Del caso GAL

Javier Mar¨ªas (El Pa¨ªs, 1-2-95) se indigna con un periodista que "se atrevi¨® a decir [ ... ] que probablemente la mayor¨ªa de los espa?oles apruebe la existencia del GAL y que 'se asesine a los asesinos'...". Por su parte, el llamado manifiesto de los intelectuales El gobierno y los GAL (El Pa¨ªs, 14-1-95) incurre en lo que mi malogrado amigo don Jacinto Batalla y Valbellido llamaba "hacer el mismo agujero por el otro lado del tabique", donde dice: "Recordamos a la opini¨®n p¨²blica que gran parte de los 26 asesinados y de los muchos heridos por las actuaciones de este grupo no ten¨ªan ninguna relaci¨®n con ETA, y otros eran supuestos miembros de esa banda, con derecho, hasta que no hubiese sentencia condenatoria, a la presunci¨®n de inocencia que ahora reclaman para s¨ª los inculpados de promover los GAL; sentencia que nunca habr¨ªa sido de pena de muerte, abolida en nuestras leyes". No cabe interpretar esta advertencia m¨¢s que bajo el intento de hacer valer como agravantes tales circunstancias. Pero, considerar como agravante el que las v¨ªctimas sean inocentes y considerar como atenuante o eximente el que sean "asesinos" ?no son acaso el anverso y el reverso de la mism¨ªsima moneda?Como no creo que el esgrimir la inocencia de las v¨ªctimas se deba a que los firmantes comparten tal criterio, he de pensar que la cl¨¢usula responde al deseo de concitar la aquiescencia de un supuesto sentir mayoritario. Pero si hay un asunto que reclama de modo perentorio que personas instruidas como los firmantes del panfleto no caigan, en aras de la eficacia, en circunspectas concesiones demag¨®gicas es justamente el que ata?e a las inciertas y errantes actitudes populares en la valoraci¨®n del homicidio, provenientes de la vetusta tendencia a inficcionar la cualificaci¨®n jur¨ªdica del homicidio con una moralidad elemental que admite por criterio pertinente la calidad moral previa y ajena al homicidio mismo de las personas que encaman el papel de matador y el de matado y aun, peor todav¨ªa, la comparaci¨®n entre una y otra. Hacer valer como agravante o atenuante semejantes circunstancias es ir en contra de toda tradici¨®n jur¨ªdica, que, siempre escrupulosa en no juzgar personas sino acciones, se ci?e en lo posible a la acci¨®n delictiva por s¨ª misma. Todo lo dem¨¢s es incurrir en esa confusa instancia de confecci¨®n casera que podr¨ªamos llamar "justicia comparativa" o "perversi¨®n moral de la justicia". Si se me admite ilustrarlo con un ejemplo absurdo hasta el rid¨ªculo, el agravante de nocturnidad no se refiere a que el homicida sea un noct¨¢mbulo sino a que el homicidio se cometi¨® de noche, y el atenuante de embriaguez no se refiere a que el homicida sea un borracho habitual sino a que estaba borracho al cometer el crimen. La justicia no puede permitirse desplazar un punto el fiel de su balanza dej¨¢ndose conmover por concesiones a la moral dom¨¦stica capaces de hacerle olvidar por un instante que para ella no hay buenos y malos, lo que la jerga judicial expresa como "no hacer acepci¨®n de personas".

Pero, desgraciadamente, a¨²n sigo pensando que el impulso decisivo en el esclarecimiento y la final condena de aqu¨¦l tristemente famoso "Caso de Almer¨ªa" no lo aport¨®, en modo alguno, el crimen en s¨ª mismo, sino la circunstancia del error. Fue el clamoroso esc¨¢ndalo del p¨²blico ante el hecho de que los truculentos homicidios recayesen, como dir¨ªa un norteamericano, sobre "Ias v¨ªctimas equivocadas" lo que oblig¨® a los poderes p¨²blicos -y bien a su pesar, probablemente- a tomarse minimamente en serio la cuesti¨®n; sigo pensando que si los tres muchachos hubiesen sido, tal como en un principio se crey¨®, tres etarras, las investigaciones apenas habr¨ªan pasado, como mucho, de un puro tr¨¢mite formal y rutinario de resultados pr¨¢cticamente equivalentes a una operaci¨®n de encubrimiento.

Casos extremos como ¨¦ste, en el que la calificaci¨®n jur¨ªdica del triple homicidio deber¨ªa haber sido rigurosamente id¨¦ntica con error o sin ¨¦l -o sea, sin que el hecho de que las v¨ªctimas fuesen tres chicos inocentes tuviese valor alguno de agravante, ni el de que hubieran sido tres etarras hubiese podido tenerlo de atenuante-, son los que encarecen la necesidad de rechazar la funesta moralizaci¨®n de la justicia, que se expresa en la conocida sentencia popular: "El que roba a un ladr¨®n tiene cien a?os de perd¨®n". Ni la calidad moral de la persona que encarna al matador, ni la de la que encarna al matado forman parte de la acci¨®n delictiva por s¨ª misma, y son, por tanto, jur¨ªdicamente irrelevantes. Pero, sea cual fuere actualmente el arraigo de hecho de aquella desviaci¨®n popular, mi cuesti¨®n es aqu¨ª el grav¨ªsimo abuso de apelar a ese cierto o presunto prejuicio moralizador por parte de aquellos que, desde situaciones de poder y de influencia en la pol¨ªtica o en los medios de opini¨®n, traicionan las responsabilidades p¨²blicas que deber¨ªan exigirse, acomodando y redirigiendo sus opiniones y juicios de valor en torno al caso de los GAL en el sentido que les parece m¨¢s propicio conforme al excluyente principio de maximizaci¨®n de la rentabilidad pol¨ªtica.

