Los auditores regionales consideran inhabitual el n¨²mero de irregularidades del 'caso Ibercoop'

La propia Intervenci¨®n General de la Comunidad de Madrid ha puesto en el disparadero la actuaci¨®n de Juan Navarro, director regional de Empleo, en su auditor¨ªa sobre el caso Ibercoop. El interventor Eduardo Albarrac¨ªn asegur¨® ayer en la Asamblea: "No es habitual encontrarse con una situaci¨®n [de irregularidades y anomal¨ªas] como la hallada en la l¨ªnea de subvenciones por asistencias t¨¦cnicas", Un grupo de 12 empresas relacionadas con la consultora Ibercoop -fundada, entre otros, por Navarro- recibi¨® 69 millones de pesetas por ese tipo de ayudas.

La comparecencia del interventor general de la Comunidad ante la comisi¨®n de investigaci¨®n formada en la Asamblea para extraer responsabilidades pol¨ªticas del caso Ibercoop ante un presunto trato de favor hab¨ªa creado mucha expectaci¨®n. Eduardo Albarrac¨ªn acab¨® precisamente el mes pasado una auditor¨ªa sobre los siete tipos de subvenciones concedidas por la Direcci¨®n de Empleo en tre 1989 y 1991. En la misma se conclu¨ªa con una vaga reclama ci¨®n de unas posibles responsa bilidades ante las numerosas irregularidades observadas. Ayer fue algo m¨¢s preciso.La diputada de IU Teresa Nevado le pregunt¨® si en sus tareas normales al auditar distintos departamentos de la Comunidad se hab¨ªa tropezado alguna vez con un panorama parecido. Albarrac¨ªn contest¨® que jam¨¢s, y al fijar las responsabilidades de esas anomal¨ªas las enmarc¨® perfectamente: "El control del cumplimiento de los fines por los que se otorgaron esas subvenciones compete en primer lugar a las empresas beneficiadas, luego al centro que las gestiona [la Direcci¨®n de Empleo] y, finalmente, a la Intervenci¨®n General".

La conclusi¨®n de Albarrac¨ªn tras analizar esas subvenciones es "que ha sido deficiente o insuficiente el control efectuado por el centro gestor [Empleo]". Control que se supone posterior a las ayudas para ver si las empresas beneficiadas cumpl¨ªan los objetivos marcados. Eso no sucedi¨®, pero tampoco se analizaron detalladamente los expedientes previos, ya que el auditor volvi¨® a recordar ayer que muchos de los estudios subvencionados eran meras fotocopias unos de otros o de libros, y ¨¦stos eran la base de los expedientes entregados en Empleo por esas empresas. Pero tambi¨¦n por otras que nada tienen que ver, en principio, con esa trama.

Eduardo Albarrac¨ªn ratific¨®, por ejemplo, que un consultor particular denominado Francisco Javier Pascual realiz¨®, por un sistema similar, 27 estudios de asesoramiento subvencionados con 10.800.000 pesetas y confirm¨® que esa misma persona figura en el consejo de administraci¨®n de la firma Aconfisa, que efectu¨® para esa l¨ªnea de ayudas 39 estudios que recibieron 25.600.000 pesetas.

El papel de la fiscal¨ªa

El interventor coment¨® que ahora le corresponde a la Fiscal¨ªa de Madrid -tras as¨ª reclamarlo la propia Consejer¨ªa de Econom¨ªa en la que trabaja Navarro- investigar si las 12 empresas de la trama Hades-Ibercoop incurrieron en alg¨²n delito fiscal o de fraude, y asimismo las relaciones reales de Navarro con las mismas. Albarrac¨ªn adelant¨® que le parece que existen "hechos muy contundentes" para determinar la primera posibilidad. Albarrac¨ªn consider¨® m¨¢s factible saber si las ayudas se incluyeron en los libros de contabilidad de las empresas, que determinar "la subjetividad" de una posible actuaci¨®n de Navarro.El interventor cont¨® que su equipo investig¨® aleatoriamente a Empleo por el volumen (le millones que repart¨ªa. Detall¨® las fechas del proceso (que empez¨® en el verano de 1992 y ha terminado ahora por su complejidad), habl¨® del inter¨¦s inicial de la Consejer¨ªa por aclarar el caso, especific¨® todas las comunicaciones entre auditor y auditado y puntualiz¨® que Navarro reclam¨® tres pr¨®rrogas para redactar sus alegaciones.

El auditor afirm¨® que no existe constancia formal de la inhibici¨®n de Navarro en la concesi¨®n de una subvenci¨®n a Ibercoop meses despu¨¦s de darse de baja como socio de esa cooperativa. Esa incompatibilidad se destaca en el informe provisional del Tribunal de Cuentas en 1991.