Chamorro promulga la reforma de la Constituci¨®n que pone fin a tres meses de crisis en Nicaragua

La presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, promulg¨® finalmente la ley de reforma parcial de la Constituci¨®n. Despu¨¦s de tres meses de enfrentamiento abierto con el Parlamento, que aprob¨® la reforma, y tras ocho d¨ªas de maratoniana negociaci¨®n con los diputados, auspiciada por el cardenal Miguel Obando, la jefa del Estado y el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzni¨¢n, firmaron en la tarde del jueves (madrugada de ayer en Espa?a) un "acuerdo pol¨ªtico", que permiti¨® poner fin a la crisis institucional que ten¨ªa semiparalizado el pa¨ªs desde febrero.

"Este acuerdo alcanzado con la Asamblea Nacional no significa que haya vencedores ni vencidos, el vencedor fue el pueblo nicarag¨¹ense", dijo Chamorro despu¨¦s de rubricar las controvertidas enmiendas a la Constituci¨®n votada en 1987, cuando los sandinistas estaban en el poder. La gobernante, a trav¨¦s del pacto pol¨ªtico, consigui¨® asegurar la estabilidad de su mandato, que concluir¨¢ en enero de 1997, y garantizar la celebraci¨®n de elecciones genera es el a?o entrante.Para que entren en vigor las modificaciones a la Carta Magna, que refuerzan considerablemente el poder del legislativo, el Parlamento aprobar¨¢ una ley de interpretaci¨®n de las reformas constitucionales, con el voto de una mayor¨ªa cualificada del 60% de los diputados y el compromiso de no modificarlas hasta 1997, a?o en que la presidenta entregar¨¢ el poder al candidato electo en 1996.

El acuerdo incluye leyes secundarias para armonizar la relaci¨®n entre los poderes ejecutivo y legislativo, protagonistas de un peligroso enfrentamiento pol¨ªtico que arrastr¨® a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Nacional de Elecciones, tras la decisi¨®n de los parlamentarios de publicar las enmiendas pese al rechazo de la gobernante.

No obstante, "no fue posible llegar a un acuerdo",, admiti¨® el viceministro, de la Presidencia, Tom¨¢s Delaney, sobre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la elecci¨®n del contralor (interventor) general de la Rep¨²blica. El Ejecutivo insiste en la nueva elecci¨®n de consenso de los magistrados del Tribunal Supremo, mientras la C¨¢mara legislativa defiende la vigencia de los nombramientos de cinco magistrados, realizados en abril pasado de conformidad con las nuevas disposiciones de la Carta Magna.

Pero el meollo de la discordia parece ser la decisi¨®n del ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo -yerno de la presidenta y su principal consejero-, de recurrir de amparo ante el m¨¢ximo tribunal de Justicia para defender sus derechos pol¨ªticos, que considera violentados por uno de esos nuevos preceptos constitucionales que le proh¨ªbe, como familiar del jefe del Estado, presentar su candidatura en las elecciones generales de 1996. Las Fuerzas Armadas, que mantuvieron su neutralidad en el conflicto, y la Iglesia cat¨®lica desempe?aron un decisivo papel en la soluci¨®n de la crisis institucional. Una vez m¨¢s, el cardenal Miguel Obando Bravo actu¨® de mediador en las dif¨ªciles negociaciones pol¨ªticas que se prolongaron durante ocho d¨ªas y ahora act¨²a como garante del cumplimiento de los acuerdos pol¨ªticos.