El fiscal estudia reclamar las cintas grabadas ilegalmente por el Cesid

La fiscal¨ªa de Madrid abri¨® ayer diligencias informativas para tratar de averiguar qui¨¦n grab¨® las conversaciones telef¨®nicas interceptadas ilegalmente por el Cesid, y qui¨¦n entreg¨® las cintas al diario El Mundo, que ayer reprodujo algunas de las conversaciones entre destacados l¨ªderes socialistas. Fuentes del Ministerio Fiscal apuntaron que en los pr¨®ximos d¨ªas se puede pedir la entrega de las cintas y los estadillos y solicitar la declaraci¨®n del m¨¢ximo responsable del Cesid, el teniente general, Emilio Alonso Manglano, y la del coronel Juan, Perote Pell¨®n, ex jefe de la agrupaci¨®n operativa de los servicios de espionaje.

Seg¨²n las citadas fuentes, lo m¨¢s probable es que, en los pr¨®ximos d¨ªas la investigaci¨®n sobre el caso Cesid pase a ser desempe?ada en una sede judicial, ante las primeras denuncias que ya han comenzado a presentar los afectados por las escuchas. La primera fue la del empresario jerezano Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, por haber sido captada una conversaci¨®n con uno de sus hijos. Otra querella contra Manglano la present¨® el periodista Jaime Campmany, director de la revista ?poca, que recientemente reprodujo el reportaje sobre el espionaje fotogr¨¢fico al Rey.El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Pascual Sala, afirm¨® en declaraciones a la Cadena SER que las escuchas realizadas por el Cesid suponen una "vulneraci¨®n de una garant¨ªa fundamental en una democracia y, naturalmente, tiene su proyecci¨®n penal". Seg¨²n Sala, en asuntos como ¨¦ste la Justicia puede hacer mucho para garantizar el derecho constitucional a la intimidad, al honor y la propia imagen, as¨ª como al secreto de toda comunicaci¨®n.

Derecho al secreto

El Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, inici¨® "de oficio" una investigaci¨®n sobre las escuchas, por entender que podr¨ªan entra?ar una vulneraci¨®n el art¨ªculo 18.3 de la Constituci¨®n, que garantiza el secreto de las comunicaciones. En ese sentido, se dirigi¨® al fiscal del Estado, Carlos Granados, en demanda de informaci¨®n sobre las medidas que la Fiscal¨ªa va a adoptar.

Por su parte, la asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia manifest¨® que la gravedad de las escuchas radica en que los, organismos oficiales tienen la obligaci¨®n de salvaguardar el sistema democr¨¢tico de valores y, seg¨²n parece, "se han dedicado a lo contrario".

El ministro de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Borrell, afirm¨® que su departamento s¨®lo podr¨¢, sancionar en v¨ªa administrativa a los responsables de la difusi¨®n del contenido de las cintas, pero no a quienes interceptaron esas comunicaciones. El ministro explic¨® que no es posible sancionar a quienes interceptaron esas llamadas porque los hechos sucedieron antes de la modificaci¨®n en 1992 de la ley de Ordenaci¨®n de las Telecomunicaciones.