Perpetuar a los vencidos

El retorno a Catalu?a de una parte de los documentos que hoy est¨¢n en el Archivo de Salamanca debe tratarse con serenidad, sin demagogia, pero con claridad pol¨ªtica. Porque el tema fue pol¨ªtico en su origen y s¨®lo una soluci¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico puede zanjar definitivamente esta cuesti¨®n.En 1939 la documentaci¨®n requisada por las tropas franquistas durante la Guerra Civil fue clasificada por los Servicios del Estado Mayor del Ej¨¦rcito quienes, de forma un tanto arbitraria, la dividieron en dos partes: una fue a parar al Archivo Hist¨®rico Militar, donde a¨²n permanece; y con la otra se cre¨® el Dep¨®sito Documental de Salamanca -no archivo- donde a su vez la documentaci¨®n fue dividida en dos: la Secci¨®n Militar y la Secci¨®n Pol¨ªtico-Social. La propia denominaci¨®n de las secciones ya indicaba el destino de esos fondos: servir de base informativa para el Tribunal Especial de Represi¨®n de la Masoner¨ªa y Comunismo, organismo creado en 1940 y que no fue suprimido hasta 1963. Por ello el Dep¨®sito de Salamanca dependi¨® exclusivamente de la Presidencia de Gobierno hasta la orden del 7 de mayo de 1979 (BOE del 21-6-1979). As¨ª, durante casi 30 a?os aquello no fue un archivo hist¨®rico sino un dep¨®sito documental que formaba parte del aparato represivo del r¨¦gimen franquista.

Justicia

Por lo tanto, fue en 1979, hace casi 16 a?os, cuando se cre¨® realmente la Secci¨®n de Guerra Civil de Salamanca, dependiente del Archivo Hist¨®rico Nacional, y cuando finalmente los historiadores pudieron libremente consultar sus fondos, pese a su deficiente clasificaci¨®n -realizada con criterios policiales- y a la precaria conservaci¨®n de buena parte de ellos. Este cambio, producido en el inicio de la transici¨®n, coincidi¨® con las peticiones formales catalanas de retorno de la documentaci¨®n incautada: solicitud del senador Josep Benet (1979), votaci¨®n un¨¢nime del Parlament -incluida Alianza Popular- (1981), petici¨®n de la Conseller¨ªa de Cultura (1982). En ese ¨²ltimo ano se firm¨® un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat que no solucionaba en absoluto la cuesti¨®n ya que s¨®lo permit¨ªa que la instituci¨®n catalana se hiciera cargo del coste de la clasificaci¨®n, catalogaci¨®n y microfilmaci¨®n de la documentaci¨®n perteneciente a la Generalitat republicana. Despu¨¦s vinieron a?os de silencios administrativos, de buenas palabras y nada m¨¢s. Y ahora, finaImente, cuando la actual ministra de Cultura propone, en un acto de pura justicia democr¨¢tica, restituir la documentaci¨®n que fue sustraida de forma ilegal y violenta surgen protestas apasionadas y se abre un debate que amenaza adquirir tonos demag¨®gicos.Si se analiza pol¨ªticamente esta cuesti¨®n, se habr¨¢ de convenir que negarse a la restituci¨®n de esos fondos a sus leg¨ªtimos propietarios equivale a sancionar aquella acci¨®n incautadora realizada "manu militari". Porque no se le d¨¦ m¨¢s vueltas: no querer reparar una actuaci¨®n pol¨ªtica represiva implica darla por buena, aceptarla. Si es as¨ª, eso debe explicitarse. Y por ello debe recordarse p¨²blicamente a los pol¨ªticos, archiveros e historiadores qu¨¦ se oponen al retorno de esos fondos que su actitud implica no desear que se supere el esp¨ªritu de divisi¨®n creado por la Guerra Civil; que est¨¢n defendiendo que en la Espa?a democr¨¢tica contin¨²e existiendo lo que no deja de ser, de hecho, el "archivo de los vencidos". Lo que s¨ª constituye una "afrenta" a la memoria de lo que signific¨® la Guerra Civil es pretender perpetuar la discriminaci¨®n y el expolio del que fueron objeto los que perdieron la contienda.

