La Fiscal¨ªa de Madrid requiere las cintas con las grabaciones ilegales captadas por el Cesid

La Fiscal¨ªa de Madrid ha entregado un requerimiento al diario El Mundo en el que le reclama las cintas magnetof¨®nicas con las grabaciones de conversaciones ilegalmente captadas por el Cesid, algunas de las cuales fueron publicadas por el rotativo el pasado mi¨¦rcoles. Fuentes del ministerio fiscal informaron que el diario entreg¨® ayer los estadillos del Cesid que fueron reproducidos en sus p¨¢ginas, pero no las cintas presuntamente sustra¨ªdas de la sede de los servicios secretos. Seg¨²n fuentes consultadas en la fiscal¨ªa, el requerimiento para la entrega de los soportes de las grabaciones fue notificado ayer a los responsables del peri¨®dico, quienes se comprometieron verbalmente a hacerlos llegar "lo m¨¢s pronto posible". La fiscal¨ªa sigue recabando informaci¨®n, pero, por el momento, no se ha iniciado ninguna actuaci¨®n judicial.

La primera de las querellas contra el director del Cesid, el general Emilio Alonso Manglano, instada por el director de la revista ?poca, Jaime Campmany, correspondi¨®, ayer por turno de reparto al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid, cuya titular, la juez. Mar¨ªa Jes¨²s Coronado, instruye la denuncia del Partido Popular por el uso presuntamente irregular de los fondos reservados, seg¨²n inform¨® la agencia Efe.Sin embargo, a¨²n no parece posible determinar qui¨¦n instruir¨¢ el proceso penal, dado que se espera que en los pr¨®ximos d¨ªas, se formulen m¨¢s denuncias y querellas, que previsiblemente se dirigir¨¢n contra aforados como el vicepresidente Narc¨ªs Serra. Esta circunstancia podr¨ªa hacer que la competencia correspondiera finalmente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En ese sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, declar¨® ayer que lo m¨¢s probable es que el Tribunal Supremo entienda de todas las querellas presentadas contra los eventuales responsables de las escuchas telef¨®nicas. En cuanto a las vertientes penales del caso las escuchas por un lado, y la difusi¨®n de su contenido por otro el portavoz de Jueces para la Democracia dijo que la primera es una evidente violaci¨®n de un derecho fundamental, mientras que la segunda puede ser constitutiva de un delito por parte de los medios que difunden el contenido de las cintas.

Conversaci¨®n privada

De este segundo aspecto, Jos¨¦ Antonio Alonso exceptu¨® a los medios que difunden las conversaciones con la autorizaci¨®n del espiado. "Con la ley en la mano, s¨®lo se puede difundir una conversaci¨®n privada si med¨ªa el permiso del afectado", explic¨®.Mientras el nuevo esc¨¢ndalo de las escuchas no termina de arrancar en v¨ªa penal, en el ¨¢mbito administrativo el Ministerio de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente inform¨® ayer que abrir¨¢ expedientes para tratar de aclarar qui¨¦n intercept¨® las conversaciones telef¨®nicas y el mecanismo para su difusi¨®n.

La interceptaci¨®n no autorizada de comunicaciones telef¨®nicas y su difusi¨®n posterior pueden constituir infracciones administrativas graves, sancionadas en la Ley de Ordenaci¨®n de las Telecomunicaciones de 1992. El ministro de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Borrell, dijo que las instituciones actuar¨¢n de manera "tajante y rotunda" en el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades que pudieran originar.