?A qu¨¦ espera el fiscal general?

SEG?N FELIPE Gonz¨¢lez, existe una conspiraci¨®n pol¨ªtica contra el Gobierno. Que la oposici¨®n, incluyendo medios de comunicaci¨®n o particulares, conspire contra el Gobierno es normal en un r¨¦gimen pol¨ªtico basado en la confrontaci¨®n de ideas y proyectos, siempre que se haga de manera pac¨ªfica y respetando las reglas de juego democr¨¢ticas. Pero un chantaje, contra el Gobierno o contra el Estado, es otra cosa. Es un delito tipificado bajo la figura de amenazas o coacci¨®n. Gonz¨¢lez ha afirmado que si el Gobierno no ha denunciado a los presuntos chantajistas ante los tribunales es porque carece de pruebas. Es posible que sean dif¨ªciles de establecer, pero es seguro que la Fiscal¨ªa General del Estado deber¨ªa estar ya busc¨¢ndolas, investigando un asunto del que se afirma que compromete la seguridad nacional. El ministro de Justicia deber¨ªa haber instado su actuaci¨®n hace ya muchos meses, aunque en este caso parece haber prevalecido su condici¨®n de ministro de Interior.Dice el fiscal que las noticias son "vagas e imprecisas". Se han publicado nombres de asistentes a las reuniones, fechas, lugares, temas tratados, listas de dossiers y reproducido incluso documentos robados al Cesid. Pocas veces tienen los jueces y fiscales tantos elementos para abrir una investigaci¨®n. Se sabe que documentos sensibles fueron robados. a los servicios de informaci¨®n militares y que est¨¢n siendo esgrimidos como instrumento de presi¨®n para, obtener ventajas -ilegales- en favor de personas con nombre y apellido. La investigaci¨®n deber¨¢ dilucidar la eventual relaci¨®n entre una cosa y otra. M¨¢s concretamente: entre el coronel Perote y Mario Conde, y de ambos con el supuesto intento de chantaje. Es lo que con alg¨²n retraso hizo ayer el fiscal militar al solicitar del juez togado que cite a declarar de inmediato al coronel Perote. Aunque un eventual chantaje al Estado no es en ning¨²n caso competencia de la jurisdicci¨®n castrense, sino de la justicia ordinaria.

La pasividad ante algo tan grave alienta la percepci¨®n de impunidad con que se mueven ciertos personajes. Ayer se supo que otro financiero con cuentas pendientes con la justicia, Javier de la lkosa, hab¨ªa intentado presionar a Jordi Pujol con informaciones en su poder sobre instituciones y personalidades del Estado. Y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, que hace un par de meses anunci¨® la creaci¨®n de un Centro de Investigaci¨®n de Esc¨¢ndalos (CIE), acaba de difundir unas conversaciones privadas del alcalde de Madrid. Que estos presuntos delincuentes sean capaces de poner en jaque a las instituciones en aras de sus intereses particulares es m¨¢s de lo que puede razonablemente tolerarse. Que se haga adem¨¢s con la pretensi¨®n de estar rindiendo servicios a la causa de la moralidad p¨²blica es, por m¨¢s que no falten medios de comunicaci¨®n dispuestos a avalar esa teor¨ªa, un ejemplo insuperable de hipocres¨ªa.

Ello es as¨ª incluso si las personas que encaman las instituciones sometidas a coacci¨®n son, por sus culpas, susceptibles de ser chantajeadas. Los errores y culpas del Gobierno son abundantes. Por todos ellos se someter¨¢ al juicio de las urnas, y por algunos, tambi¨¦n al de los tribunales. Algunos l¨ªderes de la oposici¨®n han aventurado que en este largo itinerario de contactos con los presuntos chantajistas ha podido haber concesiones espurias por parte del Gobierno. Invest¨ªguelo tambi¨¦n el fiscal si hay indicios de ello. El principio de legalidad obliga a todos. Pero es inadmisible en una sociedad democr¨¢tica, sujeta al principio de legalidad y con instrumentos reglados para dirimir sus conflictos y exigir responsabilidades, que los errores y aun las culpas del Gobierno puedan ser utilizados por delincuentes presuntos o confesos para chantajearle en un intento de cambiar las reglas de juego en provecho propio. Y que esas mismas personas u otras asociadas para la ocasi¨®n traten de determinar el curso de la vida pol¨ªtica por procedimientos diferentes a los establecidos en la Constituci¨®n.

Tras las revelaciones de estos d¨ªas, algunos sectores lamentablemente, tambi¨¦n algunos responsables pol¨ªticos- han pretendido dar la vuelta a la realidad y poner el acento exclusivamente en la receptividad mostrada por el Gobierno ante los chantajistas. Que Gonz¨¢lez recibiera al abogado de (Conde y Perote es sin duda un error, pero desafila al sentido com¨²n el intento de poner en el mismo plano esa torpeza con la pretensi¨®n de los chantajistas de que se cambiase desde el poder ejecutivo al juez del caso Conde y se compensase a ¨¦ste de los perjuicios derivados de la intervenci¨®n de Banesto.

Aqu¨ª lo que hay es la confluencia entre los intereses privados de un presunto estafador dispuesto a poner en grave riesgo al Estado para salvarse ¨¦l y los intereses de personas dispuestas a todo, incluso a hacer de terminales de Conde, para derribar a Gonz¨¢lez. Por eso resulta de un cinismo supremo que los mismos que han colaborado en el chantaje proclamen que ¨¦ste demuestra la debilidad del Gobierno, y a?adan que nada habr¨ªa ocurrido si Gonz¨¢lez hubiera dimitido. Tal vez Gonz¨¢lez debi¨® dimitir hace meses, pero lo que ahora se sabe sobre el papel decisivo de un grupo de chantajistas en ese debilitamiento de la autoridad del Gobierno m¨¢s bien hace pensar que, de haber cedido el presidente sin resistencia, se habr¨ªa estimulado la perpetuaci¨®n del chantaje, contra el actual o cualquier Gobierno futuro.