L¨®pez Guerra advierte sobre el riesgo de falta de imparcialidad en los jueces que regresan de la pol¨ªtica

El a¨²n vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Luis L¨®pez Guerra, que el mi¨¦rcoles se reincorporar¨¢ a su c¨¢tedra universitaria, es partidario de "reforzar la imparcialidad e independencia en el proceso instructor, tanto del juez como del fiscal". "Al magistrado que vuelve de la pol¨ªtica" mat¨ªza, "hay que exigirle que sea muy cuidadoso" en aquellos casos con los que haya tenido alguna relaci¨®n: "Puede resultar muy peligroso para la imagen de la justicia que los procedimientos sean revocados porque un tribunal superior aprecie que se han vulnerado derechos del acusado por falta de imparcialidad del juez". El actual presidente del TC, Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero, se lalment¨® recientemente de que Baltasar Garz¨®n instruya el caso GAL ante las dudas sobre su objetividad. El anterior, Francisco Tom¨¢s y Valiente, dijo que deber¨ªa haberse abstenido.

El vicepresidente del Constitucional dice que la prisi¨®n provisional debe pedirla el fiscal L¨®pez Guerra, que regresa esta semana a su c¨¢tedra de Derecho Constitucional en la universidad de Extremadura, en C¨¢ceres, tras, cuatro a?os como letrado y nueve como magistrado, del TC, descart¨®, en declaraciones a Servimedia, su paso a la pol¨ªtica. Tambi¨¦n manifest¨® su intenci¨®n de dejar transcurrir el periodo legal de tres meses para la actualizaci¨®n cient¨ªfica: "Al salir del Tribunal es conveniente un tiempo para la reflexi¨®n y el distanciamiento".De cualquier forma, sobre la posibilidad de regular el trasvase de magistrados a la pol¨ªtica, indic¨®: "Cualquier revisi¨®n legislativa debe hacerse con cuidado, sin descalificar lo que de noble servicio a la sociedad tienen tanto los pol¨ªticos como los jueces". "No quiero decir", agreg¨®, "que vea obst¨¢culos para quien desde la. judicatura haya accedido a la pol¨ªtica o vuelva a su cargo de juez. La participaci¨®n en la pol¨ªtica no descalifica al que la desempe?a. Tenemos que acabar con la visi¨®n peyorativa del pol¨ªtico. La cultura de exigir a los jueces que no se contaminen con la pol¨ªtica es propia del pasado". "En pa¨ªses de amplia tradici¨®n democr¨¢tica, como Estados Unidos, los jueces los elige el presidente; generalmente, entre pol¨ªticos. El problema es asegurar su imparcialidad, ya que se puede afectar a la imagen que la sociedad tiene de la justicia", puntualiz¨®.

En cuanto a la instrucci¨®n del sumario y la prisi¨®n preventiva, L¨®pez Guerra piensa que la actual situaci¨®n deriva de una justificada desconfianza, durante generaciones, hacia el Poder Ejecutivo. "En Espa?a", afirm¨®, "la opini¨®n p¨²blica no se ha fiado de que los fiscales instruyeran el proceso porque consideraban que estaban influidos por el Gobierno. Yo creo que eso se ha superado. Resultar¨ªa de mayor garant¨ªa para las partes que la instrucci¨®n y la eventual prisi¨®n preventiva la dictara el juez a petici¨®n del fiscal. As¨ª habr¨ªa m¨¢s neutralidad por parte del juez en la instrucci¨®n, despu¨¦s de o¨ªr a las partes y menos protagonismo que el que tiene ahora".

"Eso tambi¨¦n exigir¨ªa reforzar la independencia del propio Poder Judicial y del ministerio fiscal respecto al Ejecutivo", continu¨®, "porque, si, como ahora, quien inicia el procedimiento decide la prisi¨®n provisional, de alguna forma ha tomado partido sobre la posici¨®n del acusado y eso le condiciona, inclus¨® psicol¨®gicamente, para revocar sus actuaciones".

"Quiz¨¢ sea penoso plantear esta reforma ahora, cuando las personas que suenan en los procesos en marcha son ricas y poderosas", agreg¨®, "pero alguna vez hay que reformar lo que no funciona, sin caer en el reformismo y contrarreformismo permanente y asegurando los elementos de continuidad que existen en el Estado, cualquiera que sea la ideolog¨ªa del Gobierno".

"Lo mismo digo del se?alamiento de la fianza", prosigui¨®: "Se podr¨ªa lograr mediante la autorizaci¨®n de avales. En los pa¨ªses angloamericanos hay empresas especializadas en prestar las fianzas, de las que el acusado s¨®lo paga un jugoso inter¨¦s".

Recientemente, el presidente del TC, Rodr¨ªguez-Pi?ero, calific¨® de "coincidencia desdichada" que la investigaci¨®n de los GAL est¨¦ en manos del magistrado Baltasar Garz¨®n. "La cuesti¨®n", afirm¨®, "no est¨¢ en la independencia, sino en su imparcialidad y objetividad". Sin decir con claridad si deb¨ªa abstenerse, resalt¨® que Garz¨®n "sali¨® a disgusto de la pol¨ªtica" y est¨¢ instruyendo un proceso "de trascendencia pol¨ªtica cuando ¨¦l mismo viene de la pol¨ªtica".

. A su vez, su predecesor en el cargo, Tom¨¢s y Valiente, s¨ª declar¨® de manera abierta que habr¨ªa sido "prudente o conveniente" que Garz¨®n se hubiera abstenido para evitar "el riesgo de una posible p¨¦rdida de la imparcialidad objetiva, lo que podr¨ªa ser motivo suficiente para la interposici¨®n de un recurso de amparo". "Ser¨ªa deseable"', concluy¨®, "la despersonalizaci¨®n del caso GAL", de tal manera que no se viese "como, una pugna entre el posible imputado y el juez".

Encuanto al riesgo de que el TC haya entrado, en ocasiones, en el ¨¢mbito de los jueces ordinarios y, en especial, del Supremo, L¨®pez Guerra afirm¨® que "el Alto Tribunal no puede sustituir a los ordinarios en su funci¨®n, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Sobre la corrupci¨®n, destac¨® el papel de la prensa en sacar a la luz delitos que el ministerio fiscal o la polic¨ªa no han sabido detectar "quiz¨¢ por falta de medios para casos tan complejos' como las redes de narcotr¨¢fico, los delitos econ¨®micos, el tr¨¢fico de influencias o las informaciones privilegiadas". "El derecho tiene que ajustarse permanentemente a la realidad social para que ¨¦sta no le desborde", concluy¨®, "porque esas conductas, como ha dicho el propio Gobierno, hay que perseguirlas caiga quien caiga".