Evaluaci¨®n de las perspectivas lnflacionistas

Las medidas de pol¨ªtica econ¨®mica para luchar contra la inflaci¨®n deben tomarse con prontitud, en el momento en que se consolidan ciertos indicios de que las expectativas inflacionistas pueden estar en alza. Desde este punto de vista, la subida de 75 puntos b¨¢sicos en el tipo de inter¨¦s de referencia adoptada el pasado d¨ªa 2 de junio por parte del Banco de Espa?a no es ciertamente cuestionable.Parece tambi¨¦n poder afirmarse que, en un contexto de inflaci¨®n al alza, la adopci¨®n inmediata de medidas antiinflacionistas va a ser menos costosa en t¨¦rminos de crecimiento y empleo que el conjunto de medidas que en momentos posteriores ser¨¢n necesarias para conseguir los mismos efectos sobre la inflaci¨®n. En este sentido, las medidas tomadas por el Banco de Espa?a podr¨ªan haberse adoptado anteriormente. Varios observadores independientes, incluido uno de los autores de este art¨ªculo a trav¨¦s de la publicaci¨®n mensual Bolet¨ªn IPC, hab¨ªan alertado en esta direcci¨®n hace ya varios meses, poniendo en evidencia que la probabilidad de alcanzar el objetivo de inflaci¨®n a principios de 1996 era peque?a en ausencia de intervenciones inmediatas.

Desde este punto de vista, la falta de medidas monetarias y fiscales adicionales desde el 14 de marzo hasta el 2 de junio ha podido interpretarse por los agentes econ¨®micos como indicio claro de que a las alturas del a?o en curso y con s¨®lo la actuaci¨®n del Banco de Espa?a no se al canzar¨ªan los objetivos de una inflaci¨®n no superior al 4% a principios de 1996. Si, como es probable, tales expectativas se han ido trasladando a cl¨¢usulas de indiciaci¨®n de pagos y rentas, las medidas monetarias para reducir la inflaci¨®n van a tener una duraci¨®n e intensidad mayores que si se hubieran implantado antes.El momento en el que se adoptan ciertas medidas de pol¨ªtica econ¨®mica no es un factor irrelevante en su eficacia, y por esta raz¨®n, la utilizaci¨®n apropiada y eficiente de la informaci¨®n estad¨ªstica disponible, de los instrumentos econom¨¦tricos y de la teor¨ªa econ¨®mica para proporcionar un debate abierto y discusi¨®n p¨²blica sobre la evoluci¨®n de la econom¨ªa parecen cruciales.Se?alado este aspecto temporal, es oportuno considerar la verdadera cuesti¨®n de fondo. En un trabajo reci¨¦n publicado, Diagn¨®stico de la econom¨ªa espa?ola, realizado por los profesores Carlos Escribano, Juan Urrutia y los autores de este art¨ªculo, no se insist¨ªa solamente sobre las firmes se?ales inflacionistas y sobre el previsible incremento de los tipos de inter¨¦s por parte del Banco de Espa?a, sino tambi¨¦n sobre la imprescindible necesidad de medidas antiinflacionistas adicionales.

Estas otras medidas -en nuestra opini¨®n, tal vez m¨¢s cruciales que las que el Banco de Espa?a, por su propia competencia y funci¨®n, pueda y deba tomar- son de responsabilidad directa y espec¨ªfica del Gobierno.

En el Diagn¨®stico en cuesti¨®n se alertaba sobre la naturaleza estructural de los dos problemas m¨¢s graves de la econom¨ªa espa?ola, la inflaci¨®n y el paro, determinados por un conjunto de causas comunes. En lenguaje simple, la situaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola en los ¨²ltimos a?os se podr¨ªa resumir diciendo que un diferencial sistem¨¢ticamente positivo de inflaci¨®n respecto a los principales pa¨ªses europeos. genera una p¨¦rdida de competitividad que lleva a una reducci¨®n del crecimiento y a una mayor tasa de paro. Las causas del mencionado diferencial hay que situarlas en tres frentes concretos: la elevada tasa de crecimiento y la composici¨®n del gasto p¨²blico, la ineficiencia de un sector de servicios protegido y excesivamente regulado y las rigideces y segmentaciones del mercado de trabajo.

El excesivo gasto p¨²blico genera inflaci¨®n debido al hecho de que los mercados interpretan que va a ser imposible cubrir dichos gastos con una mayor presi¨®n fiscal. Al mismo tiempo, la concentraci¨®n de los presupuestos p¨²blicos en gastos y transferencias corrientes incrementa la demanda de consumo en detrimento del ahorro y de una mayor inversi¨®n en infraestructuras productivas y capital humano.La falta de competencia interna y las consiguientes ineficiencias del sector de servicios, sean ¨¦stos privados o p¨²blicos, genera en el mismo unos niveles de inflaci¨®n superiores a la inflaci¨®n que experimentan los bienes comercializados en mercados abiertos a la competencia internacional. Este mayor crecimiento en los precios de los servicios supone, por un lado, una presi¨®n en los costes del sector competitivo, y por otro, una reducci¨®n de su propia demanda. Ambos factores act¨²an en contra del crecimiento econ¨®mico y de la reducci¨®n del paro.

Finalmente, los costes laboras unitarios experimentan una evoluci¨®n desfavorable respecto a los pa¨ªses competidores debido en gran parte a la falta de movilidad funcional, sectorial y geogr¨¢fica del factor trabajo.

El mantenimiento de las condiciones anteriores es un tema fundamentalmente pol¨ªtico. En consecuencia, se requiere ante todo la voluntad y visi¨®n pol¨ªticas de largo plazo para la adopci¨®n de las reformas estructurales que se necesitan para el crecimiento estable de la econom¨ªa espa?ola.

Estas medidas, individualmente consideradas, empezar¨ªan a tener efecto solamente a medio plazo, pero es importante entender que la decisi¨®n de llevar a cabo un conjunto amplio de tales reformas producir¨ªa un cambio dr¨¢stico en las expectativas de los agentes internos y en la percepci¨®n del futuro de la econom¨ªa espa?ola por parte de los inversores internacionales. Estos cambios de expectativas tendr¨ªan efectos positivos inmediatos reduciendo las presiones inflacionistas, aumentando la movilidad de los factores, la capacidad de ahorro interno y la inversi¨®n extranjera.La lista de medidas es amplia, pero muchas de ellas son de implantaci¨®n r¨¢pida, como las siguientes: introducci¨®n de un sistema de remuneraci¨®n salarial para los funcionarios p¨²blicos que premie el m¨¦rito y la productividad individual; privatizaci¨®n de empresas cuya propiedad p¨²blica carece de justificaci¨®n y privatizaci¨®n y desregulaci¨®n de otras cuya condici¨®n de monopolio p¨²blico impide la provisi¨®n eficiente de servicios a costes comparables a los niveles internacionales (por ejemplo, Telef¨®nica); reducci¨®n del horizonte temporal del subsidio de paro en favor de mayor gasto en la formaci¨®n y readaptaci¨®n profesional del parado, por ejemplo, la conversi¨®n de programas de subvenci¨®n asistencial, como el Plan de Empleo Rural, en planes de formaci¨®n y movilidad laboral.

Antoni Espasa es catedr¨¢tico de Econometr¨ªa, Fundaci¨®n Universidad Carlos III de Madrid; Michele Boldrin es catedr¨¢tico Marc Rich de Negocios, Universidad Carlos III de Madrid.