El Cesid abog¨® por recluir a los etarras en Fuerteventura
El Cesid propuso, el 4 de noviembre de 1983, completar la presi¨®n sobre los reclusos de ETA "con el anuncio de la construcci¨®n de una nueva prisi¨®n de alta seguridad en la isla de Fuerteventura" (Canarias).Un informe del servicio secreto, sobre las medidas antiterroristas aprobadas por el Gobierno tras el asesinato del capit¨¢n de Farmacia Alberto Mart¨ªn Barrios, en octubre de aquel a?o, defend¨ªa "la agrupaci¨®n de los penados por acciones terroristas en un solo establecimiento penitenciario y la permanencia en el mismo d¨¦ las Fuerzas de Orden P¨²blico", loque se hizo en Herrera de la Mancha (Ciudad Real).
"En caso de necesidad de incrementar la presi¨®n", el Cesid propon¨ªa trasladar, a los presos etarras a Fuerteventura. Esta ¨²ltima idea, sin embargo, no s¨®lo no se llev¨® a cabo, sino que el Gobierno acab¨® combrendiendo que la concentraci¨®n de los presos de ETA era contraproducente y opt¨® por dispersarlos por distintas c¨¢rceles.
Aunque el informe del Cesid data de la ¨¦poca en que empez¨® la guerra sucia (en octubre de 1983 desaparecieron Lasa y Zabala), no contiene ninguna alusi¨®n al empleo de m¨¦todos ilegales en la lucha contra ETA.
Al contrario, advierte de la conveniencia de impartir instrucciones a las Fuerzas de Seguridad del Estado "inst¨¢ndoles a un escrupuloso cumplimiento de las disposiciones legales, as¨ª como a restringir al m¨¢ximo el uso de armas de fuego ante el riesgo de "despertar simpat¨ªas hacia las organizaciones terroristas por un uso inadecuado o desproporcionado" de las medidas prevista.
Eso s¨ª, el Cesid abogaba por apurar al m¨¢ximo el marco legal vigente. Por ejemplo, subrayaba "la presi¨®n que supondr¨ªa la presentaci¨®n de querellas por los fiscales" contra quienes hacen apolog¨ªa del terrorismo, cuyo procesamiento "producir¨ªa excelentes resultados", aun cuando el Cesid era consciente de la dificultad de obtener sentencias condenatorias, ya que el correspondiente tipo legal, "ha sido interpretado muy restrictivamente por el Tribunal Supremo" y su modificaci¨®n "ser¨ªa contestada como contraria a la libertad de expresi¨®n".
M¨¢s "positiva" le parec¨ªa la reforma de las leyes de Asociaciones y Electoral, si no con el objetivo de ilegalizar a alg¨²n partido, s¨ª para "obstaculizar las actuaciones de grupos de apoyo a las bandas armadas", como las gestoras o las asociaciones de familiares de presos.
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