Necesitamos un pacto local

Los Ayuntamientos seguimos andando por el camino de convertirnos en el pariente pobre y lejano de la organizaci¨®n territorial del Estado que se contiene en el T¨ªtulo VIII de nuestra Constituci¨®n. Las corporaciones locales en general han atravesado dos etapas significativas desde la instauraci¨®n democr¨¢tica. En la primera, los ciudadanos espa?oles se dotaron de unos Ayuntamientos pujantes y llenos de vitalidad, escuelas de participaci¨®n democr¨¢tica y entusiastas impulsores de pol¨ªticas sectoriales que, muy pegados a la realidad y a las necesidades de cada pueblo y ciudad, generaron actuaciones de muy diversa ¨ªndole en la direcci¨®n de lo que despu¨¦s se ha generalizado y conocido como el Estado de bienestar.Y as¨ª, los equipamientos culturales y deportivos, las escuelas infantiles, los centros de promoci¨®n de la salud, la potenciaci¨®n de los servicios sociales, la mejora de la red viaria y de las infraestructuras en general, o de las zonas verdes, oblig¨® a realizar un esfuerzo inversor, con medios econ¨®micos muy escasos.

La siguiente etapa, a¨²n no concluida, ha puesto el acento y las mayores energ¨ªas en la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas. Desde 1982, el proceso auton¨®mico enfatizo la transferencia de competencias del Estado a las respectivas comunidades aut¨®nomas, junto con los correspondientes recursos. La complejidad de este proceso explica y justifica sus ritmos, excesivamente lentos y discontinuos a veces, pero, sin duda, en continua progresi¨®n.

Mientras tanto, el ¨²nico avance de las corporaciones locales es que han sido dotadas de un marco legislativo adaptado ya a la Constituci¨®n. Pero esta normativa ha cristalizado en un r¨¦gimen competencial para los municipios caracterizado por su ambig¨¹edad e imprecisi¨®n y completamente dependiente de la respectiva comunidad aut¨®noma para su concreci¨®n.

Con respecto a la Ley de Haciendas Locales, a¨²n reconociendo el avance que ha supuesto con relaci¨®n a la situaci¨®n anterior, es manifiestamente insuficiente para solucionar los problemas financieros de las entidades locales. Lo que s¨ª se ha conseguido es que no pueda discutirse ya que las administraciones municipales est¨¢n corresponsabilizadas fiscalmente, imponiendo y recaudando tributos tan importantes como el impuesto sobre bienes inmuebles, el de actividades econ¨®micas o el de veh¨ªculos, o cobrando los servicios que prestan a trav¨¦s de las tasas y precios p¨²blicos que fijan en sus ordenanzas.

Esta evoluci¨®n, expresada en cifras del gasto p¨²blico que realiza cada uno de los tres niveles estatal, auton¨®mico, local, supone, seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles, que, tomando como partida los datos de 1982, el Estado ha pasado del 84,57% del total al 64,20%; las comunidades aut¨®nomas, del 6,08% al 22,40%, y las entidades locales, del 9,35% al 13,10%. Y llegados a este punto es necesario insistir en dos cuestiones que considero importantes para clarificar el debate en torno al pacto local que propugnamos los socialistas que servimos a nuestros conciudadanos desde las instituciones locales.

La primera cuesti¨®n es que reivindicar un mayor peso espec¨ªfico para las entidades locales en la gesti¨®n de los intereses generales de los ciudadanos responde a un principio de eficacia y en ning¨²n caso a un planteamiento cicatero.

Hist¨®rica y tradicionalmente, los Ayuntamientos, por ser la administraci¨®n m¨¢s cercana a las necesidades de sus vecinos, han demostrado, en general, una mayor eficacia en la satisfacci¨®n de las mismas. Por otra parte, los socialistas siempre hemos concebido la ciudad como el ¨¢mbito de convivencia, solidaridad y participaci¨®n ideal para profundizar el impulso democr¨¢tico a nivel social y econ¨®mico.

La segunda cuesti¨®n, a mi juicio de no menor importancia, es que ¨¦sta, como en tantas otras materias, cuando para progresar en una determinada direcci¨®n es preciso conseguir amplios consensos, no es recomendable utilizar como armas arrojadizas situaciones sacadas de su contexto, visiones localistas o partidarias, ni acusaciones que, por ejemplo, en comunidades aut¨®nomas colindantes se puedan volver contra quien las formula.

Quiere esto decir que el papel relegado y secundario de los municipios es un fen¨®meno generalizado en toda nuestra geograf¨ªa auton¨®mica. Y que las competencias para regular y desarrollar el r¨¦gimen local que tienen todas las comunidades no se han utilizado todav¨ªa de manera que las entidades locales dejen de temer que, adem¨¢s del hist¨®rico centralismo estatal, se consolide un nuevo centralismo auton¨®mico.

Entre los elementos para articular el debate municipal que, desde el consenso, considero m¨¢s importantes est¨¢ la necesaria definici¨®n de un ¨¢mbito de competencias propias de los municipios, acorde con las funciones que deben cumplir, que supere la ambig¨¹edad actual y que no puede ser esencialmente diferente de unas comunidades aut¨®nomas a otras. Consecuentemente, hay que redefinir la participaci¨®n de los municipios en el gasto p¨²blico y la forma de financiarlo.

La reflexi¨®n que implica el anhelado pacto local ha de ocuparse tambi¨¦n de las relaciones interadministrativas para que la autonom¨ªa de las respectivas instituciones no se vea mermada. Y muy especialmente habremos de interesarnos por los problemas singulares que se producen en este aspecto con las grandes ciudades, las comunidades uniprovinciales y la coincidencia dentro del mismo territorio municipal de los ¨®rganos de representaci¨®n de los cuatro niveles de la Administraci¨®n.

Cuestiones tales como el excesivo n¨²mero de municipios espa?oles, algunos de ellos insostenibles desde el punto de vista econ¨®mico, el incremento del n¨²mero de concejales para los grandes municipios y los retoques al r¨¦gimen electoral local que aconseja la experiencia son cuestiones que deber¨¢n abordarse para que nuestras ciudades puedan desempe?ar con ¨¦xito los retos que nos plantea nuestra inserci¨®n en la Europa de las ciudades.

es candidato del PSOE a la alcald¨ªa.