Deben hacerse, aunque considero que no constituyen el n¨²cleo del problema, algunas precisiones a los que argumentan razones t¨¦cnicas o profesionales para oponerse al retorno de dicha documentaci¨®n a Catalu?a. Afirmar que la unidad del Archivo de Salamanca se rompe si salen los fondos catalanes es falso. Nunca ese archivo ha tenido lo que en t¨¦cnica archiv¨ªstica se considera "car¨¢cter unitario": ni en Salamanca est¨¢ depositada toda la documentaci¨®n de la Guerra Civil, ya que est¨¢ dispersa en numerosos archivos p¨²blicos (en el Archivo Hist¨®rico Militar, en el de Presidencia del Gobierno, en el Hist¨®rico Nacional de Madrid, en el General de la Administraci¨®n en Alcal¨¢, etc¨¦tera); ni sus fondos tienen una cronolog¨ªa coherente (hay mucha documentaci¨®n anterior a la Guerra Civil, incluso del siglo pasado). Adem¨¢s hay una enorme variedad con respecto a la propia procedencia de la documentaci¨®n (Generalitat, delegaci¨®n del Gobierno Vasco en Barcelona, Congreso de los Diputados ayuntamientos, asociaciones, partidos, sindicatos, malicias, logias mas¨®nicas, particulares -de personalidades tan dispares como Francesc Maci¨¤ -muerto en 1933- Francesc Camb¨®, Joan Casanovas, Federica Montseny, Llu¨ªs Nicolau d'Olwer o Marcelino Domingo; e incluso territorialmente, la procedencia es variada y dispar: predomina la documentaci¨®n de Catalu?a, Madrid, Arag¨®n y Pa¨ªs Valenciano, pero es reducida la de Andaluc¨ªa o del Pa¨ªs Vasco, por citar territorios de la zona republicana; con respecto a la zona franquista, la documentaci¨®n es escas¨ªsima. Realmente lo ¨²nico unitario del archivo de Salamanca fue la forma de llegada de los fondos: no como unos dep¨®sitos voluntarios sino como fruto del expolio pol¨ªtico realizado por el ej¨¦rcito franquista: se trata, de hecho, del archivo de la "ocupaci¨®n" de la zona republicana.

Solidaridad

Lo que s¨ª son criterios elementales de t¨¦cnica archiv¨ªstica son el respeto al origen y a la procedencia de los fondos, y ello obligarla a que prevaleciera el restablecimiento de la unidad originaria de la documentaci¨®n de la Generalitat. Y esa unidad fue rota por la incautaci¨®n realizada en 1939, pese a que, felizmente, las tropas franquistas no localizaron todos los fondos de la Generalitat y una parte de su documentaci¨®n permaneci¨® en Barcelona. Por otra parte, afirmar que el retorno a Catalu?a de los fondos incautados es "dar marcha atr¨¢s a la historia" no me parece un argumento que pueda sostenerse con rigor. Mala opci¨®n es defender como principal criterio la pol¨ªtica de los hechos consumados, que consagra las injusticias, mantiene pendientes los litigios y s¨®lo responde al t¨ªpico pragmatismo con el que, con demasiada frecuencia, act¨²an los que no quieren llegar al fondo de los problemas para resolverlos. Tambi¨¦n hay quien afirma, para oponerse al traslado de los fondos catalanes, que eso abrir¨ªa la "veda" a peticiones similares. Pues claro que s¨ª. ?O es que se pretende devolver lo incautado a unos s¨ª y a otros no? Seamos consecuentes. El car¨¢cter pol¨ªtico que imper¨® en la formaci¨®n de ese fondo documental obliga a que todas las instituciones, partidos y asociaciones, e incluso particulares, que hoy puedan garantizar realmente la custodia, conservaci¨®n y libre consulta de la documentaci¨®n que les fue expropiada tengan el derecho a recuperarla. Y eso vale tanto para catalanes como para madrile?os, vascos, asturianos, andaluces o valencianos.Algo malo debe pasar hoy en la pol¨ªtica espa?ola cuando hay que recordar, incluso a personas de claro pasado anti-franquista, cosas tan evidentes como que no puede dejarse pendiente de resoluci¨®n una cuesti¨®n pol¨ªtica como esta y que frente a las presiones localistas y gremialistas debe prevalecer siempre el principio de la reparaci¨®n de las injusticias. Pienso que si los dem¨®cratas salmantinos, y entre ellos su alcalde, se pararan a pensar, con calma y sin pasi¨®n, la real trascendencia de esta cuesti¨®n, no s¨®lo comprender¨ªan las justas razones de los que solicitan que se les devuelva aquello que se les quit¨® por la fuerza, sino que adem¨¢s aceptar¨ªan eso como un acto de solidaridad y generosidad democr¨¢tica.