CiU hace inventario antes del divorcio

En junio de 1993 el PSOE ganaba por cuarta vez las elecciones generales casi contra pron¨®stico, pero esta vez sin mayor¨ªa absoluta. Acababa la pol¨ªtica econ¨®mica dictada durante ocho a?os por el todopoderoso ministro de Econom¨ªa Carlos Solchaga y empezaba la ¨¦poca de los acuerdos con los nacionalistas catalanes de CIU. La vieja aspiraci¨®n de ¨¦stos, trasladada en esta ocasi¨®n a eslogan electoral, Ahora decidiremos, se convert¨ªa en realidad.En estos dos a?os, una oposici¨®n deseosa de echar a Felipe Gonz¨¢lez lo m¨¢s pronto posible ha dicho de todo contra los acuerdos entre socialistas y nacionalistas, especialmente que ¨¦stos sacaban tajada de su apoyo al Gobierno. y que los pactos eran secretos e iban contra los intereses generales de Espa?a. Jordi Pujol ha anunciado que este martes expondr¨¢ el balance de estos dos a?os de colaboraci¨®n en una conferencia p¨²blica. Un avance de ese balance se adelanta en las l¨ªneas siguientes.

La colaboraci¨®n entre CiU y el PSOE ha girado en tomo a dos ejes principales: pol¨ªtica socioecon¨®mica y pol¨ªtica auton¨®mica. La primera, orientada obsesivamente al fomento de la llamada econom¨ªa productiva. La segunda, a mejorar el techo, competencial de las autonom¨ªas y en particular de la catalana.

El PSOE y CiU han pactado dos presupuestos del Estado y se encaminan a acordar el tercer presupuesto en medio de grandes diferencias. Mientras que el Gobierno quiere cortar casi dos billones de gasto en dos a?os para llegar al d¨¦ficit del 3% del PIB que marca el Tratado de Maastricht, CIU quiere dilatar el ajuste y propone que se haga en tres.

La econom¨ªa productiva

En el terreno econ¨®mico, el llamado giro hacia la econom¨ªa productiva puede resumirse en tres grandes cambios. Los dos primeros han sido la mejora de la tributaci¨®n de las empresas y la aprobaci¨®n de la reforma laboral. El tercero ha sido una imposici¨®n de los mercados financieros, aunque Pujol ha querido atribuirse el cambio: abandonar el sue?o de mantener una peseta artificialmente fuerte gracias a unos tipos de inter¨¦s elevados y aceptar su devaluaci¨®n. Al final, los tipos de inter¨¦s han bajado casi cinco puntos para estimular la econom¨ªa y ha sido posible el espectacular tir¨®n exportador de los dos ¨²ltimos a?os.

La forma elegida para atajar la crisis ha sido calcada de las anteriores: devaluar. La econom¨ªa espa?ola no hab¨ªa sido capaz de ganar competitividad por s¨ª misma. Los tipos de inter¨¦s, la inflaci¨®n y los salarios sub¨ªan. Las cuatro devaluaciones de la peseta han logrado dar a la econom¨ªa una competitividad que, aunque artificial, le ha permitido exportar m¨¢s y volver a crecer a la espera de que se recupere la inversi¨®n y el consumo, lo cual ya empieza a producirse.

En el terreno fiscal, los impuestos a las empresas que se han retocado han sido tres sucesiones, amortizaciones y patrimonio. La reforma del impuesto de sucesiones ha sido caballo de batalla de la patronal durante los ¨²ltimos a?os. Aqu¨ª el principal cambio ha sido doble: dar m¨¢s plazo al heredero para pagar el impuesto y elevar la participaci¨®n m¨ªnima en la empresa para tener que tributar. Se ha suavizado la doble tributaci¨®n de los dividendos, que hasta ahora pagaban dos veces: por impuesto de sociedades, primero, y por renta cuando declaraba el empresario. Y se ha ampliado el tope de amortizaci¨®n y por tanto se ha dado la posibilidad de reducir los beneficios, a cambio de creaci¨®n de empleo. Otro gran acuerdo, no exento de tensi¨®n, ha sido la subida del IVA decidida el a?o pasado a cambio de la bajada de las cuotas sociales.

La otra gran pata de la colaboraci¨®n entre socialistas y nacionalistas catalanes ha sido la aprobaci¨®n de la reforma laboral. Con ella, se ha eliminado la autorizaci¨®n administrativa para llevar a cabo despidos colectivos, aunque con ciertos topes seg¨²n el tama?o de la empresa; se ha aprobado la movilidad territorial y funcional por causas econ¨®micas y tecnol¨®gicas, y se ha dado m¨¢s poder de negociaci¨®n a empresas y sindicatos para regular sus convenios colectivos. Se ha favorecido la contrataci¨®n temporal en detrimento de la fija, un aspecto que ahora CiU propone corregir.