La tesis de Abc (5-2-95) de que el gobierno trataba de atraer con "la muleta del GAL la atenci¨®n p¨²blica, para desviarla de la corrupci¨®n, se me antoja otra muleta de Abc pero en sentido inverso, o sea, para volver a tirar del electorado hacia el terreno de la corrupci¨®n, y no s¨®lo por creerlo pol¨ªticamente m¨¢s rentable para la oposici¨®n, sino tambi¨¦n por la cong¨¦nita incondicionalidad del diario hacia las Fuerzas de Orden P¨²blico -queda en beaterio si llevan la divisa verde botella-negro acharolado. Es cierto que cada vez han reiterado su adhesi¨®n al Estado de Derecho con la invariable expresi¨®n "caiga quien caiga", pero como una rutina demasiado enf¨¢tica para no hacer pensar en quien le pone una vela a Dios s¨®lo para poder ponerle otra al diablo (lo que al cabo no es sino ponerle dos velas al diablo).

Pero este indecente populismo de apelar a la funesta moralizaci¨®n de la justicia no se prodiga menos en la pr¨¢ctica del gobierno y su partido que en la de esos medios de la oposici¨®n, y sin que la orientaci¨®n hacia opuestos intereses menoscabe la fraternal concordia de criterios. Reducir¨¦ hasta el m¨ªnimo las muestras de mi hemerograf¨ªa. Ya el editorial de Abc del 22-12- 94 dec¨ªa: "... lo que tampoco cabe olvidar es la impresionante ejecutoria de servicios que gentes como Miguel Planchuelo, Francisco ?Ivarez, o Julio Hierro han prestado al Estado, tantas veces con desprecio de sus propias vidas. No avalamos la impunidad en el eventual caso de culpabilidad [vela al dios del Estado de Derecho]. S¨ª queremos subrayar ante la opini¨®n p¨²blica que no son unos 'chorizos'; no se han enriquecido; no son corruptos; no son 'roldanes', 'salanuevas', 'juanesguerra'...". Por su parte, Rafael Vera (El Pa¨ªs, 3-2-95, entrevista) dec¨ªa: "De lo que se trata es de echar porquer¨ªa contra m¨ª. Una cosa es el GAL sin corrupci¨®n econ¨®mica y otra es el GAL con corrupci¨®n econ¨®mica. El GAL sin corrupci¨®n econ¨®mica puede ser entendido, aceptado y hasta aplaudido en algunos sectores de la sociedad". Poco m¨¢s tarde (Abc, 18-2-95), Carrascal ratifica y complementa: "Porque el GAL no son s¨®lo secuestros, atentados y asesinatos. Son tambi¨¦n muchos millones de pesetas en fondos reservados. Eso s¨ª que es, grave, turbio. Los espa?oles pueden entender, incluso sin aprobarlo, que se haya usado el antiterrorismo contra el terrorismo. Lo que nunca entender¨¢n ni perdonar¨¢n es que se haya usado el antiterrorismo para enriquecerse. Esa es la prueba del nueve de Vera. Eso es lo que nos dir¨¢ si es o no un delincuente". Y Jim¨¦nez Losantos, tambi¨¦n en Abc: "El GAL hay que enfocarlo como un asunto de corrupci¨®n. Unos se?ores, para robar, montaron una banda homicida...".

El mismo diario tampoco despreci¨® la noble escuela del Derecho Comparado, "con buen despliegue de fotos paralelas" -como dice Javier Mar¨ªas-, poniendo encarcelados por el caso GAL junto a etarras reinsertados tras 13 o 14 a?os de prisi¨®n o junto a un gran narcotraficante excarcelado -acaso por torpezas judiciales- al cabo de s¨®lo tres. El m¨¦todo tuvo feliz coronaci¨®n cuando precisamente en los d¨ªas en que Leguina se exacerbaba contra el libre chiquiteo de Id¨ªgoras frente al encarcelamiento de abnegados servidores del Estado, el Abc sac¨® en portada la cara de diablo del mismo Id¨ªgoras junto a las aristocr¨¢ticas y apol¨ªneas facciones de Rafael Vera.

