"Una sola ser¨ªa, suficiente"

Los miles de afectados no pueden pasar esa p¨¢gina de sus vidas [abierta en 1981] ni enterrar a sus muertos mientras no se resuelva". As¨ª se expresa Antonio Garc¨ªa Pablos. Para ¨¦l, uno de los abogados de las v¨ªctimas del aceite de colza desnaturalizado con anilina, hay unos "intereses sociales" que no se pueden amontonar "entre los problemas que el tiempo resolver¨¢ o entre los que ya ha resuelto". Hasta 600.000 millones de pesetas en indemnizaciones, seg¨²n los c¨¢lculos m¨¢s elevados. est¨¢n en juego.Pero el Estado s¨®lo tendr¨ªa que abonar esas compensaciones si fuese declarado responsable civil subsidiario. De ah¨ª, la importancia del juicio que se celebra en estos d¨ªas, en la Audiencia Nacional, contra cinco funcionarios con puestos relevantes en aquella ¨¦poca y dos ex concejales "por los supuestos delitos de imprudencia temeraria y contra la salud p¨²blica con resultado de muertes y lesiones". "Bastar¨ªa con que hubiera un condenado para que tuviese que pagar", resume Ignacio Uriarte, otro acusador.

?se es el deseo que moviliza a los marcados por el aceite asesino. El juez instructor, Carlos Bueren, situ¨® en 15 millones el dinero que la Administraci¨®n deber¨ªa desembolsar por cada fallecimiento; en 90, por cada gran invalidez, y en 70, por cada incapacidad absoluta, as¨ª como en 15.000 pesetas por cada d¨ªa de lesi¨®n. Aqu¨¦llos mantienen que los muertos son 1.200 -oficialmente, no se reconocen tantos-; los inv¨¢lidos, 4.000; los enfermos reales, 20.000, y los potenciales, 300.000. As¨ª, les sale m¨¢s de medio bill¨®n en sus cuentas.

No es de extra?ar, pues, que quienes se sientan en el banquillo se crean "utilizados". M¨¢s que sus condenas -las penas pedidas oscilan entre los seis y los once a?os de prisi¨®n- se persigue, reflexionan, la del Estado y, por extensi¨®n, las indemnizaciones. Con deducciones, porque Bueren indic¨® que habr¨ªa que restar lo pagado en prestaciones y asistencias -casi 110.000 millones hasta ahora-, o sin ellas, ya que el tribunal no se ha vinculado con ello.

Sus defensores han planteado como cuesti¨®n previa la prescripci¨®n de los presuntos delitos. Por el contrario, los representantes de los perjudicados por el envenenamiento estiman que los hechos delictivos que se les imputan no se agotaron en s¨ª mismos, sino que se prolongaron en el curso del tiempo, a medida que se fueron produciendo las muertes y las lesiones, y, por tanto, que no han prescrito.

A pesar de haber solicitado el sobreseimiento del asunto por entender que los aceiteros condenados son los ¨²nicos responsables de la tragedia, el ministerio fiscal respalda a estos ¨²ltimos al sostener que s¨®lo las pruebas de cargo y descargo determinar¨¢n, en la sentencia, si se cometieron o no y, en su caso, si prescribieron o no.

LOS PROCESADOS

Manuel Hern¨¢ndez Bola?os, ex jefe del Laboratorio Central de la Direcci¨®n General de Aduanas. La resoluci¨®n de Bueren le coloc¨® en la primera fase del proceso, la de las autorizaciones para utilizar anilina como desnaturalizante del aceite de colza para usos industriales o, lo que es igual, para que a un producto comestible se le incorporase otro t¨®xico y, a veces, no detectable por el color, el olor y el sabor por quienes no fueran t¨¦cnicos. En concreto, Hern¨¢ndez inform¨® el 14 de abril de 1973 que no hab¨ªa inconveniente para acceder a una petici¨®n al respecto y despu¨¦s no alter¨® ese criterio.

Jos¨¦ Guill¨® Fem¨¢ndez ex director general de Competencia y Consumo. Bueren le situ¨® en la segunda etapa, la referente a la falta de atenci¨®n y control sobre las licencias de importaci¨®n del aceite de colza desnaturalizado, que ¨¦l conoc¨ªa y autorizaba. El notabil¨ªsimo incremento de las entradas de este producto, explic¨®, debi¨® hacer ver a los responsables de la Administraci¨®n la falsedad del destino aparente y consignado en aqu¨¦llas, el uso industrial, en relaci¨®n con el real, el consumo -humano.

Federico Povedano Alonso, ex jefe de la Secci¨®n de Importaci¨®n de Productos Agr¨ªcolas y Transformados. Bueren le incluy¨® en el apartado de Guill¨® con la matizaci¨®n de, que no comprob¨® lo manifestado por RAPSA, la firma importadora. Antonio Bard¨®n Artecho, ex jefe del Servicio contra Fraudes, dependiente de la Direcci¨®n General de Industrias Agropecuarias. Bueren le acopl¨® en el tercer periodo, el de la negligencia en el control de las empresas que vendieron, el aceite venenoso para el consumo humano y, sobre todo, de RAELCA y OLE?COLA TOLEDANA.

Roberto Conty Larraz, ex subdirector general de Higiene para la Alimentaci¨®n. Bueren le puso en el cuarto y ¨²ltimo ciclo, el relativo al escaso control de la venta ambulante de la colza desnaturalizada. As¨ª, le achac¨® un retraso en la adopci¨®n de medidas urgentes contra los mercadillos para impedir que la distribuyeran cuando ya se sospechaba que su ingesti¨®n pod¨ªa ser la causa de la enfermedad.

Casimiro Palacios Rodriquez, ex concejal de Sanidad de Alcorc¨®n (Madrid). Bueren estim¨® que se mostr¨® negligente con la venta callejera del aceite. Seg¨²n ¨¦l, era conocida la existencia de un almac¨¦n de RAELCA que funcionaba sin licencia de apertura y lo comercializaba.

Miguel Casado Palomero, ex concejal de Sanidad de Valladolid. Bueren le aplic¨® la misma responsabilidad que a Palacios. Casado declar¨® en 1986 que desconoc¨ªa las competencias municipales sobre la venta ambulante cuando, por a?adidura, le correspond¨ªa ser el presidente de la Inspecci¨®n de Alimentos y Bebidas.