Aquellos polvos

Cinco a?os despu¨¦s de que Alfonso Guerra saliese fiador ante el Pleno del Congreso de la actuaci¨®n de su hermano como asistente suyo en la Delegaci¨®n del Gobierno de Sevilla, los tribunales le impon¨ªan su tercera sentencia condenatoria. En diciembre de 1992, Juan Guerra fue castigado a un a?o de prisi¨®n por defraudar al Tesoro 43 millones de pesetas, resoluci¨®n que la Audiencia anular¨ªa despu¨¦s por falta de pruebas. En junio de 1994, el Supremo le conden¨® a seis a?os de inhabilitaci¨®n como inductor de un delito de prevaricaci¨®n cometido en Alcal¨¢ de Guadaira; la recalificaci¨®n de una parcela comprada por Juan Guerra a la empresa p¨²blica Ensidesa fue un "trato de favor" dispensado injustamente -seg¨²n establecen los hechos probados de la sentencia- por un Ayuntamiento de mayor¨ªa socialista al hermano del vicesecretario general del PSOE.La tercera condena fue dictada la semana pasada por la Audiencia Provincial, que sanciona a Juan Guerra con un a?o y medio de prisi¨®n por un delito de usurpaci¨®n de funciones; irregular okupa del despacho asignado a su hermano Alfonso en la Delegaci¨®n del Gobierno de Sevilla, sus ostentosos ejercicios de simulaci¨®n para aparentar poder enga?aron y escandalizaron al p¨²blico. Juan Guerra utilizo adem¨¢s esas dependencias oficiales para concluir negocios privados y para recibir "numerosas visitas" que le solicitaban "apoyo e intermediaci¨®n" en determinados asuntos o la pr¨¢ctica de "gestiones ante organismos y empresas p¨²blicas". Esa ins¨®lita patrimonializaci¨®n del Estado por un militante del PSOE ajeno a la funci¨®n p¨²blica muestra hasta d¨®nde llegaron en aquellos a?os la audacia y la sensaci¨®n de impunidad de los socialistas andaluces.Vistas desde 1995, las trapacer¨ªas de Juan Guerra suenan a broma; los traicioneros fraudes del ex gobernador del Banco de Espa?a, el pasmoso enriquecimiento del ex director de la Guardia Civil y el descarado reparto de los gastos reservados entre altos cargos de Interior dejan en mantillas aquella cutre rebati?a. Tal vez las modestas dimensiones de la acumulaci¨®n primitiva personal o familiar de riqueza apalancada por Juan Guerra se debieran ¨²nicamente a falta de oportunidades o a escasez de medios; nadie le puede arrebatar a ese truh¨¢n, sin embargo, el triste honor de haber marcado la principal divisoria de las aguas en la historia de permisividades y connivencias del Gobierno socialista frente a la corrupci¨®n. En efecto, el caso Guerra fue el prototipo artesanal de la estrategia dise?ada para tapar los esc¨¢ndalos que pudiesen implicar a dirigentes del PSOE o altos cargos gubernamentales: la f¨®rmula era aplazar la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas hasta que los tribunales hubiesen depurado mediante sentencia firme las responsabilidades penales del asunto.

Mientras la lentitud de la Administraci¨®n de la justicia y los recursos de apelaci¨®n a instancias superiores permit¨ªan demorar varios a?os la sentencia firme y enfriar los ¨¢nimos, el garantismo constitucional brindaba a los abogados la posibilidad de obstruir maliciosamente el proceso o de conseguir la nulidad de las actuaciones. Al tiempo, la invocaci¨®n extempor¨¢nea y abusiva de la presunci¨®n de inocencia pretend¨ªa que esa instituci¨®n procesal, creada exclusivamente para proteger a los justiciables frente al Estado, sirviese adem¨¢s de refugio sagrado ante las informaciones y las cr¨ªticas de la sociedad acerca de los esc¨¢ndalos. Aunque la estrategia dilatoria aplicada por el Gobierno para pudrir las situaciones procesales haya podido resultar temporalmente ¨²til a los acusados, ese torticero empleo de los mecanismos del Estado de derecho ha sido desastroso para el sistema democr¨¢tico: los polvos del caso Guerra, esto es, la negaci¨®n c¨ªnica de las evidencias, la utilizaci¨®n desviada de la presunci¨®n de inocencia y el recurso picaresco de aguardar a que la tormenta escampe, se hallan en los or¨ªgenes del actual lodazal de corrupciones y esc¨¢ndalos que ensucia nuestra vida p¨²blica.