El tribunal de la colza rechaza la solicitud de prescripci¨®n de los supuestos delitos de los ex cargos

Los supuestos delitos no se pueden considerar de antemano prescritos. As¨ª lo ha entendido el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga en Madrid a cinco ex cargos de la Administraci¨®n y dos ex concejales por su presunta responsabilidad en la tragedia de la colza. Ayer, en la tercera sesi¨®n, los abogados de las v¨ªctimas solicitaron la pr¨¢ctica de nuevas pruebas documentales y testimoniales, entre ¨¦stas las comparecencias de Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del Gobierno (UCD) en 1981, y Carmen Salanueva, que encabez¨® la Comisi¨®n Nacional sobre el S¨ªndrome T¨®xico. En medios jur¨ªdicos se interpreta esta Petici¨®n como un intento de convertir la vista, en la que los afectados tratan de que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario y los indemnice con unos 600.000 millones de pesetas, en un macrojuicio similar al de los aceiteros.

En contra de lo pretendido por sus defensores y el del Estado, el tribunal rechaz¨® ayer que se pueda considerar de antemano que han prescrito los supuestos delitos de imprudencia temeraria y contra la salud p¨²blica de los que se acusa a los procesados.Seg¨²n su presidente, Jos¨¦ Antonio Mara?¨®n, no habr¨ªan incurrido en ellos en el instante justo de sus hipot¨¦ticas negligencias respecto al control del aceite de colza desnaturalizado con anilina para usos industriales, sino cuando tuvieron tr¨¢gicas consecuencias debido a su consumo humano.

Como los procedimientos contra ellos no se produjeron hasta 1984, en unos casos, y hasta 1990, en otros, y las penas solicitadas se elevan hasta los once a?os de prisi¨®n, a?adi¨® Maran¨®n, los plazos para la exenci¨®n de responsabilidades podr¨ªan no haberse cumplido.

Por la misma regla de tres se desestim¨® tambi¨¦n una solicitud expresa de amnist¨ªa, amparada en una promulgada en 1975, para Manuel Hern¨¢ndez Bola?os, quien, como jefe del Laboratorio Central de la Direcci¨®n General de Aduanas, inform¨® en abril de 1973 que no hab¨ªa inconveniente para acceder a la utilizaci¨®n de la anilina como desnaturalizante y despu¨¦s no alter¨® ese criterio.

Los representantes legales de los perjudicados reclamaron a continuaci¨®n la pr¨¢ctica de nuevas pruebas, tanto de car¨¢cter documental como testimonial. Entre estas ¨²ltimas incluyeron las comparecencias de Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del Gobierno en la ¨¦poca del envenenamiento, y Carmen Salanueva, que dirigi¨® en su momento una comisi¨®n sobre el s¨ªndrome y que en la actualidad se encuentra procesada por presuntas irregularidades en la compra de papel cuando era directora del BOE -le habr¨ªan costado a Hacienda unos 500 millones- y una supuesta estafa en la adquisici¨®n de cuadros a precio reducido usando para ello el nombre de la reina Sof¨ªa y el de Carmen Romero, la esposa de Felipe Gonz¨¢lez.

Tanto el fiscal, que pidi¨® en principio el sobreseimiento del caso y m¨¢s tarde la absoluci¨®n de los inculpados, como el letrado del Estado y los de ¨¦stos mostraron su disconformidad con tal planteamiento, sobre el que ha de pronunciarse hoy el tribunal. Los defensores hicieron hincapi¨¦ en que los funcionarios y los ex ediles tienen derecho a una vista sin dilaciones. Asimismo, indicaron que lo que intentan sus colegas de enfrente es prolongar la fase de la instrucci¨®n.

En medios jur¨ªdicos se interpreta que los acusadores quieren que este segundo proceso de la colza sea un macrojuicio, como el de los aceiteros, para mayor publicidad de su causa. Si hubiera al menos una condena y se le declarase responsable subsidiario, el Estado -tambi¨¦n podr¨ªa pleitearse contra ¨¦l en un futuro por la v¨ªa civil- tendr¨ªa que pagar m¨¢s de medio bill¨®n en indemnizaciones.