El Gobierno c¨¢ntabro ahorra 90 millones anuales al pasar de 20 asesores a s¨®lo dos
El nuevo Gobierno de Cantabria ahorrar¨¢ 90 millones de pesetas anuales por la simple reducci¨®n a dos de los 20 asesores con que contaba la Diputaci¨®n cuando era presidida por Juan Hormaechea (Upca). Estos datos fueron facilitados ayer por su sustituto, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Mart¨ªnez Sieso (PP), quien puntualiz¨® que ahora s¨®lo se han producido dos contrataciones de personal eventual de confianza, que originaba un gasto anual de -m¨¢s de 100 millones en sueldos. Los 18 suprimidos se repart¨ªan entre Presidencia (10); Cultura (4) y Obras P¨²blicas, Sanidad y Turismo (2 cada una).
Mart¨ªnez Sieso calific¨® de "francamente mala" la situaci¨®n financiera que ha hallado en la Diputaci¨®n, al carecer de presupuestos para 1995 y estar funcionando con los de 1994, lo que crea, se?al¨®, "serios problemas" a la nueva Administraci¨®n. La deuda acumulada es de 46.000 millones de pesetas.Ahora se han conocido las carencias que obstaculizaban el normal funcionamiento de las consejer¨ªas, cuyas partidas hab¨ªan sido reducidas por el -anterior Consejo de Gobierno de 4.000 millones a s¨®lo 1.400. Sus nuevos titulares tienen instrucciones de redactar cuanto antes un informe sobre sus necesidades.
La precariedad de medios econ¨®micos para gastos elementales alcanza incluso a la presidencia de la Diputaci¨®n, al no disponer de fondos para abastecerse de agua y vasos, por lo que ha habido que transferir 20.000 pesetas de otra partida para resolver el problema.
Algunos funcionarios -han revelado que en los ¨²ltimos tiempos se vieron obligados a comprar de su bolsillo los ¨²tiles de limpieza que precisaban para hacer presentables sus despachos. Otros manifestaron que carec¨ªan de tel¨¦fono a causa de las deudas con Telef¨®nica y que en algunos casos hab¨ªan tenido que adelantar el importe de los sellos para la correspondencia urgente.
Mientras tanto, seg¨²n fuentes de la oficina de su procurador, Hormaechea ten¨ªa previsto presentar ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo por la que fue condenado a 14 a?os de inhabilitaci¨®n y seis de c¨¢rcel por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.
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