La posici¨®n de Garc¨ªa Vargas abre el debate sobre c¨®mo reducir el d¨¦ficit en un bill¨®n de pesetas en 1996

Las declaraciones de? ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, a favor de que el recorte presupuestario se haga en mayor medida sobre prestaciones sociales que sobre otras partidas levant¨® ayer una intensa polvareda. Otros miembros del Gobierno y partidos pol¨ªticos se manifestaron en contra. Las declaraciones de Garc¨ªa Vargas, en cualquier caso, han servido para abrir el debate sobre el volumen de gastos sociales que puede asumir la sociedad, la forma de financiar las prestaciones sociales y, principalmente, en d¨®nde reducir el bill¨®n de pesetas de d¨¦ficit en 1996, como pretende el Gobierno.

El vicepresidente del Gobierno y varios ministros, incluido el propio titular de Defensa, salieron ayer a matizar las declaraciones que el d¨ªa anterior hizo Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas sobre los problemas derivados del recorte presupuestario. Curiosamente, las centrales sindicales no quisieron hacer ning¨²n tipo de comentario al respecto y en el PP el portavoz de infraestructuras, Jes¨²s Posadas, dijo "que el recorte presupuestario deber¨ªa hacerse con cargo a los gastos corrientes y no a los de inversi¨®n".Narcis Serra afirm¨® que Garc¨ªa Vargas "comparte la prioridad del Gobierno de controlar el d¨¦ficit y que aplicar¨¢ el recorte que le corresponda a su ministerio". En la misma l¨ªnea se manifest¨® Javier Solana, titular de Exteriores, al se?alar que "proteger la protecci¨®n social obliga a tomar medidas o peque?os ajustes, de modo que se racionalice el gasto". Las ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, afirm¨® que "quiz¨¢ hay que racionalizar el gasto, pero es dif¨ªcil dar marcha atr¨¢s en el Estado del bienestar". El ministro de Defensa explic¨® ayer en la SER que para resolver al problema del d¨¦ficit "hay que buscar ingresos p¨²blicos nuevos".

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Mart¨ªnez Robles, dec¨ªa que "somos firmes defensores del mantenimiento del Estado de bienestar, pero todo esto exige esfuerzo y creo que Garc¨ªa Vargas ha querido se?alar esa dificultad de hacer compatible esto con los objetivos de industria, infraestructuras o defensa que tenemos".

El ministro de Trabajo, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, dijo en Par¨ªs que "en el Gobierno existe un pleno consenso sobre el mantenimiento del actual nivel de prestaciones sociales y sobre el reparto presupuestario", precisando, que "Garc¨ªa Vargas se limit¨® a: reaccionar con la l¨®gica contrariedad por los recortes sufridos en el presupuesto de su ministerio", informa Enric Gonz¨¢lez.

Aunque estas son las declaraciones p¨²blicas de los responsables del Gobierno, lo cierto es que el debate sobre el nivel del Estado de bienestar ha vuelto. Puede que no sea este a?o el momento de encontrar una soluci¨®n firme que permita reducir el d¨¦ficit p¨²blico de forma sustancial, pero si se quiere hacer realidad lo que se se?ala en Hacienda -"hay un plan de convergencia que se debe cumplir"- es necesario que se empiece a actuar sobre las grandes partidas del presupuesto, no sobre las peque?as.

Las grandes partidas

El ministro de Econom¨ªa, Pedro Solbes, ha dicho en repetidas ocasiones que en 1996 hay que reducir el d¨¦ficit p¨²blico en un bill¨®n de pesetas, lo que representa un crecimiento cero de los gastos para el pr¨®ximo a?o. Este ahorro, se?alan numerosos expertos del sector p¨²blico y del sector privado, "s¨®lo puede hacerse si se toman medidas en las grandes partidas de gastos -pensiones, salarios de funcionarios, subvenciones a empresas, gastos fiscales de empresas, gastos sanitarios...- y, no s¨®lo en las partidas presupuestarias".

"El Estado del bienestar tiene unos objetivos a los que no se puede renunciar", se?ala Jos¨¦ Juan Ruiz, director del Servicio de Estudios de Argentaria, "pero ello no significa que necesariamente el Estado tenga que ser el suministrador ¨²nico de los bienes y servicios que explican ese Estado del bienestar". Para Ruiz el objetivo de reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico debe acelerarse pero antes de actuar en temas sociales, puede ser preferible recortar las ayudas a las empresas, que, entre subvenciones p¨²blicas y privadas y asunci¨®n de p¨¦rdidas de las p¨²blicas representan tres billones de pesetas anuales".

"En alg¨²n momento habr¨¢ que cortar los gastos sociales" dice Carmen Alcaide, del BBV. "Si apenas hay ya margen de actuaci¨®n en los gastos corrientes, si no se puede apretar m¨¢s en los salarios de los funcionarios, si el recorte en inversi¨®n no puede avanzar ya mucho, son las otras partidas las que deben ajustarse", se?ala.

Medios cercanos a Econom¨ªa a?aden: "Si despu¨¦s de un presupuesto restrictivo como el de 1994, se da un respiro en 1995, resulta que el esfuerzo en 1996 tiene que ser mayor". La discusi¨®n se plantea en c¨®mo reducir algunos gastos o c¨®mo lograr ingresos adicionales que compensen partes de estos gastos porque lo que parece que no se plantea, al menos por ahora, es eliminar parte de los gastos sociales.

Desde la implantaci¨®n de alg¨²n impuesto indirecto que ayude a financiar parte de los gastos sanitarios que ahora se pagan con cargo a las cotizaciones sociales al pago -simb¨®lico o no- de algunas de estas prestaciones por parte de los usuarios mediante el ticket moderador.

La ecotasa, que se manej¨® el pasado verano, el pago de gastos no estrictamente sanitarios en los que se incurre cuando una persona es hospitalizada o el pago de una parte de los gastos cada vez que se acude al m¨¦dico igual que se hace con las medicinas, son algunas de las ideas que est¨¢n planteadas. Lo mismo que el establecimiento de alg¨²n impuesto con car¨¢cter finalista -la financiaci¨®n de las carreteras por sus usuarios, por ejemplo- y todo ello sin abrir a¨²n la discusi¨®n sobre la necesidad o no de que el Estado siga siendo el titular de las infraestructuras que se est¨¢n construyendo.