identidad. En muchos Estados, la polic¨ªa no tiene siquiera derecho a demandar esos documentos, a menos que exista una duda razonable de que se ha cometido un delito. La implantaci¨®n de un carn¨¦ de identidad choca con una gran resistencia por parte de la poblaci¨®n norteamericana y podr¨ªa incluso resultar anticonstitucional.

En el caso de que, como se espera, la proposici¨®n 187 sea finalmente aprobada en el refer¨¦ndum del pr¨®ximo martes, cabe anticipar un largo proceso judicial antes de que pueda entrar en vigor. Los enemigos de esa ley han anunciado ya que recurrir¨¢n contra ella ante los tribunales, y es muy probable que la decisi¨®n final quedar¨¢ en manos del Tribunal Supremo de EE UU.