El fiscal del Supremo pide la inhabilitaci¨®n de Ballesteros, pero informa a favor de su absoluci¨®n

El fiscal del Tribunal Supremo Alejandro del Toro Marzal pidi¨® ayer "formalmente" al Tribunal Supremo que confirme la condena de seis a?os de inhabilitaci¨®n, por un delito de prevaricaci¨®n, al ex m¨¢ximo responsable de la lucha antiterrorista Manuel Ballesteros, pero, en uso de su "libertad de palabra", se pronunci¨® a favor de la absoluci¨®n. Una veintena de comisarios, entre los que se encontraba Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, respaldaron con su presencia a Ballesteros, que 14 a?os despu¨¦s delatentado al bar Hendayais, en Francia, sigue sin revelar la identidad de los supuestos asesinos.

El recurso de ayer era el ¨²ltimo pulso entre Ballesteros y los jueces y fiscales del Pa¨ªs Vasco por el atentado al bar Hendayais. En 1985, Ballesteros fue condenado por la Audiencia de San Sebasti¨¢n por negarse a revelar la identidad de los tres individuos que en noviembre de 1980 cruzaron violentamente la frontera franco espa?ola poco despu¨¦s de cometerse en Hendaya (Francia) un atentado en el que murieron dos personas. Como responsable de su liberaci¨®n, Ballesteros fue condenado a tres a?os de inhabilitaci¨®n por denegaci¨®n de auxilio a la justicia.Al a?o siguiente, el Supremo revoc¨® la condena y absolvi¨® a Ballesteros. La Audiencia de San Sebasti¨¢n volvi¨® a juzgarle en febrero de este a?o por los mismos hechos, pero duplic¨® la condena, a seis a?os, por un delito de prevaricaci¨®n.

En su informe al Supremo, el fiscal explic¨® su oposici¨®n formal a todos los motivos de casaci¨®n porque as¨ª lo acord¨® la Junta de Secci¨®n de la Fiscal¨ªa con el refrendo del fiscal del Estado. "Ahora bien, una cosa es la obediencia, y otra la libertad de palabra de quien infoirma", agreg¨® el fiscal, quien a, partir de ese momento defendi¨® con ah¨ªnco la absoluci¨®n de Ballesteros.

Seg¨²n el fiscal, "de las 39 l¨ªneas y media de hechos probados de la nueva sentencia" s¨®lo se desprende que! tres individuos cruzaron ilegalmente la frontera y chocaron con un veh¨ªculo estacionado. Al no haber delito en ninguna de esas actividades, no cabe deducir que Ballesteros incurriese en prevaricaci¨®n por dejar de promover maliciosamente la persecuci¨®n y el castigo de delincuentes.

Para el fiscal Alejandro del Toro, Ballesteros no dio cuenta a la autoridad judicial de que se estaban practicando unas diligencias, por lo que debe ser castigado con una multa de 250.000 pesetas. El fiscal expres¨¦ su "perplejidad" por el hecho de que Ballesteros no ordenase expedientar a sus compa?eros polic¨ªas, que, a su entender, cometieron un delito de "detenci¨®n ilegal" de los tres individuos que atravesaron la frontera. Para Del Toro, el cruce ilegal de aduana que refleja la Audiencia de San Sebasti¨¢n no es motivo bastante para ordenar la detenci¨®n y Ballesteros "pec¨® de gremialismo" por no dar parte de sus compa?eros.

Cosa juzgada

El fiscal a?adi¨® que los hechos eran ya "cosa juzgada" porque entre la primera sentencia de San Sebasti¨¢n, luego anulada por el Supremo, y la de febrero de este a?o, exist¨ªa identidad de la persona y del hecho enjuiciado, con independedencia de su calificaci¨®n jur¨ªdica. En ese sentido, dijo que los hechos de la segunda sentencia eran una "reducci¨®n literal" de la primera y enumer¨¦ hasta las l¨ªneas que resultan id¨¦nticas entre una y otra resoluci¨®n judicial. En consecuencia, pidi¨® que no hubiera pronunciamiento sobre unos hechos ya enjuiciados con anterioridad.Seg¨²n fuentes del Supremo, la posibilidad de que un fiscal disienta "de palabra" de la postura formal del ministerio fiscal no es habitual, pero est¨¢ contemplada en el Estatuto de los fiscales. No osbtante, las fuentes consultadas no recordaban que nunca se hubiera producido tal situaci¨®n en un asunto de tanta envergadura como el caso Ballesteros, m¨¢xime cuando la postura a seguir hab¨ªa sido acordada por la Junta de Fiscales de lo Penal con el refrendo del fiscal general del Estado.

El acusador particular en representaci¨®n de cinco ayuntamientos vascos, Miguel Castells, pidi¨® que la pena de inhabilitaci¨®n se eleve a 10 a?os, en tanto que el defensor de Ballesteros pidi¨® su libre absoluci¨®n, y en caso de no estimarse sus motivos, solicit¨® que el Supremo informe a favor del indulto del comisario.

Flanqueado por mandos policiales y colaboradores suyos en la lucha contraterrorista, el comisario Ballesteros sigui¨® los alegatos jur¨ªdicos sin dejar traslucir ninguna emoci¨®n especial.