El Supremo justifica la investigaci¨®n sobre Conde y que se utilicen fondos reservados para pagarla

El Tribunal Supremo archiv¨® ayer el caso Crill¨®n, en un auto en el que justifica que el Gobierno encargara un informe sobre las actividades financieras de Mario Conde, ex presidente de Banesto, y que el pago de esta investigaci¨®n, el denominado informe Crill¨®n, se hubiese realizado, en su caso, con fondos reservados. En una resoluci¨®n en la que archiva la denuncia de Luis Rold¨¢n contra Narc¨ªs Serra y Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, el Supremo aprueba el eventual empleo de estos fondos para investigar posibles, irregularidades de Conde, ya que ¨¦stas podr¨ªan provocar graves riesgos, en el sistema financiero nacional y afectar a los intereses p¨²blicos colectivos conectados con la seguridad general.

Tras cuatro meses de investigaciones, el Supremo no ha encontrado delito alguno y ha exculpado al ex vicepresidente y al ex ministro de Defensa de la denuncia formulada ante Baltasar Garz¨®n por el ex director de la Guardia Civil. En el auto no se afirma expresamente que el informe fuera encargado por el Gobierno.El tribunal respalda la labor del juez instructor, Eduardo Moner, y confirma que, aunque el pago de la investigaci¨®n sobre Conde, encargada en enero de 1992, se haya hecho con fondos reservados, "no debe reputarse que se hiciera un uso indebido de los mismos".

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, se remite a la ley de 11 de mayo de 1995, que regula el control de los gastos reservados, seg¨²n la cual dichos fondos est¨¢n destinados a la defensa y seguridad del Estado. Esto "permite encajar las conductas que estamos examinando en un amplio espectro de alternativas derivado de la normativa vigente".

Riesgos financieros

"No nos encontramos", a?ade la sala, ante un supuesto de aplicaci¨®n a usos propios de los caudales p¨²blicos, sino ante el empleo de fondos para investigar las actividades del presidente de uno de los principales bancos de la naci¨®n, con objeto de conocer posibles, irregularidades en la gesti¨®n que podr¨ªan provocar graves riesgos en el sistema financiero nacional".

De ah¨ª que el Supremo aprecie una cobertura legal en ese uso de los fondos reservados -67 millones, seg¨²n la denuncia de Rold¨¢n- y que, consecuentemente, descarte la existencia de un delito de malversaci¨®n.

La decisi¨®n de respaldar esta utilizaci¨®n de fondos reservados ha sido acordada por los magistrados Jos¨¦ Augusto de Vega, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn y Ram¨®n Montero. Los dos ¨²ltimos participaron tambi¨¦n en el auto que elabor¨® la doctrina de que el secreto de los fondos no puede impedir la investigaci¨®n de los delitos.

Este mismo postulado es recordado por los magistrados antes de explicar que la l¨ªnea de investigaci¨®n seguida por Moner estuvo encaminada a comprobar si en la confecci¨®n del informe se cometi¨® alg¨²n acto il¨ªcito enmarcado en el C¨®digo Penal. Sin embargo,en las actuaciones "no existe constancia de haberse utilizado procedimientos prohibidos", tales como intervenciones telefonistas o postales.

Los magistrados del Supremo tambi¨¦n acreditan que no existen indicios racionales para estimar autor de los hechos ni a Serra ni a Garc¨ªa Vargas. Los testigos que han declarado durante la instrucci¨®n no pudieron involucrar a Serra en la confecci¨®n del informe, ya que s¨®lo hac¨ªan referencia al propio Rold¨¢n. "Es por ello que no existen elementos suficientes para permitir identificar a los autores de la investigaci¨®n llevada a cabo sobre las actividades de Conde", se a?ade.

Al decretar el archivo, los magistrados tambi¨¦n han tenido en cuenta que el informe Crillon se refiere a actividades "p¨²blicas y financieras" desplegadas por Conde "sin entrar en datos relativos a su vida privada y sin caer en ataques a su honor y reputaci¨®n".

Igualmente descartan los delitos de amenazas condicionales o chantaje a Conde, "al no haberse ejercido presi¨®n sobre la v¨ªctima, aterroriz¨¢ndola o priv¨¢ndola de su tranquilidad, lo que evidentemente no aparece acreditado en diligencias".

Concretar las infracciones

Otra de las alternativas delictivas planteadas por la defensa de Conde, el impedimento del ejercicio de derechos c¨ªvicos, tampoco es considerada por el Supremo: "Repasando la actuaciones no s¨¦ encuentran da tos que permitan afirmar que nos encontramos ante un su puesto abstracto de vulnera ci¨®n de derechos fundamenta les de la persona, ya que en todo caso ser¨ªa necesario con cretar el derecho c¨ªvico conculcado".

Rold¨¢n declar¨® el 19 de abril de este a?o ante Moner que Serra le facilit¨® dinero procedente de los fondos reservados del Ministerio de Defensa para pagar el informe Crillon. En la misma declaraci¨®n, Rold¨¢n reconoci¨® que, tras su fuga, hace m¨¢s de un a?o, hab¨ªa enviado una carta al peri¨®dico El Mundo en la que acusaba a Serra de haber financiado este informe.

Esta acusaci¨®n y la reacci¨®n de la Fiscal¨ªa elevando el caso al alto tribunal al aparecer nombres de aforados sirvi¨® a El Mundo para sostener en un editorial que Serra estaba "a las puertas del Supremo".

En el editorial se dec¨ªa:"Si [el fiscal] creyese que pagar con fondos p¨²blico un informe sobre un ciudadano privado no tiene ninguna implicaci¨®n de lictiva, suponemos que el fiscal se habr¨ªa abstenido de adoptar tal iniciativa". "La iniciativa del fiscal coloca a Serra bajo sospecha, pero no s¨®lo a ¨¦l. Si el Supremo confirma que el vicepresidente utiliz¨® el aparato del Estado para espiar a Conde, el affaire salpicar¨¢ tambi¨¦n a Gonz¨¢lez".