Educaci¨®n reclama a un ex presidente del CSIC 98 millones por un supuesto error contable

El abogado del Estado del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia reclama 98,3 millones de pesetas al que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC), Emilio Mu?oz, entre 1988 y 1991. Educaci¨®n le acusa de ser el m¨¢ximo responsable de haber pagado gratificaciones al personal del organismo con cr¨¦ditos aprobados para otra finalidad. Para Mu?oz es "un error administrativo". Su abogado prepara las pruebas para demostrar que haber pagado a los empleados con cargo a una partida presupuestaria diferente de la asignada era una pr¨¢ctica habitual.

La acusaci¨®n del abogado del Estado de haber cometido "una falta en el manejo de los fondos p¨²blicos" tiene su origen en el informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio de 1990 en el CSIC, organismo dependiente del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia. Dicho informe hablaba de indicios de "responsabilidad contable" en relaci¨®n con el pago al personal de "gratificaciones con cargo a cr¨¦ditos aprobados para otra finalidad, lo que supone el in cumplimiento del art¨ªculo 59 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria".Emilio Mu?oz, que antes de llegar al CSIC fue director general de Pol¨ªtica Cient¨ªfica entre 1982 y 1988, cree que el 5Tallo administrativo" consisti¨®, simplemente, en no pedir permiso al Ministerio de Econom¨ªa para dedicar el dinero a esos incentivos. "El personal cobr¨® el dinero, as¨ª que no hay nada que se parezca a malversaci¨®n de fondos o algo as¨ª. Eso es lo que va a demostrar mi abogado en el juicio de pruebas pedido al Tribunal de Cuentas y concedido por ¨¦ste", dice Mu?oz, que sigue trabajando en el CSIC.

Santiago Mu?oz Machado, abogado de Emilio Mu?oz, tiene ahora 30 d¨ªas para demostrar su prueba fundamental, seg¨²n el propio abogado: que "la pr¨¢ctica era la habitual en el CSIC".

Emilio Mu?oz se siente perseguido y se pregunta por qu¨¦ la auditor¨ªa se hizo precisamente del a?o 1990, que fue un ejercicio especialmente complicado. "Tuve que enfrentarme, por ejemplo, a una huelga general de tres meses", dice Mu?oz, que tambi¨¦n alega que el t¨¦cnico en estos asuntos no era ¨¦l, sino el vicesecretario de Actuaci¨®n Econ¨®mica, Gustavo Monje, tambi¨¦n acusado en el mismo caso y que sigue ocupando hoy el mismo puesto.

El abogado del Estado tambi¨¦n considera en su providencia, que lleva fecha de marzo de este a?o, que Gustavo Monje es responsable del asunto, pero s¨®lo le pide 2,6 millones de pesetas por perjuicios a la Hacienda p¨²blica, frente a los 98,3 de Mu?oz y los 11,6 millones que pide al entonces vicepresidente del CSIC, Vicente Larraga. Las peticiones de reintegro son solidariamente con los otros dos acusados.

"Yo estoy perplejo e indignado", dice Gustavo Monje. "Discrepo completamente de la interpretaci¨®n que del asunto ha hecho el Tribunal de Cuentas. Esto no es una oficina de funcionarios que trabajan de ocho a tres. Aqu¨ª la gente acude un domingo a los animalarios a dar de comer a los animales o a una finca experimental o se van en el Hesp¨¦rides a la Ant¨¢rtida. Y no es lo mismo un complemento de productividad que un pago por servicios especiales por hacer esas actividades tan diferentes. En el CSIC siempre se han pagado as¨ª las cosas y no hay desv¨ªo alguno de fondos de una partida a otra".

Un portavoz del CSIC confirm¨® que era norma hacer estos pagos con cargo a una partida que no se ajustaba a los actuales criterios del Tribunal de Cuentas, por lo que ya se han realizado las modificaciones oportunas. El CSIC tambi¨¦n resta importancia al expediente, "que de manera habitual inicia el Tribunal de Cuentas", y recuerda que a¨²n no se ha producido la resoluci¨®n final".

El CSIC es el mayor organismo de Espa?a dedicado a la investigaci¨®n. Est¨¢ formado por 83 centros propios o compartidos con universidades. Su presupuesto de 1995 asciende a 53.000 millones.