Granados consigue el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala para quitar a Garz¨®n "los papeles de Laos"

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, consigui¨® ayer lo que buscaba: el respaldo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala a su tesis de que la competencia del caso de los papeles de Laos corresponde a los juzgados de instrucci¨®n de Madrid, y no al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n. Por 11 votos a favor, tres en contra y una abstenci¨®n, los fiscales de Sala la m¨¢xima categor¨ªa dentro de la carrera fiscal- consideraron que los hechos que ahora investiga Garz¨®n (la falsificaci¨®n de documentos supuestamente de los ministerios deJusticia e Interior de Laos, con los que se atrap¨® a: Luis Rold¨¢n) pueden constituir un delito de uso en Espa?a de la firma falsa del ministro de una potencia extranjera, previsto en el art¨ªculo 270 del C¨®digo Penal. Por ello, alegan, su conocimiento corresponde a los juzgados de Madrid, y as¨ª lo pedir¨¢n.

El criterio, no vinculante, de los fiscales de Sala ha servido a Carlos Granados para reafirmar su criterio de que la competencia de los papeles de Laos no es de la Audiencia Nacional. Ahora falta la decisi¨®n de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el mis mo asunto, que se conocer¨¢ hoy. La Audiencia madrile?a resolver¨¢ despu¨¦s de que la juez Mar¨ªa Tard¨®n, a la que correspondi¨® inicialmente la denuncia presentada por el ex director de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n, se inhibiese en favor de Garz¨®n por entender que ella no era competente al tratarse de un presunto delito de falsificaci¨®n cometido por espa?oles en el extranjero. No obstante, ninguna de las dos decisiones obligar¨¢ a Garz¨®n a dejar un caso que nunca ha reclamado para s¨ª y que le ha tocado por reparto. De hecho, por ahora ¨²nicamente el abogado del Estado de la Audiencia Nacional, Rafael Orbe, le ha: pedido que ceda la investigaci¨®n, pero a Ana Ferrer, titular del juzgado n¨²mero 16, y no a la juez Tard¨®n como quiere Granados.

Garz¨®n decidir¨¢

El magistrado mientras tanto ha dado traslado a las partes para que le informen de su opini¨®n. Garz¨®n deber¨¢ resolver si se queda el caso o lo remite bien a los juzgados de Madrid, bien al Tribunal Supremo. Esta segunda posibilidad se dar¨ªa si considerase que hay alg¨²n aforado implicado en el delito que se investiga. Contra su decisi¨®n cabr¨ªa recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es en ese momento procesal en el que el fiscal del Estado pretende que se defienda el criterio aprobado ayer.

Granados gan¨® la votaci¨®n y tambi¨¦n acept¨® la renuncia del fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, quien manten¨ªa un criterio diferente respecto a qu¨¦ juez deb¨ªa instruir el caso. La solicitud de relevo de Rubira se incluy¨® en el informe que ley¨® ante la junta el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Aranda.

El fiscal del Estado, en una actitud muy conciliadora, seg¨²n alguno de los asistentes, destac¨® que tanto Rubira como ¨¦l hab¨ªan actuado movidos por criterios estrictamente t¨¦cnico-jur¨ªdicos, y a?adi¨® que hab¨ªa decidido o¨ªr al m¨¢ximo ¨®rgano consultivo de la carrera fiscal en cuestiones de orden t¨¦cnico para resolver la discrepancia con Rubira y por la necesidad de unificar los criterios contrapuestos por imperativo del principio constitucional de unidad del Ministerio Fiscal.

La votaci¨®n se resolvi¨® con 11 votos a favor del criterio de Granados, tres en contra los de Miguel Ib¨¢?ez, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas; Enrique Abad, fiscal antidroga, y Jes¨²s Vicente Chamorro, de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo- y una abstenci¨®n -la de Jos¨¦ Aranda, superior jer¨¢rquico directo de Rubira-

Chamorro y los otros dos discrepantes mantuvieron que lo correcto era mantener la competencia de la Audiencia Nacional porque, en su opini¨®n, se trata de un delito de falsificaci¨®n de documentos previsto en el art¨ªculo 302 del C¨®digo Penal y presuntamente cometido en el extranjero. Frente a ellos, Granados sostuvo que el delito se consum¨® precisamente por el uso en Espa?a del documento falso. Debe entenderse, aleg¨®, que el delito fue cometido en Espa?a, "dond efectivamente se han utilizado los documentos falsos, con independencia de cu¨¢l sea el lugar de su confecci¨®n, que todav¨ªa no consta acreditado".

El criterio del fiscal del Estado, seg¨²n ¨¦l mismo hizo p¨²blico ayer, no se esgrimir¨¢ inmediatamente planteando una nueva declinatoria de jurisdicci¨®n a Garz¨®n y retirando el informe que el fiscal Aranda present¨® en su d¨ªa al magistrado. Granados puso de manifiesto que hay que procurar evitar cualquier paralizaci¨®n de la investigaci¨®n de los hechos, por lo que el criterio acordado ayer" se har¨¢ valer procesalmente en el momento legalmente adecuado".

Esto quiere decir que si la Audiencia de Madrid decidiese hoy que la competencia es del juez Garz¨®n, la fiscal¨ªa estudiar¨ªa la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Supremo. En el caso de que Garz¨®n resolviese que ¨¦l es el competente, la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se ver¨ªa obligada a seguir el criterio expuesto por Granados y presentar¨ªa un recurso en favor de que el magistrado remita el proceso a los juzgados de instrucci¨®n de Madrid.