Rodr¨ªguez Galindo admiti¨® por escrito indicios de corrupci¨®n en Intxaurrondo
El m¨¢ximo responsable de la 513? Comandancia de la Guardia Civil, el entonces teniente coronel Enrique Rodr¨ªguez Galindo, reconoci¨® por escrito en mayo de 1988 la existencia de indicios de corrupci¨®n en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebasti¨¢n). En un informe remitido a la direcci¨®n del instituto armado, Rodr¨ªguez Galindo comunic¨® que cuatro contrabandistas de la zona hab¨ªan detallado v¨ªnculos delictivos con al menos ocho guardias bajo su mando.
Rodr¨ªguez Galindo explic¨® que no exist¨ªa posibilidad de aportar pruebas sobre la implicaci¨®n de los guardias en los delitos, pero, no obstante, propuso "que causen baja inmediata en esta unidad y sean trasladados a otras donde no puedan tener ninguna relaci¨®n con personas o actividades de este tenia". Esta denuncia afectaba a agentes investigados por elementos del instituto armado desde semanas atr¨¢s.El informe de Rodr¨ªguez Galindo se elabor¨® apenas un mes despu¨¦s de que un grupo del servicio de informaci¨®n de la Guardia Civil al mando del capit¨¢n Juan Miguel Casta?eda Becerra iniciara investigaciones en c¨ªrculos de contrabandistas de la zona de San Sebasti¨¢n para tratar de captar informadores ¨²tiles en la lucha anti-ETA.
El trabajo del servicio de informaci¨®n culminar¨ªa posteriormente en el denominado informe Navajas (que desvel¨® supuestas conexiones entre narcotraficantes y guardias civiles, incluido el teniente coronel Rodr¨ªguez Galindo) y en la Operaci¨®n Arca de No¨¦, por la que la propia Guardia Civil torpede¨® la investigaci¨®n (ver EL PA?S del d¨ªa 28 de abril).
Los cuatro contrabandistas citados en el informe del entonces teniente coronel Rodr¨ªguez Galindo en mayo de 1988 son "un tal I?aki Ayerbe", "otro llamado Arruti", "un tal Antonio, natural de C¨¢ceres", y "otro apodado Berri". De acuerdo con el relato que Rodr¨ªguez Galindo realiza en el informe con n¨²mero de referencia ERG/are n¨²m. 2439, en mayo de 1988, dos individuos (Ayerbe y Arruti) propusieron al guardia segundo J. G. R. O., destinado en la localidad guipuzcoana de Behobia, colaborar en la introducc¨ª¨®n de 20.000 cajas de tabaco de contrabando a trav¨¦s del puerto de Pasaia.El guardia segundo comunic¨® el ofrecimiento a sus superiores, que decidieron profundizar en la investigaci¨®n, siempre seg¨²n el relato de Rodr¨ªguez Galindo. As¨ª llegaron a conocer que los guardias supuestamente relacionados con los contrabandistas recib¨ªan por su colaboraci¨®n entre 1.500 y 2.000 pesetas por caja de tabaco trasladada con ¨¦xito. La investigaci¨®n fue comunicada al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de San Sebasti¨¢n.Sin comprobar
"Al margen" de la investigaci¨®n, detalla Rodr¨ªguez Galindo, se obtuvieron "una serie de informaciones que no tienen ning¨²n valor judicial", aportadas voluntariamente por los contrabandistas y "que no pueden ser comprobadas [el informe no explica por qu¨¦]". Dichas informaciones, por su fuente de procedencia "y su importancia y su gravedad", detallaba el informe, "hacen que exijan un extremado cuidado y delicadeza" con los implicados. La prevenci¨®n del teniente coronel se deb¨ªa a que "de ser ciertas, supondr¨ªan un grave perjuicio para el cuerpo de la Guardia Civil".
A continuaci¨®n, el documento redactado por Rodr¨ªguez Galindo detallaba los guardias sobre los que reca¨ªan sospechas de actividades ilegales. Algunos de ellos aparecer¨ªan posteriormente mencionados en el informe del fiscal Luis Navajas, que fue torpedeado por la propia Guardia Civil, dada la vinculaci¨®n de algunos de ellos con "acciones clandestinas" anti-ETA.