Quedan pendientes temas en los que no ha habido acuerdo. Asuntos como la reforma del impuesto de sociedades, los horarios comerciales (los socialistas quieren libertad total y los nacionalistas controles a la apertura en festivos), la ley del cable (CiU quiere que la competencia para autorizar la televisi¨®n por cable sea auton¨®mica) y la modificaci¨®n de las leyes de costas, suelo y aguas, a¨²n est¨¢n sobre la mesa.

En octubre de 1993, en plena negociaci¨®n de los presupuestos para 1994 entre CiU y el Gobierno, y despu¨¦s de a?os de negociaci¨®n y pol¨¦micas, el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera acord¨® la cesi¨®n a las comunidades aut¨®nomas del 15% de la cuota l¨ªquida del IRPF, como f¨®rmula provisional para involucrar a las autonom¨ªas en la corresponsabilizaci¨®n fiscal. El acuerdo implica la existencia de un techo y un suelo para que ninguna autonom¨ªa se vea excesivamente beneficiada (Catalu?a y Madrid, esencialmente) o perjudicada en demas¨ªa (Canarias, Andaluc¨ªa o Extremadura) en sus ingresos. Seg¨²n c¨¢lculos previos, en 1994 a Catalu?a la nueva f¨®rmula le supon¨ªa un aumento de ingresos de 2.700 millones de pesetas; a Andaluc¨ªa, 1.640; -a Madrid, 1.735; a Baleares, 192, etc¨¦tera.

La f¨®rmula debe ser revisada en 1996, pero el Gobierno ha comunicado a la Generalitat su voluntad de prorrogarla. Jordi Pujol ha expresado su descontento, pero tambi¨¦n su disposici¨®n a aceptarlo siempre que se elimine el techo. En su opini¨®n, este sistema penaliza a las comunidades m¨¢s recaudadoras, que coinciden con las que son motores de la econom¨ªa, y no favorece a las dem¨¢s porque no las incentiva.

Financiaci¨®n sanitaria

En diciembre de 1994, y coincidiendo en este caso con las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, la Generalitat logr¨® otro de sus objetivos, que benefici¨® tambi¨¦n a otras comunidades con competencias en materia de sanidad, al fijarse un nuevo sistema de financiaci¨®n para el periodo 1994-1997, que mejor¨® parcialmente la situaci¨®n. La asignaci¨®n de recursos a estas comunidades aut¨®nomas se fij¨® de acuerdo con unos nuevos coeficientes. En el caso de Catalu?a ese coeficiente supuso un incremento de recursos de unos 6.000 millones anuales, pero fue Galicia la comunidad m¨¢s beneficiada, con unos 7.000 millones anuales extras. El acuerdo se refer¨ªa tambi¨¦n al saneamiento financiero de las deudas generadas en los a?os 1992 y 1993. El volumen de deuda reconocido para el conjunto del sistema sanitario se fij¨® en 290.000 millones de los que a Catalu?a le correspond¨ªan 45.000 y a Galicia 17.625, liquidables en los a?os 1994, 1995 y 1996.

Aunque no se cerr¨® el acuerdo para compensar a las comunidades por la atenci¨®n a desplazados (qued¨® postergado hasta 1996), s¨ª se reconoci¨® la deuda existente por este concepto en el periodo 1986-1993, que en el caso de Catalu?a sumaba 19.800 millones.

La administraci¨®n territorializada del Fondo de Cohesi¨®n Europeo ha sido otro de los logros obtenidos por CiU y la Generalitat, pese a la resistencia del ministro Josep Borrell. En septiembre de 1994 se lleg¨® a un acuerdo para que los 73.000 millones destinados a medio ambiente se administraran as¨ª: 15.000 millones por las corporaciones locales; 29.000 millones por la Administraci¨®n central, y 29.000 millones por las comunidades aut¨®nomas. Los 109.500 millones para transporte los gestionar¨¢n la Administraci¨®n central (98.500 millones) y las comunidades aut¨®nomas (11.000). La Generalitat tiene previsto recibir 12.000 millones por medio ambiente y 6.000 por transporte.

La legalizaci¨®n de las agencias de colocaci¨®n sin fines lucrativos, prevista en la Ley sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupaci¨®n de 1994, ha permitido a la Generalitat la creaci¨®n del Servicio Catal¨¢n de Colocaci¨®n.