Vizcaya reabre la guerra fiscal y baja del 35% al 30% el impuesto de sociedades
La Diputaci¨®n de Vizcaya ha reabierto la guerra fiscal con la Administraci¨®n central. El diputado general, el peneuvista Josu Bergara, anunci¨® ayer importantes reformas del impuesto de sociedades que entrar¨¢n en vigor el pr¨®ximo de enero. Consisten en reducir la tarifa general al 30%, frente al 35% del resto de Espa?a, y en establecer una cuota m¨ªnima para todas las empresas con base imponible positiva. El ministro de Econom¨ªa, Pedro Solbes, critic¨® el proyecto y afirm¨® que "es il¨®gico" porque va en contra del proceso de acercar el IRPF y el impuesto de sociedades.
Entre las principales reformas que prepara la Diputaci¨®n de Vizcaya destaca la posilidad de que las empresas realicen una nueva actualizaci¨®n de balances, el establecimento de vacaciones fiscales (dr¨¢stica reducci¨®n del impuesto) por cuatro a?os para sociedades de nueva creaci¨®n, y tarifas reducidas en casos especiales de solvencia y r¨¦ntabilidad. La Diputaci¨®n de Vizcaya argumenta que vuelve a promover la diferenciaci¨®n fiscal para luchar contra las escasas posibilidades de crecimiento econ¨®mico, debidas a la crisis de la industria tradicional y a las desfavorables condiciones del Pa¨ªs Vasco "derivadas del clima permanente de violencia".La norma foral del nuevo impuesto de sociedades recoger¨¢, 66 medidas, que ser¨¢n acompa?adas de un plan contra el fraude fiscal. La Hacienda de Vizcaya desea que estas, inciativas sean apoyadas por la rebaja paulatina de las tarifas de IRPF (sobre la que no tiene competencias). Los c¨¢lculos realizados se?alan que la reducci¨®n de la tarifa general supondr¨¢ a corto plazo un descenso del 2% sobre la recaudaci¨®n, cercana a los 14.000 millones en la provincia de Vizcaya y a los 25.000 en la comunidad vasca. Adem¨¢s, la tarifa se reducir¨¢ al 28% en los beneficios destinados a dividendos.
La ley de Concierto Econ¨®mico establece que el impuesto ' de sociedades es para las entidades que tributen exclusivamente a las diputaciones vascas y para empresas que tributen conjuntamente en ambas administraciones y realicen en ese territorio al menos el 25% de la producci¨®n. Las diputaciones tienen competencia plena sobre este impuesto.
Apoyo del PP
Seg¨²n el diputado de Hacienda de Vizcaya, Fernando Olmos, las diputaciones de ?lava y Guip¨²zcoa han mostrado su "total receptividad" a las. medidas de reforma. Tras las ¨²ltimas elecciones, los departamentos de Hacienda de las tres diputaciones quedaron en manos del PNV, lo que facilita la extensi¨®n de los cambios fiscales a toda la comunidad aut¨®noma. El proyecto de Vizcaya no tendr¨¢ problemas para ser aprobado en las Juntas Generales (parlamento provincial), ya que cuenta con el apoyo del PP. La reforma incluye tambi¨¦n una nueva actualizaci¨®n de balances para l periodo 1990 1996, la segunda desde que, en 1990, permiti¨® regularizar los activos sin coste fiscal. Para empresas de nueva creaci¨®n se introducen e forma permanente unas vacaciones fiscales limitadas a cuatro a?os, con bonificaci¨®n decreciente de la base imponible desde el 99% el primer a?o hasta el 25% en el cuarto ejercicio. La compensaci¨®n de p¨¦rdidas recibir¨¢ tambi¨¦n un tratamiento m¨¢s favorable ue el actual, al introducir la posibilidad de compensar p¨¦rdidas con. impuestos pagados con dos a?os de anterioridad. Hacia adelante, el periodo de compefisaci6n no tendr¨¢ l¨ªmite, en lugar de los cinco a?os vigentes ahora.
Recursos judiciales
El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes, critic¨® esos cambios fiscales, pero reconoci¨® que la Diputaci¨®n de Vizcaya tiene competencias. para realizarlos. Con anteriorioridad, las reformas puestas en marcha en el Pa¨ªs Vasco generaron enfrentamientos que desembocaron en recursos ante los tribunales. Las decisiones judiciales han fallado a favor de las Diputaciones.La primera confrontaci¨®n entre el gobierno central y las Haciendas vascas se produjo a finales de los a?os 80 tras ser aprobados diversos incentivos fiscales a la inversi¨®n. En 1993, el conflicto surgi¨® al aprobarse en toda la comunidad aut¨®noma vasca las vacaciones fiscales para empresas creadas en 1993 y 1994 con una inversi¨®n m¨ªnima de 80 millones de pesetas y, al menos, 10 trabajadores, entre otros requisitos. Las sociedades beneficiadas por la bonificaci¨®n quedaron exentas del impuesto de sociedades por 10 a?os. La Hacienda central consider¨® entonces que las medidas provocar¨ªan distorsiones de la actividad econ¨®mica en Espa?a. La actualizaci¨®n de balances fue recurrida en 1990.
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