El fiscal pide 13 a?os para un ex jefe del Cesid por las escuchas en 'La Vanguardia'

La fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a solicita 13 a?os de c¨¢rcel para Fernando Rodr¨ªguez Gonz¨¢lez, ex coronel del Cesid e inculpado con mayor petici¨®n de pena en el caso de las escuchas ilegales descubiertas en 1993 en el diario La Vanguardia. La fiscal¨ªa pide cinco a?os de c¨¢rcel para Javier de God¨®, editor de La Vanguardia, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. A God¨® se le imputan tambi¨¦n otros seis delitos de descubrimientos de secretos por haber encargado, seg¨²n la acusaci¨®n, otros tantos pinchazos telef¨®nicos. Para cada uno de estos delitos, el fiscal solicita tres meses de privaci¨®n de libertad. La defensa de God¨® niega los cargos.

Un total de 16 personas figuran como implicadas en el escrito de calificaci¨®n de la fiscal¨ªa difundido ayer. Para Miguel Ruiz, nombre que oculta la identidad real de Mikel Legarza Egu¨ªa, un topo infiltrado en ETA en 1969, se solicita la misma pena que para God¨®, m¨¢s otros 10 meses de arresto por falsedad de DNI.El escrito del fiscal explica los servicios que prest¨® Miguel Ruiz, El Lobo, para el editor de La Vanguardia, y los que tambi¨¦n prest¨® el ex coronel del Cesid, Fernando Rodr¨ªguez Gonz¨¢lez. Respecto al primero, el fiscal sostiene que El Lobo fue contratado en 1990 para "obtener informaci¨®n de las actividades personales y profesionales de aquellas personas que Javier de God¨® consideraba antagonistas en sus actividades empresariales". El Lobo reuni¨® a un grupo de seis personas -tambi¨¦n acusadas en el proceso- para hacer los trabajos que en nueve ocasiones fueron pinchazos telef¨®nicos ilegales. Tres resultaron fallidos.

El Lobo orden¨® a las personas que hab¨ªa contratado la instalaci¨®n de los aparatos de escucha en los domicilios y despachos profesionales de Alberto Garrof¨¦, Carlos Fajardo -ambos antiguos directivos de la editora de La Vanguardia-, Rafael Jim¨¦nez de Parga, el periodista Carlos P¨¦rez de Rozas y Javier Gimeno de Priede, directivo de Antena 3. Las escuchas ilegales tuvieron lugar en distintos periodos entre la primavera de 1991 y octubre de 1992. La polic¨ªa localiz¨® las cintas varios meses despu¨¦s en un despacho de La Vanguardia. Estaban debidamente ordenadas y e n sus car¨¢tulas aparec¨ªan las palabras "Popeye", "Tirantes" y "Judas", en referencia a las personas espiadas.

Adem¨¢s de los pinchazos, los fiscales -Concha Tal¨®n y Jos¨¦ Maria Mena- sostienen en el escrito de acusaci¨®n que en 1992 la secretaria del editor, Gemma Guill¨¦n, encarg¨® a El Lobo, "cumpliendo ¨®rdenes de Javier de God¨®", la instalaci¨®n de cuatro micr¨®fonos en dependencias del rotativo: el despacho del propio God¨®, un anexo, un comedor privado y el despacho de la secretaria. El fiscal pide la misma pena a la secretaria que al editor.

Los fiscales sostienen que a finales de 1991 el antiguo mando del Cesid, Fernando Rodr¨ªguez Gonz¨¢lez, recibi¨® la orden de su superior, el director del CESID, Emilio Alonso Manglano, de ponerse en contacto con God¨® "tras haberle expresado ¨¦ste su desasosiego y preocupaciones por causas que no constan". Se trataba de una misi¨®n oficial, en la que Rodr¨ªguez Gonz¨¢lez actu¨® como "funcionario del CESID". El ex coronel qued¨® vinculado con la editora de La Vanguardia, la empresa TISA (Talleres de Imprenta SA) mediante un contrato firmado el uno de junio de 1993, por el que el ex mando del CESID "ejercer¨ªa funciones propias de asesor del presidente del grupo God¨®". Con la misma fecha Rodriguez Gonz¨¢lez firm¨® un segundo contrato con otra empresa del Grupo God¨®, Distribuci¨®n Domiciliaria.

Afirman los fiscales que el trabajo que God¨® encomend¨® al ex coronel "era de informaci¨®n sobre las personas que aqu¨¦l estimaba como adversarios en sus negocios, incluyendo actividades de seguimientos y grabaciones internas en La Vanguardia y externas a la misma". A?aden que fue el ex coronel quien hizo uso de una sociedad italiana, Aquarius Internacional, para instrumentar el pago de los servicios hechos al editor "como una supuesta retribuci¨®n por un banco de datos biogr¨¢ficos de personalidades de Italia".

Perplejidad de las defensas

Los fiscales creen que todo ello era una documentaci¨®n mendaz" para justificar la retribuci¨®n y entienden que constituye una falsificaci¨®n continuada en documento mercantil. Para el defensor del editor de La Vanguardia, Francesc Jufresa, no tiene sentido que la acusaci¨®n m¨¢s grave en un caso de escuchas telef¨®nicas ilegales sea una supuesta falsedad en documento, Seg¨²n Jufresa, las facturas no constituyen delito y est¨¢n justificadas desde el punto de vista fiscal. Jufresa insiste en que God¨® jam¨¢s orden¨® los pinchazos y califica el escrito de fiscal de "novela". La defensa de God¨® insiste en que el editor desconoc¨ªa que se utilizar¨¢n m¨¦todos ilegales.

Los fiscales acusan al ex coronel del Cesid, adem¨¢s, de un delito de infidelidad en la custodia de los documentos, ya que la polic¨ªa encontr¨®, en su despacho de La Vanguardia, nueve expedientes que extrajo del CESID cuando pas¨® a la reserva. Todos ellos estaban clasificados como "secretos".

Para los defensores, el escrito del fiscal es desproporcionado. Dos de los abogados, Jufresa -que representa a God¨®- y Fuster Fabra -que representa a El Lobo y al ex coronel-, insistieron en que todo el proceso judicial es nulo. Seg¨²n la defensa las pruebas se obtuvieron por una intervenci¨®n telef¨®nica de algunas l¨ªneas de La Vanguardia autorizada por la Audiencia Nacional para perseguir un supuesto delito de actividades terroristas del que no se obtuvieron indicios. En definitiva, esgrimen lo ocurrido en el llamado caso Naseiro.