Barrionuevo reprocha al juzgado impedirle declarar con criterios preconstitucionales

Jos¨¦ Barrionuevo, ex ministro de Interior, insisti¨® ayer en su deseo de comparecer ante el juez Baltasar Garz¨®n para declarar en relaci¨®n con sus supuestas implicaciones en el caso GAL. Sus abogados presentaron un recurso de reforma contra la providencia del juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional del pasado d¨ªa 3 en la que se rechazaba la primera petici¨®n escrita de Barrionuevo. Seg¨²n los abogados, el rechazo a la comparecencia de Barrionuevo se basa en criterios preconstitucionales, "cuando se tramitaban procesos inquisitivos".Tras las acusaciones, los recursos.Jos¨¦ Barrionuevo quiere, por encima de todo, declarar ante el juez Garz¨®n. Sus esfuerzos se dirigen ahora en una doble direcci¨®n: por un lado, en demostrar que, en contra de los criterios del juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, ¨¦l s¨ª ha sido inculpado en el caso GAL y tiene, por tanto, derecho a defenderse. Y por otro lado, Barrionuevo quiere dejar claro queja providencia rechazando su comparecencia infringe la ley.

El recurso de reforma presentado ayer por sus abogados ataca la tesis, recogida en la providencia del pasado d¨ªa 3, de que Jos¨¦ Barrionuevo no ha sido llamado a declarar por no ser parte en la causa y no figurar en el sumario ni como acusador ni como inculpado. En el escrito se argumenta que estas razones, esgrimidas por el juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, pertenecen a una ¨¦poca anterior a la Constituci¨®n, "cuando se tramitaban procesos inquisitivos, sin el conocimiento de los posibles afectados".

En opini¨®n de los defensores de Barrionuevo, la reforma del art¨ªculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, obliga a los jueces instructores a "comunicar inmediatamente a los presuntamente inculpados" de las imputaciones que resulten contra ellos en cualquier actuaci¨®n procesal. Para los abogados del exministro, en este supuesto se encontrar¨ªa su cliente al haber salido su nombre en las declaraciones de los ex polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez como conocedor de las actuaciones de los GAL.

Precisamente, el recurso advierte que, cuando el art¨ªculo 118 de la citada ley habla de "presuntamente inculpados", est¨¢ admitiendo que la inculpaci¨®n puede venir de alguien que no sea el juez, ya que para ¨¦ste no existe la figura del "presunto inculpado". El propio Barrionuevo en su tormentosa comparecencia ante los medios de comunicaci¨®n el pasado martes, para demostrar su situaci¨®n de indefensi¨®n, enarbol¨® una fotocopia de un art¨ªculo period¨ªstico en el que se le acusaba de haber ordenado determinadas actividades de los GAL.

Tambi¨¦n, a lo largo de 15 folios, los representantes de Barrionuevo recuerdan que la doctrina. del Tribunal Constitucional exige la necesidad de argumentar las resoluciones judiciales que nieguen derechos. Y los abogados mantienen que en la providencia dictada el pasado d¨ªa 3 no se hizo as¨ª. Tambi¨¦n basan el recurso en que el juez tiene la obligaci¨®n de "resolver siempre sobre las pretensiones que se le formulen", principio que creen que tambi¨¦n se ha infringido en la providencia recurrida ahora.

La petici¨®n final es que se cite urgentemente a Barrionuevo para poner en su conocimiento las imputaciones que se hayan formulado contra ¨¦l, "y pueda ejercitar su derecho de defensa".

Todo parece indicar que la particular batalla abierta entre Barrionuevo y el juez Garz¨®n no ha hecho m¨¢s que comenzar. Las dur¨ªsimas acusaciones lanzadas por el ex ministro, poniendo en tela. de juicio las razones profundas del magistrado en el caso GAL, han tenido agrias cr¨ªticas en diversos colectivos sociales, pol¨ªticos y de la propia judicatura. Barrionuevo lleg¨® a acusar a Garz¨®n de mantener contra ¨¦l una antigua "animadversi¨®n personal" y bas¨® las actuaciones del magistrado en sus deseos de veriganza por haber visto frustradas sus "ambiciones y pasiones, personales". La Audiencia Nacional estudiar¨¢ si Barrionuevo ha incurrido en desacato con sus palabras, y el fiscal general del Estado ha abierto diligencias informativas para determinar si son constitutivas de delito.