La juez paraliza el expediente que la Guardia Civil abri¨® a los agentes de Colmenar por vejaciones

La juez Nuria Garc¨ªa de Lucas ha ordenado la paralizaci¨®n del expediente gubernativo abierto por la Direcci¨®n General de la Guardia Civil contra cuatro agentes de Colmenar Viejo (27.000 habitantes) por supuestas vejaciones. Los guardias, acusados de torturar a tres j¨®venes, ya fueron sancionados en noviembre tras una investigaci¨®n interna. El director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, sostuvo ayer en el Congreso que la orden judicial, del 17 de febrero, implica el aplazamiento de posibles nuevas sanciones hasta que se dicte sentencia. La acusaci¨®n, en cambio, mantiene que la juez -que se basa en que la instrucci¨®n sigue en marcha- carece de competencias para frenar este expediente.

Los hechos que motivaron el expediente gubernativo se remontan al pasado 21 de octubre de 1994, cuando varios agentes del cuartel de Colmenar se encontraban en el bar Color de la localidad. Por un motivo intrascendente se origin¨® una disputa. La trifulca, con varios guardias implicados, no par¨® hasta la llegada de la Polic¨ªa Municipal.Al d¨ªa siguiente fueron detenidos Cecillo Rodr¨ªguez Mart¨ªn, de 19 a?os; Pedro Rodr¨ªguez G¨®mez, de 25 a?os, y J s¨¦ Luis Vilanova, de 20. Se les acus¨® de agredir a los guardias en el bar, extremo que ha sido desmentido por los detenidos. En el cuartel fueron amenazados, insultados y torturados, siempre seg¨²n su denuncia.

Entre las supuestas vejaciones, destaca la perpetrada por el denominado doctor Tricornio: un hombre corpulento que entr¨® en el calabozo en actitud amenazante y vestido con albornoz, bermudas negros, guantes de boxeo y un tricornio.

Tras la denuncia presentada por los detenidos, la Guardia Civil abri¨® una investigaci¨®n interna. El expediente, instruido por el teniente coronel Manuel Gasc¨®n, fue cerrado el 27 de noviembre y remitido a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil. A causa del informe el instituto armado orden¨®, por "actos y expresiones vejatorias", el arresto domiciliario y el cese en sus -funciones de cuatro agentes de Colmenar -entre ellos los dos cabos primeros Miguel ?ngel Izquierdo Vega y Francisco Jos¨¦ Chicoa-.

Al cese, con una duraci¨®n m¨¢xima de tres meses, sigui¨® la apertura de un expediente gubernativo por el que el Ministerio de Justicia e Interior pod¨ªa imponer sanciones superiores. B¨¢sicamente, el cese del -destino en la Guardia Civil entendi¨® entonces que estas nuevas medidas no paralizaban la acci¨®n de la justicia pasado 17 de febrero, sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Colmenar, Nuria Garc¨ªa de Lucas, dict¨® una providencia por la que solicitaba a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil que le informase sobre la situaci¨®n del expediente gubernativo -el segundo- y que, en caso de encontrarse en fase de tramitaci¨®n, procediese a su paralizaci¨®n "por encontrarse el juzgado instruyendo diligencias previas".

La orden judicial ha causado estupor en la acusaci¨®n, informa Soledad Gallardo. Teodoro Mota, de la Asociaci¨®n contra la Tortura, se?al¨® que la juez no s¨®lo carece de competencias para paralizar un expediente gubernativo o administrativo de orden interno, sino que, incluso si de tal expediente derivase en sanciones, ¨¦stas no ser¨ªan incompatibles con la condena judicial.

La decisi¨®n de la juez, empero, sirvi¨® ayer al director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, para responder en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso a una pregunta de IU sobre la aplicaci¨®n de las sanciones a los guardias. Ferran manifest¨® que no se impondr¨¢n las posibles nuevas sanciones disciplinarias que se deriven del expediente hasta que se dicte sentencia.