Chantajistas y chantajeados

LO QUE algunos sab¨ªan y ocultaban y otros muchos sospechaban, pero no pod¨ªan probar, ha comenzado a desvelarse: era Mario Conde, y en defensa de valores tan elevados como intentar ser exculpado de la acusaci¨®n de estafa y apropiaci¨®n indebida, quien manejaba los hilos de las revelaciones que han ido pautando la vida pol¨ªtica desde hace dos a?os. Concretamente, desde que el 28 de diciembre de 1993 se produjo la intervenci¨®n de Banesto y se conocieron las actuaciones que conducir¨ªan al procesamiento de Mario Conde por esos delitos.Nadie discute la gravedad de los numerosos esc¨¢ndalos que gravitan actualmente sobre el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. Varios de ellos est¨¢n ya en los tribunales y dos en el Supremo: el GAL y Filesa. Si Conde, Perote y otros tienen pruebas incriminatorias, ah¨ª est¨¢n los jueces de instrucci¨®n 'para exponerlas. Ser¨ªa. un servicio al pa¨ªs. Pero no es eso lo que ha venido ocurriendo durante los ¨²ltimos meses. Lejos de ir con las supuestas pruebas al juez, han hecho llegar al Gobierno por variados conductos -Su¨¢rez, Ans¨®n, Barrionuevo- que ten¨ªan en sus manos material altamente explosivo, al mismo tiempo que en los despachos ministeriales sosten¨ªan argumentos de corte jur¨ªdico para defender una soluci¨®n legal al caso de Conde. El chantaje no dejar¨ªa de existir porque el material en que se basa fuera realmente incriminatorio.

No es un problema meramente moral. y jur¨ªdico que afecte a la restituci¨®n de la inocencia o al reparto de culpas, sino que est¨¢n en juego algunas cuestiones m¨¢s importantes. Ante todo, las reglas de juego de una sociedad democr¨¢tica, que obligan a todos los agentes sociales y econ¨®micos a respetar el terreno de juego: a denunciar al juez los hechos delictivos que se conozcan y no a utilizarlos como moneda de cambio para obtener favores del poder. Se ha dicho en numerosas ocasiones que el asunto de los GAL y buena parte de los esc¨¢ndalos que salpican al Gobierno afectan al pasado pol¨ªtico, pero ahora se empieza a percibir claramente que de hecho afectan y quiz¨¢s condicionan el futuro. Si alguien, que debe ser obligatoriamente muy poderoso, pone de rodillas al Gobierno e incluso al Estado en una ocasi¨®n, el caso se repetir¨¢ en el futuro.

Es inquietante escuchar la explicaci¨®n (le que una dimisi¨®n a tiempo de Felipe Gonz¨¢lez hubiera resuelto todos los problemas. ?Debe dimitir Gonz¨¢lez por su responsabilidad en el caso GAL o ha de hacerlo para impedir que se conozca esa eventual responsabilidad? ?Fortalecer¨ªa esa salida al l¨ªder pol¨ªtico que ocupe ma?ana el sill¨®n de La Moncloa o le har¨ªa m¨¢s d¨¦bil ante. cualquier otra operaci¨®n de chantaje que pueda montarse en el futuro? La documentaci¨®n utilizada en esta ocasi¨®n no afecta ¨²nicamente a esc¨¢ndalos que pueden tener consecuencias para miembros del Gobierno, alcanza tambi¨¦n a actividades reservadas, perfectamente leg¨ªtimas, que interesan al Estado y cuya divulgaci¨®n puede ocasionar graves perjuicios para los intereses nacionales, en sus relaciones con otros pa¨ªses.

La versi¨®n del abogado

La explicaci¨®n que ofrecen algunos de los protagonistas del caso es negar ahora que haya existido chantaje alguno. As¨ª ha intentado actuar Jes¨²s Santaella, abogado del ex banquero Mario Conde y del coronel Juan Alberto Perote, que ha proporcionado una versi¨®n de los hechos perfectamente contradictoria en sus propios t¨¦rminos. Su versi¨®n quiere presentar al Gobierno como el ¨²nico interesado en entrar en contacto con el representante de Conde para resolver el error de la expropiaci¨®n de Banesto.