Como la firma en "tercera" del propio director tiene tal vez alg¨²n valor de ex cathedra he dejado para el final el categ¨®rico art¨ªculo de Ans¨®n, La verdad de las mentiras (Abc, 9-1-95), del que entresaco estos dos p¨¢rrafos: 1). "El partido socialista triunfante, prepotente, inmaduro, dispuestos muchos de sus miembros a hacer de la victoria electoral bot¨ªn de riqueza personal, traz¨® una dura y en muchos aspectos acertada pol¨ªtica contra el terrorismo, que amenazaba con derrumbarlo todo. Nadie podr¨¢ negar al Ministerio del Interior eficacia y valent¨ªa contra el acoso etarra. Pero al desarrollar esa pol¨ªtica de metralletas calcinadas, se cometieron, por parte de algunos depredadores, abusos y atropellos. Explicables sin duda porque la lucha antiterrorista est¨¢ siempre m¨¢s cerca de las 'manos sucias' de Sartre que de los guantes blancos de las columnas period¨ªsticas". Y 2). "Felipe Gonz¨¢lez debe [ ... ] contar la verdad de las mentiras, recordar la amenaza de golpe de Estado en aquella Espa?a de 1983 zarandeada por el terrorismo, explicar la necesidad de una pol¨ªtica dura contra ETA, lamentar los abusos que se hayan podido cometer, cuya responsabilidad le alcanza, colaborar con la Justicia, reconocer los errores y asumir el desgaste pol¨ªtico de indultar a sus subordinados, que, equivoc¨¢ndose en ocasiones porque el fin no justifica Ios medios, se jugaron la vida contra los terroristas". Como puede observarse, las acciones del GAL se ven aqu¨ª pr¨¢cticamente reducidas al nivel de lo que suele llamarse "un simple exceso de celo" por parte de funcionarios intachables y hasta heroicos en todos los dem¨¢s respectos.

El origen del Estado no est¨¢ en piadosos deseos de concordia social, sino en la dominaci¨®n instituida o, en palabras de Benjam¨ªn, en la "violencia creadora de derecho" (que en principio es derecho de un vencedor sobre un vencido). Pero esa bestia engendrada por las armas victoriosas no reconoce ni a los suyos, y es el temor de los propios vencedores a la bestia que cabalgan el primero que ve la conveniencia de imponerle riendas y bozal. As¨ª que tampoco el Estado de Derecho naci¨® del altruismo de los dominadores hacia los dominados, sino que fue un sistema de garant¨ªas destinado a proteger de la bestia del Estado y sus furores justicieros tan s¨®lo a los herederos de la victoria originaria, usufructuarios de la dominaci¨®n. Que esto no es divertirse con mitos del origen lo demuestra el que a¨²n en este siglo -y extendido el Estado de Derecho a la entera poblaci¨®n- reaparezca la bestia en cuanto una tiran¨ªa totalitaria le afloja ese bozal que le prohibe a la Justicia distinguir buenos o malos, amigos o enemigos.

El crimen de Estado con puro fin pol¨ªtico -ni siquiera partidista- es, como obra aut¨®ctona de la bestia misma, el m¨¢s temible de todos los males. Un mal en s¨ª, que, como tal, trasciende incluso la responsabilidad de sus ejecutores; un mal objetivo cuya realidad no se deja aprehender en la de los sujetos emp¨ªricos que le sirven de instrumento. (Naturalmente, el nominalismo liberal que dice: "?D¨®nde est¨¢ la sociedad? Yo no veo m¨¢s que individuos", dir¨¢ tambi¨¦n: "?D¨®nde est¨¢ la bestia? Yo no veo m¨¢s que pol¨ªticos".)

En fin, que las facciones pol¨ªticas en liza, ateni¨¦ndose solamente al c¨¢lculo de la rentabilidad electoral, fomentan sin escr¨²pulos esa funesta moralizaci¨®n de la justicia del supuesto sentir mayoritario (y de una mayor¨ªa hoy, por a?adidura, cada vez m¨¢s encerrada por el liberalismo en esa ciudadan¨ªa degenerada del "contribuyente", que s¨®lo sabe clamar: "?Qu¨¦ hac¨¦is con mi dinero!"), los unos con la infame consigna demag¨®gica de que al p¨²blico hay que echarle carnaza de ladrones, de corruptos saqueadores de los fondos p¨²blicos, sean reservados o por reservar, para su propio lucro personal o aun S¨®lo partidista, y no con cr¨ªmenes de Estado que, desde su deforme percepci¨®n moral de la Justicia, podr¨ªa comprender y hasta aprobar en cuanto "asesinatos de asesinos"; los otros, como Vera, Leguina o Marug¨¢n, explotando, con no menos infame demagogia, ese mismo sentir supuestamente mayoritario, pero en el sentido inverso de acogerse a la posible indulgencia popular ante los m¨¦ritos de sangre de los suyos. Unos y otros incurren, as¨ª pues, con tales concesiones populistas orientadas al solo inter¨¦s pol¨ªtico inmediato en la lucha de partidos, en la tremenda irresponsabilidad de fomentar la contaminaci¨®n moral de la Justicia, difuminando el concepto de Estado de Derecho, y sobre todo en la temeridad de ignorar la permanente amenaza de la bestia.