La relaci¨®n de guardias presuntamente vinculados a redes de contrabando y narcotr¨¢fico se inicia con el capit¨¢n Fidel del Hoyo Cepeda, procesado por torturas. Del mismo se afirma que, seg¨²n el relato de los contrabandistas, continuaba con actividades de contrabando de hach¨ªs en su nuevo destino (Sagunto).
La lista de guardias presuntamente relacionados con redes de contrabando contin¨²a con los sargentos Jos¨¦ Guisado Fem¨¢ndez y Jos¨¦ de la Pe?a Fern¨¢ndez. Al primero se le vincula en el informe con el clan de contrabandistas denominado de "los gallegos", y del segundo se afirma que tambi¨¦n estaba implicado, presuntamente, en contrabando de m¨¢quinas tragaperras. Del Hoyo Cepeda, Guisado Fern¨¢ndez y De la Pe?a aparecieron posteriormente mencionados en el informe del fiscal Navajas sobre presunta corrupci¨®n en el cuartel de Intxaurrondo.
La enumeraci¨®n de funcionarios sospechosos de obtenerabultados beneficios il¨ªcitos se completa con los cabos Antonio Jim¨¦nez Cruz, Jes¨²s Sandoz Urzaiz; y Segundo Morales Ojaos y con los guardias Francisco del Moral Bautista y Jes¨²s Mar¨ªa Carrillo Cordero.
Rodr¨ªguez Galindo concluye el informe enviado a la. direcci¨®n general del cuerpo -entonces encabezada por Luis, Rold¨¢n- asegurando que "ante la gravedad de los hechos que se relatan, de los que la aportaci¨®n de pruebas resulta imposible al no efectuar declaraci¨®n voluntaria los individuos que se dedican a las actividades delictivas manifestadas se propone [que los mencionados] causen baja inmediata en esta unidad y sean trasladados a otras donde no puedan tener ninguna relaci¨®n con personas o actividades de este terna".
Alejar sospechosos
La denuncia que present¨® Rodr¨ªguez Galindo en mayo de 1988 a la direcci¨®n del cuerpo por presunta corrupci¨®n contra algunos de sus subordinados, algunos de ellos de su m¨¢xima confianza, como el capit¨¢n Fidel del Hoyo Cepeda -procesado por torturas en relaci¨®n con su actividad en el servicio de informaci¨®n en Intxaurrondo-, presentaba una serie de paradojas. El entonces teniente coronel denunciaba y ped¨ªa el traslado de agentes que eran ya investigados desde hac¨ªa un mes por un capit¨¢n del instituto armado. Incluso Rodr¨ªguez Galindo desvelaba a la direcci¨®n el nombre precisamente del guardia civil convertido en topo y que el fiscal Navajas infiltr¨® en las redes de contrabando.Medios relacionados con la investigaci¨®n de Navajas afirman que la denuncia del entonces teniente coronel s¨®lo sirvi¨® para entorpecer sus pesquisas y alertar a los investigados. Fuentes pr¨®ximas a Galindo aseguran que ¨¦l desconoci¨® que hubiera un topo -su denuncia afirma lo contrario-, a pesar de que ¨¦ste intent¨® revelarle seis veces su secreto, y que se limit¨® a poner en conocimiento de sus superiores los hechos de que tuvo noticia.
Otras fuentes consideran que lo m¨¢s apropiado en casos de corrupci¨®n es no trasladar a los afectados para que se conf¨ªen y sigan actuando fuera de la ley hasta hallar pruebas para inculparlos.
A partir del informe Navajas sobre estos hechos, recibido por el fiscal general del Estado -entonces Javier Moscoso- el 12 de mayo de 1989, su sucesor, Leopoldo Torres -nombrado el 26 de enero de 1990-, se puso en contacto con el director general del cuerpo, Luis Rold¨¢n, y el ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera. Fruto de esos contactos fue una investigaci¨®n de la Guardia Civil que se produjo a "requerimiento" del propio Torres, seg¨²n personas de su entorno. En privado, Navajas declar¨® a Torres, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al ex fiscal general, que la investigaci¨®n fue satisfactoria en cuanto a medios, pero no a resultados. En diciembre de 1990, a¨²n con Torres en la Fiscal¨ªa General, se inici¨® la operaci¨®n -Arca de No¨¦- de sabotaje contra la investigaci¨®n. Personas pr¨®ximas a Torres niegan todo conocimiento de tal sabotaje paralelo a la investigaci¨®n que ¨¦l hab¨ªa ordenado oficialmente.
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