El Gobierno de Aznar otorg¨® ayudas a Renasa obviando los informes negativos
Octavio Granado, el procurador que llev¨® las acusaciones del PSOE de Castilla Y Le¨®n en el caso de la miner¨ªa, reiter¨® ayer que el Gobierno aut¨®nomo, bajo la presidencia de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, otorg¨® en 1988 tres subvenciones a la empresa Renasa para la ejecuci¨®n de otros tantos estudios sobre el sector minero en la regi¨®n, por un importe global de 135,78 millones de pesetas. Una de ellas, de 56 millones de pesetas, fue firmada por Aznar a causa de la cuant¨ªa. En la concesi¨®n de las ayudas, seg¨²n los documentos que obran en poder del fiscal, se incumplieron las condiciones impuestas para el otorgamiento de este tipo de ayudas.
Las ayudas solicitadas por Renasa lo fueron en julio de 1988.En esa fecha esta sociedad no contaba con ninguna delegaci¨®n ni trabajadores en la comunidad aut¨®noma y carec¨ªa de actividad y propiedades mineras, requisitos indispensables para obtener este tipo de ayudas.Esto ¨²ltimo aparece probado en el proceso judicial, seg¨²n Granado, procurador que ejerci¨® la acusaci¨®n particular. Y de acuerdo con datos del PSOE, la empresa Renasa reconoci¨® que ten¨ªa s¨®lo seis trabajadores en Madrid. Renasa aport¨® pruebas de propiedad sobre dominios mineros una vez iniciada la investigaci¨®n por las Cortes regionales, con una sola declaraci¨®n jurada de Rufino Gea Javaloy, representante de la empresa. Pero la declaraci¨®n se presenta con fecha posterior al otorgamiento de las ayudas, y las participaciones en estas, propiedades, en alg¨²n caso, llevan la misma fecha en la que se concede la subvenci¨®n, seg¨²n documentos aportados por el PSOE al fiscal.
Este documento jurado tiene, adem¨¢s, la peculiaridad de carecer de sello de registro de entrada en alguno de los departamentos de la Junta y fue incorporado al expediente de investigaci¨®n el 3 de enero de 1989.
No es la ¨²nica pecualiaridad de este asunto. El Servicio Territorial de Minas de Le¨®n, seg¨²n documentos a los que ha tenido acceso El PA?S, inform¨® desfavorablemente sobre la subvenci¨®n solicitada por Renasa -el 85% del importe del proyecto-, por no tener como objetivo la puesta en valor econ¨®mico de los recursos mineros. A pesar del informe desafavorable, la Junta concedi¨® la ayuda.
El PP rechaz¨® el pasado jueves que Aznar subvencionara con 56 millones a una empresa fantasma y ha se?alado que no hubo subvenciones a Renasa sino un pago por un servicio a una empresa asesora, aunque en la documentaci¨®n se habla de subvenciones.
En Valladolid, seg¨²n informa Francisco Forjas, el parlamentario socialista burgal¨¦s, Octavio Granado, asegur¨® ayer tener pruebas. documentales "de que el PP utiliza argumentos enga?osos en la pol¨¦mica sobre las subvenciones a la miner¨ªa" y, en concreto, a la empresa Renasa.
En contra de lo manifestado por el portavoz del Partido Popular, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, el socialista Granado afirm¨® que "Renasa s¨ª pidi¨® una subvenci¨®n, tal como prueba el informe de los t¨¦cnicos de la Junta en el que aconsejaban desestimar la solicitud de ayuda Por no ajustarse a lo previsto en el decreto que regulaba las ayudas a la miner¨ªa".
Tres estudios
Los trabajos en cuesti¨®n son El an¨¢lisis estructural de los costes de la miner¨ªa del carb¨®n en la autonom¨ªa de Castilla y Le¨®n y recomendaci¨®n para una pol¨ªtica de reducci¨®n de los mismos, el segundo informe por importe. de 56 millones y que hubo de ser autorizado por Aznar, lleva por t¨ªtulo: Riesgos geol¨®gicos en la explotaci¨®n de carb¨®n de la Comunidad de Castilla y Le¨®n, y el tercero, se titula Creaci¨®n de una base de datos de los indicios de minerales y arcillas industriales en Castilla y Le¨®n (Zona Central de la Cuenca del Duero).
Los socialistas subrayan que, en cualquier caso, los estudios encargados a Renasa pod¨ªa haberlos realizado en mejores condiciones empresas como Adaro. El PSOE pone de relieve que Aznar no s¨®lo aval¨® con su firma unal de las tres subvenciones a Renasa, debido a que exced¨ªa de50 millones, sino que firm¨® otras tres de 56,5 millones, de 66 millones y de 84 millones para Antracitas de Fabero, Mina Adelina y Minas de Valdesamario, respectivamente, a pesar de que sus expedientes administrativos no reflejaban las inversiones realizadas, seg¨²n cada caso.
Todas estas cuestiones forman parte del caso de la mineria cuyo juicio en el Tribunal Supremo est¨¢ a punto de fijarse fecha. El ex consejero de Econom¨ªa de Aznar y hoy senador, Miguel P¨¦rez Villar; su esposa Rosa Carballo (que asesoraba en su despacho profesional de Le¨®n a empresarios mineros de la asociaci¨®n provincial del sector, APEMA) y el entonces director general de Econom¨ªa Javier Valenzuela son los acusados en el caso (ver EL PA?S de 15 de mayo de 1990). La Junta otorg¨® en 1988 un total de 1. 520 millones de pesetas en ayudas al sector minero y 1.355 millones al a?o siguiente.
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