Un juez ve indicios de cohecho en una actuaci¨®n del consejero de Industria catal¨¢n

Cuando a¨²n no se ha calmado la tormenta que desat¨® la dimisi¨®n del anterior consejero de Pol¨ªtica Territorial, Josep Maria Cullell, por un supuesto tr¨¢fico de influencias, un juez de Barcelona ha encontrado indicios de cohecho en una actuaci¨®n de otro miembro del Gobierno catal¨¢n: el titular deIndustria, Antoni Subir¨¤. Ahora, el Tribunal Superior de Catalu?a decidir¨¢ si Subir¨¢ incurri¨® en cohecho por la cancelaci¨®n de un aval concedido por la Generalitat: a Subir¨¤ y Compa?¨ªa, SA, empresa de la familia del consejero. La empresa que cancel¨® la deuda -58 millones de pesetas- se vio beneficiada con la recalificaci¨®n de unos terrenos

La reacci¨®n pol¨ªtica no se hizo esperar. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya pidieron la comparecencia de Subir¨¢. en el Parlament, y el Partido Popular su dimisi¨®n. Subir¨¢, que por la ma?ana no quiso hacer, declaraciones, asegur¨® por la noche en TV-3: "Estoy sorprendido e indignado, pero tranquilo". Subir¨¢ emple¨® los mismos argumentos que una nota del Departamento de Pol¨ªtica Territorial. Seg¨²n la nota, la modificaci¨®n del Plan General Urban¨ªstico, promovida por los propietarios de la finca, "a falta de ordenaci¨®n", se realiz¨® mediante una sentencia de abril de 1986 de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia de Barcelona en la que resolv¨ªa el recurso interpuesto por los propietarios de los terrenos. En septiembre de 1991 el Supremo confirm¨® la sentencia. Seg¨²n la nota, la modificaci¨®n no se hizo para cambiar los usos admitidos, "por lo que es totalmente err¨®neo ver una intenci¨®n recalificadora".El auto del juzgado que ha investigado de forma preliminar el caso se?ala que la empresa Subir¨¢ y Compa?¨ªa obtuvo en 1981 un aval de la Comisi¨®n de Ayuda a la Reconversi¨®n Industrial de Catalu?a (CARIC) -organismo ya desaparecido dependiente de la Generalitat-. Poco despu¨¦s la empresa quebr¨® y no retorn¨® la deuda, que ascend¨ªa a 57.633.646 pesetas. Ocho a?os m¨¢s tarde, en 1989, otra empresa (Inversiones y Negocios Inmobiliarios) liquid¨® la deuda y entreg¨® dos talones por un importe de 58 millones a la Generalitat. El pago lo hizo el 24 de noviembre de 1989 la sociedad Frisolca, que hab¨ªa sido comprada por aquellas fechas por el cu?ado de Antoni Subir¨¤, Ramon Torrellas. La cancelaci¨®n sucedi¨® en v¨ªsperas del nombramiento de Subir¨¢ como consejero.

Sin embargo, el dinero que fue ingresado en el Tesoro p¨²blico de la Generalitat proced¨ªa de una cuenta corriente cuyo titular era Inversiones y Negocios Inmobiliarios, propiedad de la familia Massot Felip, que controlaba en aquella fecha el pol¨ªgono Mas Blau, cercano al aeropuerto de El Prat. En esas tierras, la familia Massot ten¨ªa domiciliadas varias sociedades. Por aquellas fechas uno de los miembros de la citada familia, Felip Massot Felip, compr¨® unos terrenos a Ramon Torrellas.La actividad de Torrellas estuvo ligada durante muchos a?os al consejero de Industria. Seg¨²n los datos de los investigadores, Torrellas trabaj¨® en Subir¨¢ y Compa?¨ªa desde 1972 a 1980. Dos a?os m¨¢s tarde estaba inscrito como desempleado, hasta que su nombre apareci¨® como apoderado de Frisolca.

El auto del juez no hace referencia a la supuesta compra de unos terrenos que coincidi¨® con la cancelaci¨®n de la deuda. Pero lo que s¨ª precisa con detalle es la cronolog¨ªa de la recalificaci¨®n de los terrenos del pol¨ªgono Mas Blau. Refiri¨¦ndose a una investigaci¨®n hecha por la polic¨ªa, el juez dice que el 13 de noviembre de 1989 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) public¨® "la aprobaci¨®n. definitiva por el Departamento de Pol¨ªtica Territorial del Plan General Metropolitano" en relaci¨®n con dicho sector. El 7 de diciembre de 1989, el DOGC public¨® la recalificaci¨®n.

Importantes plusval¨ªas

El juez apunta que esta recalificaci¨®n "report¨® presuntamente a sus propietarios importantes plusval¨ªas". El auto precisa que todo ello, "sin perjuicio al derecho de presunci¨®n de inocencia", apunta "indiciariamente alguno de los tipos de cohecho". En otras palabras, el juez considera que puede haber un nexo entre el pago de la deuda de la empresa familiar de Subir¨¢ y el hecho de que la sociedad que pag¨® se viera beneficiada por la recalificaci¨®n.

El juez dice que procede "acordar, sin m¨¢s, en este momento la inhibici¨®n al Tribunal Superior" ya que Subir¨¢ tiene categor¨ªa de aforado por su cargo. Asimismo se refiere al plazo de prescripci¨®n. Seg¨²n la ley, el cohecho prescribe a los cinco a?os. El plazo var¨ªa si se trata de un funcionario p¨²blico, ya que entonces la sanci¨®n comporta inhabilitaci¨®n para el cargo.