Pero su propio comunicado le desmiente. Es Santaella quien intenta una y otra vez abrir v¨ªas de di¨¢logo con el Gobierno: primero, a trav¨¦s del ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo, ya entonces situado en mala posici¨®n en el esc¨¢ndalo de los GAL; luego, con el ministro del Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloch, mediante un amigo com¨²n; m¨¢s tarde, con el propio presidente del Gobierno a trav¨¦s de Adolfo Su¨¢rez, especialmente sensibilizado a la apelaci¨®n a los intereses, de Estado. En toda ocasi¨®n es Santaella quien quiere explicar al Gobierno sus posiciones e insinuar sus pretensiones, que, por otra parte, son bien claras: resolver la situaci¨®n penal de su cliente y obtener una compensaci¨®n econ¨®mica que finalmente eval¨²a en 14.000 millones de pesetas por quebrantos, patrimoniales.

Miente Santaella cuando asegura que todos sus interlocutores en el Gobierno se muestran de acuerdo con sus tesis. Si as¨ª fuera, seguramente el juez Garc¨ªa-Castell¨®n ya hubiera sido apartado de la instrucci¨®n del caso Banesto y, desde luego, el consejero del Poder Judicial Javier G¨®mez de Lia?o -hermano del abogado que dirige la defensa de Conde- no se hubiera quedado probablemente solo en el Consejo cuando vot¨® contra la pr¨®rroga del juez instructor. Miente tambi¨¦n cuando asegura que el Gobierno reconoce el error cometido con la intervenci¨®n de Banesto y que, por tanto, admite el principio de reparaci¨®n de da?os. En reiteradas ocasiones ha reafirmado su total acuerdo con la decisi¨®n adoptada el 28. de diciembre de 1993 por el Banco de Espa?a.

Para redondear su exposici¨®n, Santaella manipula la gesti¨®n realizada por el abogado Gerardo Viada, que le prepar¨® la cita con Belloch, al mezclar a EL PA?S en el asunto. Santaella actu¨® en. este episodio como abogado de Conde y Perote y suponemos que no en su condici¨®n de decano de los abogados de la Asociaci¨®n de la Prensa de Madrid. Viada, que pertenece los servicios jur¨ªdicos de EL PA?S, realiz¨® la gesti¨®n que le hab¨ªa pedido Santaella en calidad de colega y compa?ero en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, en ning¨²n caso como abogado del diario. Y acept¨® la petici¨®n de discreci¨®n planteada por Santaella, lo que ha servido a ¨¦ste para instrumentalizar su gesti¨®n.

El chantaje bien hecho requiere el guante blanco. Los papeles comprometedores llegan a sus destinatarios. En una secuencia perfectamente medida se hacen llegar a los medios de comunicaci¨®n, que ejercen su legitimo derecho a publicar hechos relevantes de inter¨¦s p¨²blico. Los intermediarios y los abogados $e encargan luego de explicar en t¨¦rminos impecables las salidas jur¨ªdicas al chantaje, obviando naturalmente unas amenazas que nunca proferir¨¢n. Las tres versiones de El Padrino nos han instruido mucho al respecto. El ministro de Justicia e Interior puede as¨ª asegurar, en gesto de ingenuidad extraordinaria, que no hay chantaje ni coacci¨®n al Gobierno. Porque de haberse formulado en t¨¦rminos tan directos, el propio ministro hubiera tenido que acudir al juzgado de guardia.

La oposici¨®n ha pedido inmediatamente la comparecencia del Gobierno ante el Parlamento. Es una medida acertada si est¨¢ orientada a evitar que el chantaje siga prosperando y sirve, por tanto, para apoyar al Gobierno en la tarea de velar por la seguridad del Estado y para garantizar que en el futuro se instale un sistema de fuerzas ocultas que dicten el rumbo pol¨ªtico del pa¨ªs. No tiene sentido alguno si sirve para interesarse por los presuntos delitos cometidos por los chantajeados, que deben ser cuesti¨®n de los tribunales de justicia. El Gobierno debe dar explicaciones y recabar adem¨¢s este apoyo. Y la Fiscal¨ªa General del Estado debe interesarse inmediatamente por un caso en el que hay quienes est¨¢n dispuestos a poner en juego la democracia y la seguridad de todos para defender sus intereses particulares.