Los socios de PSV que han renunciado a su piso podr¨¢n recibir del Estado el 75% del dinero que han aportado

Los 4.500 dados de baja de PSV -aquellos socios que han renunciado a obtener un piso y exigen la devoluci¨®n de su dinero- van a salir mejor parados que el resto de los acreedores de la cooperativa en suspensi¨®n de pagos. El Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) ha sido autorizado para comprar el 75% de la deuda de PSV con los socios excluidos, que asciende a 8.900 millones de pesetas. En suma, los dados de baja que acepten una quita del 25% recibir¨¢n su dinero sin necesidad de esperar tres a?os.En circunstancias normales los socios dados de baja tendr¨ªan que acudir a las juntas de acreedores. Las condiciones m¨¢s probables que acordar¨¢n esas juntas ser¨¢n una quita del 20% y un plazo de espera de tres a?os. Para los dados de baja que renuncien al 25% de sus aportaciones, ser¨¢ el ICO quien acuda como acreedor a las juntas y asuma ese plazo de espera en su lugar.

Ayudas a Valdebernardo

No s¨®lo los socios dados de baja van a beneficiarse de las nuevas inyecciones de dinero p¨²blico en la cooperativa de viviendas. El Consejo de Ministros aprob¨® ayer una aportaci¨®n de 6.000 millones de pesetas en tres a?os para contribuir a la financiaci¨®n de la promoci¨®n de Valdebernardo en Madrid. La gesti¨®n de Valdebernardo -la mayor promoci¨®n de PSV, con unos 3.000 pisos proyectados- corre a cargo de la sociedad estatal SEGISA, constituida ex profeso para ese prop¨®sito, y participada mayoritariamente por Obras P¨²blicas y la Comunidad de Madrid.

Los 650 millones de capital social de SEGISA se quedan manifiestamente cortos en relaci¨®n con el desfase patrimonial de Valdebernardo -cuyos pasivos superan a los activos en 1.320 millones- y con el d¨¦ficit de tesorer¨ªa previsto para los pr¨®ximos tres a?os. ?ste d¨¦ficit, debido a que los pagos ir¨¢n m¨¢s r¨¢pido que los cobros, supone unos gastos financieros de casi 3.500 millones. Las nuevas ayudas pretenden paliar estos desfases. El frente judicial del caso PSV sigue entretanto su curso. Los abogados defensores de UGT, del exsecretario de finanzas del sindicato Paulino Barrab¨¦s y del exgerente de PSV Carlos Sotos solicitaron ayer a la Audiencia Nacional que rebaje la fianza, de 42.000 millones, que el juez Miguel Moreiras impuso a la cooperativa y al sindicato en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. El abogado de UGT, Jos¨¦ Manuel Chinchilla, adujo que el sindicato no se considera responsable civil y advirti¨® que un eventual embargo de los bienes de UGT supondr¨ªa un perjuicio "no justificable" al derecho de libertad sindical.