Los jurados percibir¨¢n unas 10.000 pesetas diarias, adem¨¢s de los gastos

"En democracia, la justicia es cosa de todos". ?ste ser¨¢ el lema de la campa?a que se iniciar¨¢ a finales de mes para explicar a los ciudadanos el tribunal del jurado, que n comenzar¨¢ a funcionar en 1996, y evitar la resistencia de muchas personas a participar en ¨¦l. "La ley no quiere unos jurados cabreados", explic¨® Juan Luis Ibarra, director general de Codificaci¨®n. La campa ?a costar¨¢ 250 millones de pesetas, que se distribuir¨¢n entre televisi¨®n (72%), prensa (18%) y radio (10%). La funci¨®n de jurado se remunerar¨¢ con unas 10.000 pesetas, m¨¢s la indenmizaci¨®n por gastos causados

La secretaria de Estado de Justicia, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega -que apenas pudo intervenir en la presentaci¨®n de la campa?a, debido a una fuer te afon¨ªa-, reconoci¨® que, dada la novedad del tribunal del jurado para la mayor¨ªa de los ciudadanos, suscita "cierta desconfianza". El objetivo de la inminente campa?a consistir¨¢ precisamente, seg¨²n dijo, en "explicar y demostrar que cual quier ciudadano es capaz de de sempe?ar la funci¨®n de jurado con responsabilidad".Los 50.000 ciudadanos preseleccionados para ejercer como jurados han comenzado ya a recibir la comunicaci¨®n oficial e informaci¨®n sobre el Tribunal del Jurado, junto a un impreso de reclamaci¨®n contra su inclusi¨®n en la lista de candi datos, que podr¨¢n presentar del 1 al 15 de noviembre ante el juzgado decano m¨¢s pr¨®ximo. Coincidiendo con ese periodo, la Administraci¨®n difundir¨¢ mensajes publicitarios con el objetivo de "orientar y motivar al ciudadano", en palabras de Ibarra.

Campa?a persuasiva

El contenido persuasivo de la campa?a se fundamenta, seg¨²n este alto cargo, en que "todas las personas tienen sentido de la justicia y sentido com¨²n, adem¨¢s de responsabilidad para resolver situaciones de manera justa y equilibrada". La campa?a apelar¨¢ a estos razonamientos y, frente a la resistencia a ser jurado de quienes alegan falta de preparaci¨®n, los mensajes ser¨¢n aproximada mente de este tenor: "Usted no ha le¨ªdo la Constituci¨®n, pero sabe que todos tienen derechos; no ha ido a un juicio, pero sabe escuchar; no ha estudiado derecho, pero tiene sentido com¨²n; no conoce el C¨®digo Penal, pero sabe ser justo. Pues de eso se trata, de que todos podemos ser jurados".La funci¨®n de jurado se remunerar¨¢ con unas 10.000 pesetas diarias, adem¨¢s de la indemnizaci¨®n por los gastos ocasionados, cuando no sean sufragados por el Estado. El importe ser¨¢ distinto, seg¨²n el perjuicio realmente causado, pero en todo caso, durante su ejercicio como jurados, los ciudadanos no tendr¨¢n que correr con los gastos de transporte, comida y alojamiento.El secretario general de Justicia, Fernando Escribano, dio cuenta de que se est¨¢n ultimando las obras de adaptaci¨®n de los edificios de las audiencias, para que est¨¦n listos antes de que en 1996 comiencen los juicios con jurados. El importe previsto para tales obras es de 300 millones de pesetas, sobre la inversi¨®n inicial total de 1.500 millones.

Excusa abierta

Ante las insistentes preguntas sobre la falta de regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia a la funci¨®n de jurado, Ibarra contest¨® que tal planteamiento "es err¨®neo", ya que el derecho-deber de participaci¨®n en la administraci¨®n de justicia no admite: objeciones de conciencia. Para. tranquilizar a quienes, por los, motivos que sea, se empe?en en negarse a ser jurado, Ibarra record¨® que, adem¨¢s de la lista de motivos normales de exclusi¨®n que la ley admite -edad, cargas familiares, trabajo de dif¨ªcil sustituci¨®n-existe una posibilidad de excusa abierta, formulada as¨ª: "Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempe?o de la funci¨®n de jurado".Tal causa deber¨¢ ser apreciada por el juez decano. En caso contrario, el ciudadano ser¨¢ multado. La abstenci¨®n en la votaci¨®n del veredicto ser¨¢ tambi¨¦n multada con 75.000 pesetas y el voto ser¨¢ considerado a favor del acusado.Los jurados enjuiciar¨¢n los delitos contra la vida humana, la libertad, el honor, la intimidad, el domicilio y el medio ambiente; los cometidos por funcionarios p¨²blicos, y los de omisi¨®n del deber de socorro.