Registro en la empresa de 'El Observador', que recibi¨® dinero de De la Rosa
La polic¨ªa judicial registr¨® ayer la sede de la empresa Coterma, sociedad que recibi¨® m¨¢s de 700 millones de pesetas de Grand Tibidabo, por orden del juez Joaqu¨ªn Aguirre, instructor del caso De la Rosa. Durante el registro, en la calle Consell de Cent de Barcelona, los funcionarios policiales se incautaron de abundante documentaci¨®n de la empresa, accionista del diario nacionalista El Observador y cuyo administrador ¨²nico era Armand Carab¨¦n, quien ocup¨® la presidencia del mencionado rotativo hasta el a?o 1993.Diversas empresas relacionadas con El Oservador recibieron cr¨¦ditos y obligaciones convertibles de Grand Tibidabo durante la gesti¨®n de Javier de la Rosa, por un importe que podr¨ªa superar los 1.000 millones de pesetas, seg¨²n diversas fuentes consultadas. Asimismo, Coterma recibi¨® 210 millones de pesetas en concepto de comisi¨®n por la venta de la sede del CNL (antiguo nombre de Grand Tibidabo) a la Generalitat de Catalu?a por 4.200 millones de pesetas.
Llu¨ªs Prenafeta, promotor de El Observador, y Joan Piqu¨¦ Vidal, abogado de De la Rosa, utilizaron las obligaciones convertibles de Grand Tibidabo para obtener financiaci¨®n bancaria. Las fuentes consultadas no. descartaron que en los pr¨®ximos d¨ªas se produzcan citaciones de nuevos inculpados en el caso en relaci¨®n con las operaciones relacionadas con el desv¨ªo de dinero hacia el diario nacionalista.
La Audiencia de Barcelona dict¨® que los abogados defensores de De la Rosa deben tener acceso a los informes del fiscal. Asimismo, la Audiencia se opuso a la concesi¨®n de la libertad para el financiero encarcelado.
Negativa a las entrevistas
Por otra parte, Antoni Isac, consejero de Justicia de la Generalitat, asegur¨® ayer que su departamento no autorizar¨¢ entrevistas en prisi¨®n a De la Rosa, a pesar de tratarse de una situaci¨®n similar al caso del ex director general de la Seguridad del estado, Juli¨¢n Sancrist¨®bal.
"En situaciones similares, nosotros pensamos de forma diferente", dijo Isac. "La competencia de la determinaci¨®n del regimen es exclusvia del departamento de Justicia y ante dudas, siempre se ha consultado con el juez de vigilancia penitenciaria, en casos de reclusos penados, y con el juez instructor para internos preventivos", a?adi¨®.
El juez Aguirre ha enviado un fax a la direcci¨®n general de Servicios Penitenciarios a de la Generalitat en la que se indica que este organismo no puede conceder entrevistas y le debe notificar a ¨¦l como juez instructor las solicitudes que haya para entrevistar al financiero, tal como establece el art¨ªculo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El presidente del grupo parlamentaria de IC, Joan Saura, acus¨® ayer al gobierno de la Generalitat de incumplir su compromiso de explicar ante el Parlamento catal¨¢n sus v¨ªnculos con las empresas de De la Rosa.
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