Mercader con el decreto

Desde?aron, como si se tratara del capricho de unos cuantos intelectuales, cualquier f¨®rmula que exigiera una iniciativa del Congreso para sustanciar la crisis pol¨ªtica malamente arrastrada desde hace un a?o; y repitieron, un poco como quien alecciona a gentes pol¨ªticamente inexpertas, que la coalici¨®n PSOE / CiU era el mejor escudo para garantizar un Gobierno estable, a resguardo de todas las tormentas que se anunciaban en el horizonte. Pero, no bien pasados tres meses de tantas promesas de apoyos firmes y seguros y de tantas protestas de estabilidad, esa coalici¨®n, que nunca se ha atrevido a llamarse por su nombre ni a sacar todas las consecuencias de su vergonzante existencia, ha resultado ser la mejor de las f¨®rmulas imaginables para abrir un largo periodo de interinidad. Y para poner remedio, o tranquilizar, como dicen, a la sociedad, no han tenido mejor ocurrencia que adentrarse en una puja por ver qui¨¦n disuelve primero.Si hubieran tenido a la vista las lecciones de nuestra historia parlamentaria, los socios coligados habr¨ªan sido los primeros convencidos de que con el decreto de disoluci¨®n de las Cortes es con el ¨²nico instrumento con el que no se puede mercadear. Desde que Alfonso XIII inici¨® su reinado hasta que Alcal¨¢ Zamora acab¨® su presidencia, la pol¨ªtica gir¨® en Espa?a en torno al decreto de disoluci¨®n. En decidir qui¨¦n y cu¨¢ndo disolv¨ªa y a qui¨¦n y c¨®mo se le entregaba el encargo de convocar elecciones gastaban aquellos pol¨ªticos sus mejores energ¨ªas y empleaban sus m¨¢s brillantes recursos oratorios: todas las habilidades de lo que entonces se llamaba la politiquer¨ªa se trenzaban alrededor del famoso decreto. El precio de aquel juego peligroso es de todos conocido: la inestabilidad gubernamental, resultado inevitable de tanto Gobierno interino, arrastr¨® la ca¨ªda de la monarqu¨ªa e impidi¨® la consolidaci¨®n de la Rep¨²blica.

Por acertada previsi¨®n constitucional, no es posible hoy un rey Alfonso ni un don Niceto que puedan borbonear con el decreto, pero en este retorno a lo peor de los tiempos pasados al que asistimos desde hace m¨¢s de un a?o parece como si nuestros pol¨ªticos no quisieran ahorramos el es pect¨¢culo de habilidad politiquera que consiste en reducir toda la pol¨ªtica al dichoso decreto. En su ¨²ltimo y m¨¢gico movimiento, Gonz¨¢lez anuncia que disolver¨¢, pero, como si pudiera guardarse todav¨ªa alguna carta en la manga, se reserva la fecha, -la primavera, el oto?o- y hasta evoca la posibilidad de agotar la legislatura; Pujol, alarmado por la sesi¨®n de prestidigitaci¨®n de su coligado, monta su pro pio n¨²mero y le env¨ªa un ultim¨¢tum marc¨¢ndole la fecha de la convocatoria: ser¨¢ en lo m¨¢s crudo del invierno, lo que, a su vez, levanta el previsible alboroto en las filas so cialistas. Ahora est¨¢n a ver qui¨¦n disuelve primero, de tal manera que en decidir el orden de convocatoria -si catalanas, si espa?olas; si en oto?o, si en invierno, o tal vez en primavera- radica toda la pol¨ªtica de este fin de curso.

Pero un Gobierno que se precie no puede anunciar su marcha para dentro de seis, de nueve o de doce meses, sin perder ipso facto la raz¨®n de su permanencia. Con las cosas que hemos tenido que ver, a nadie le asombra ya que su jefe de Gobierno, con el encomiable prop¨®sito de tranquilizar a la opini¨®n, salga al balc¨®n a decir: tranquiliz¨¢os, me voy a principios de a?o, quiz¨¢ en oto?o. Pero, si bien se mira, ¨¦sta es una iniciativa literalmente asombrosa, porque todas las razones que le obligar¨ªan a tan traum¨¢tica decisi¨®n est¨¢n en el pasado, no en el futuro. Lo que obliga a adelantar las elecciones ha ocurrido ya, no est¨¢ a¨²n por ocurrir. Y si ha ocurrido y si, en efecto, es de tal entidad que exige una decisi¨®n de este tipo, entonces no hay ning¨²n motivo para continuar interinamente durante seis, nueve o doce meses en el cargo. La disoluci¨®n de las Cortes se anuncia el mismo d¨ªa en que se convocan elecciones; todo lo dem¨¢s es irresponsable mercadeo con el decreto de disoluci¨®n.